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Un paseo por el Archivo Histórico de la Secretaria de la Defensa Nacional

Antonio Campuzano Rosales
Mayor historiador retirado, Secretaría de la Defensa Nacional

Revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 46.

El legado que resguarda el Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional es una fuente obligada para la investigación y el conocimiento de la historia militar de México, pero también de la historia nacional.

208El Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional custodia la documentación que da cuenta de la experiencia en el manejo de las fuerzas armadas a lo largo de la historia de México. En las secciones que lo componen pueden encontrarse expedientes que reseñan algunos hechos de armas, sobre todo aquellos que refieren las guerras e intervenciones que el país padeció, si bien otros expedientes evidencian la carrera militar de diversos personajes y algunos más refieren el fortalecimiento de los organismos militares.

La memoria institucional que resguarda es fuente primaria para comprender el proceso de construcción nacional ligado con la historia militar; a través del diálogo entre la documentación y el investigador que lo desee, se permite la comprensión del pasado y valora la participación del instituto armado en la construcción de la historia nacional.

Creación e integración del Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional

La urgencia de poner fin al caos imperante en los archivos militares desde la creación de la Secretaría de Guerra y Marina en 1821, agudizado por las diferentes emergencias nacionales que tuvieron lugar durante casi todo el siglo XIX, así como la incipiente conciencia histórica institucional, se volvieron una realidad cada vez más tangible a medida que transcurrían los años y se sucedían los gobiernos. Por esta razón, el Archivo General de la Secretaría de Guerra y Marina nació de la mano con la institución y fue integrado con la documentación producida por los diferentes cuerpos y organismos que componían al ejército y la armada mexicanos en el siglo XIX, siendo albergado en Palacio Nacional.

205Los documentos que hoy constituyen su parte sustancial sufrieron un proceso similar al de los que componen otros grandes archivos. Como ellos, sufrieron diversas mudanzas hasta llegar a su actual repositorio. El acervo se abrigó de tal manera en el antiguo palacio de los Virreyes, la Ciudadela, en la Secretaría de Guerra y Marina en Palacio Nacional; en el antiguo templo de la Encarnación; el cuartel militar de San Ildefonso; el templo de Jesús María, en donde, como menciona Vito Alessio Robles en el prólogo de la Guía del Archivo Histórico Militar de México, los legajos permanecieron simplemente apilados durante varios año; en la planta baja del edificio actual de la Secretaría de la Defensa Nacional hasta llegar, finalmente, a la Dirección General de Archivo e Historia, ubicada en el Campo Militar núm. 1-J, Predio Reforma, Ciudad de México, donde logró establecerse y constituir un verdadero Archivo Militar. Este archivo histórico es fruto del esfuerzo de muchas generaciones de militares dedicados a la organización y conservación de los testimonios documentales de la institución, tarea nada sencilla, ya que el repositorio también ha sido víctima directa de las circunstancias políticas y militares de la historia de México. Refiere un ejemplo el capitán primero historiador retirado, Antonio Aguilar Razo, en el artículo publicado en la Memoria del 1/er. Congreso de Historia Militar de México, a través de los Archivos Históricos, al mencionar que, durante la guerra entre México y Estados Unidos de 1846 a 1848, los archivos militares que no fueron trasladados junto con el gobierno nacional a la ciudad de Querétaro y, por lo tanto, se quedaron en Palacio Nacional durante la ocupación de la ciudad de México en el mes de septiembre de 1847, fueron saqueados por las tropas extranjeras. Algo parecido sucedió durante los conflictos derivados de la revolución de Ayutla iniciada en 1853, cuando el archivo acompañó a los combatientes provocando la pérdida de un gran porcentaje de su contenido.

La consulta pública de los documentos que se resguardan en el acervo es también una victoria del instituto armado en la lucha por preservar, no sólo su propia memoria, sino la nacional. Las fuentes para el estudio de la historia de México que reúne son imprescindibles para la reconstrucción del pasado de este país, un pasado definido por sus guerras y revoluciones constantes, por lo que no resulta posible explicarlo a cabalidad sin el uso de las fuentes militares.

El acervo está organizado en tres secciones: Operaciones Militares del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos con 6 373 expedientes, Cancelados, así como Veteranos de la Revolución Reconocidos y no Reconocidos, las dos últimas secciones compuestas por 152 348 expedientes. La primera sección está constituida por informes de operaciones, campañas, proclamas, relaciones de personal, entre otros documentos relacionados con acciones de guerra.

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El ejército mexicano de hoy. Un largo y sinuoso camino

César E. Valdez
DEH-INAH

Revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 46.

La completa falta de coordinación entre las diferentes instituciones de seguridad hizo necesaria la incorporación del ejército en labores de seguridad pública. No obstante la paulatina militarización del país, en los últimos años, se ha recrudecido el crimen organizado y han aumentado las muertes violentas, los homicidios, las desapariciones y la violación de los derechos humanos.

189Actualmente, las misiones que realizan las fuerzas armadas mexicanas son doce: defensa territorial, integración y comunicación territorial, contrainsurgencia, modernización tecnológica, protección a la población civil ante desastres, lucha contra el terrorismo, guerra contra el narcotráfico, seguridad pública, defensa de los recursos naturales, acción cívica, actividades de inteligencia y guerra contra el crimen organizado. Todo esto sustentado en los planes DN-I, defensa externa; DN-II, orden interno; y DN-III, desastres naturales.

Desde la década de 1990, dos acontecimientos han marcado la actuación y el papel del ejército. En ambos casos se halló una clara falta de coordinación institucional, lo que fue perfilando la necesidad de que el ejército adquiriera autonomía en materia de inteligencia. El primero fue el choque del 7 de noviembre de 1991 en el municipio de Tlalixcoyan, Veracruz, entre elementos del 13° Batallón de Infantería y agentes de la policía judicial federal; el segundo, la declaración de guerra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 1 de enero de 1994, que implicó una campaña militar que duró doce días.

Revisemos el primero. El jueves 7 de noviembre de 1991, por la mañana, en el paraje conocido como El Llano de la Víbora, en Tlalixcoyan, Veracruz, tuvo lugar un enfrentamiento entre la policía judicial federal y el ejército mexicano. Los miembros del 13° Batallón de Infantería estaban realizando un operativo antidrogas en espera del aterrizaje de una avioneta Cessna 210 de origen colombiano y que se sabía estaba cargada de cocaína. Los tripulantes de la avioneta lograron escapar, pero a los pocos minutos aterrizó también una aeronave sin identificación que pertenecía a la Procuraduría General de la República (PGR), la cual fue recibida por el fuego de los efectivos militares y causó la muerte de siete agentes, quienes, según reveló la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presentaban tiro de gracia. La misma investigación arrojó los registros de control aéreo que daban cuenta del seguimiento de la avioneta, que los agentes de la PGR avisaron por radio que eran atacados por el ejército, que se había informado al comandante de la zona militar para que detuviera el choque y este último no creyó que la información fuese fidedigna.

El segundo episodio se inició el 29 de junio de 1993 cuando el ejército mexicano encontró un campamento militar en plena selva chiapaneca. Ahí recopiló información que analizaría después, así como lo haría el Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (CISEN). Ambos consideraron pertinente informar al presidente Carlos Salinas de Gortari, aunque puntualizaron que dicha organización no podía ser una amenaza para la seguridad nacional en virtud de su poca capacidad de fuego. Sin embargo, la madrugada del 1 de enero de 1994, un grupo armado compuesto principalmente por indígenas, autodenominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), declaró la guerra al gobierno mexicano. Esa mañana tomó cinco cabeceras municipales del estado de Chiapas: San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo y Chanal. Luego de dejarlas en custodia, marchó hacia las afueras de Rancho Nuevo para tomar el cuartel de la 31ª Zona Militar. Ahí, según la poca información que se conoce, 500 zapatistas fueron repelidos por catorce soldados que se encontraban de guardia, quienes soportaron lo suficiente hasta que recibieron refuerzos. Entre estos últimos había pilotos de los escuadrones 201, 205, 208, 209 y 215, quienes a bordo de aviones Pilatus y Arava y de helicópteros Bell, realizaron labores de apoyo al cuartel. Esto significó la primera experiencia de guerra para la fuerza aérea mexicana desde la segunda guerra mundial. En el encontronazo, según la secretaría de la Defensa Nacional murieron cinco soldados federales y 24 combatientes zapatistas.

186El 9 de enero, el entonces secretario de la Defensa, general Antonio Riviello Bazán, informó al presidente que la derrota de la guerrilla era total y que únicamente esperaba la orden para perseguir y someter al grupo armado. También dejó claro al presidente que el ejército mexicano tenía clara superioridad armamentística y numérica y, por tanto, el EZLN no significaba un riesgo para la seguridad del Estado, pues a los aproximadamente 3 000 combatientes zapatistas, el ejército mexicano respondió con 30 000 efectivos.

Carlos Salinas de Gortari asegura en sus memorias que tomó la decisión del cese de hostilidades al saber que el EZLN estaba prácticamente derrotado. Sin embargo, no se debe perder de vista la importancia de la sociedad civil que se volcó a las calles para exigir un alto al fuego.

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1829. Sueños de reconquista

José Francisco Vera Pizaña
Maestría en Historia, UNAM

Revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 46.

“La nación mexicana es para siempre libre e independiente del gobierno español y de cualquier otra potencia”, consignó la constitución de 1824. No obstante, la subsistencia de antiguos vestigios del pasado hicieron a España plantearse la posibilidad de reconquistar sus territorios perdidos, organizando en Cuba una expedición de vanguardia, al mando del brigadier Isidro Barradas.

356La consumación de la independencia en 1821 no significó la inmediata separación de la nueva nación de todo lo que implicaba la organización administrativa española. Durante casi diez años, el temor a una expedición de reconquista estuvo presente en el imaginario colectivo de todos los mexicanos. Los temores se hicieron realidad en julio de 1829, cuando una escuadra al mando del almirante Ángel Laborde, uno de los hombres más capaces al servicio de la corona española en el Caribe, zarpó de La Habana hacia costas mexicanas. Su misión era transportar una fuerza expedicionaria de 3 000 hombres al mando del brigadier Isidro Barradas, hombre de probado valor y experiencia militar en Sudamérica. Con ellos viajaban los sueños y las esperanzas de España por recobrar su antiguo virreinato.

Ante esta amenaza, las fuerzas armadas mexicanas demostraron, pese a las limitaciones económicas de la república, ser efectivas para contener y derrotar a las tropas que atentaban contra la soberanía del país. Las páginas siguientes están dedicadas a explicar la respuesta del gobierno mexicano ante la invasión y los problemas a que se enfrentó para obtener la rendición incondicional de sus enemigos.

La movilización de las fuerzas armadas

Cuando se explica la expedición de Isidro Barradas, generalmente se describe como una aventura o capricho de un rey aferrado a una causa perdida. Es difícil creer que, con tan reducido número de efectivos, realmente aspiraran a reconquistar México. Sin embargo, es probable que las fuerzas españolas intentaran seguir una estrategia racional: en lugar de organizar un ejército de más de 10,000 hombres, imposible de armar y transportar en aquel momento, optaron por un pequeño número de tropas escogidas con el objetivo de levantar a los partidarios de la corona y coordinarlos en contra de las fuerzas republicanas. Por lo tanto, la estrategia española pretendía evitar el enfrentamiento directo con el ejército mexicano y más bien armar a los partidarios del rey en el país, así como sobornar a los comandantes militares del país para que se unieran a su causa. Esto explicaría por qué trajeron tantos fusiles, pero nada de caballos o artillería de campaña, pues realmente esperaban abastecerse de todo ello en México.

358Sin embargo, el gobierno español no comprendió a tiempo que se encontraba ante un nuevo país, con muy poco interés en volver a formar parte del imperio. Basta con observar algunas de las proclamas lanzadas por los gobernantes y jefes militares de los estados, pues permiten imaginar cómo los mexicanos concebían a los invasores. Por ejemplo, el 17 de julio de 1829, el comandante general del estado de Oaxaca arengaba a sus tropas ante el posible desembarco de fuerzas invasoras con las siguientes palabras: “Soldados: si dan oídos a estos infames [españoles], si no los aprenden o dan parte de ellos, nuestras mujeres, nuestras hijas y hermanas serán sacrificadas a las torpes pasiones de aquellos feroces asesinos.” El terror que significaba regresar al dominio español fue más grande que las divisiones nacionales entre los estados y sus comunidades.

A finales de julio de 1829 las tropas invasoras desembarcaron en Cabo Rojo, al norte de Veracruz, después de sufrir las inclemencias de un temporal que les arrebató una nave con 500 hombres que fue a parar a Nueva Orleans. En cuanto el supremo gobierno recibió las noticias de aquella acción, se giraron órdenes a las comandancias militares de los estados para que comenzaran a poner a sus milicias en pie de guerra. Pero reclutar hombres, armarlos, vestirlos y movilizarlos, hizo ver la dificultad de enfrentar, con escasos recursos financieros, un estado de guerra general.

La situación económica era tan dramática para los gobiernos locales que, para cubrir los gastos de la movilización, se buscó que la misma ciudadanía comprara vestuario y prestara caballada. Sin embargo, el capital nunca fue suficiente para solventar el gasto de guerra, por lo que se buscó el apoyo del gobierno nacional, aunque sin mayor éxito.

Otro problema que tuvieron que enfrentar fue la limitante impuesta por el reglamento de las milicias locales, el cual sólo les permitía operar en la demarcación a la que pertenecían, lo que significó que muchos contingentes fueran desplegados sólo en las fronteras o en puntos estratégicos de sus respectivos estados. Para solventar este dilema, algunos gobernadores permitieron que las fuerzas que así lo decidieran, armadas con sus propios recursos, salieran de su jurisdicción para unirse a los defensores de las entidades que sufrieron directamente la ocupación extranjera. Por otro lado, los cuerpos de milicias activas de los estados que sí podían movilizarse a Tamaulipas y Veracruz, como los del Estado de México, Guanajuato, San Luis Potosí y Querétaro, tardaron mucho tiempo en ponerse en marcha y, cuando lo hicieron, fueron mal armados, mal vestidos y sin paga alguna.

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Las fuerzas armadas durante las primeras décadas de vida independiente

Omar Urbina Pineda
El Colegio de México

Revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 46.

La presencia de milicias mandadas por caudillos y caciques regionales representó un constante dolor de cabeza para el gobierno nacional y se convirtió en un factor que impediría que se configurara y consolidase en un ejército nacional después de la independencia de México.

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Según el sociólogo alemán Max Weber, un Estado-nación, para ser considerado como tal, debe ejercer, mediante el ejército, el monopolio de la violencia en un territorio delimitado. Los gobiernos mexicanos de la primera mitad del siglo XIX no consiguieron hacer ninguna de estas dos cosas: ni organizar un ejército ni dominar un territorio. Durante estos años, los poderes regionales, encabezados por caciques y caudillos, estuvieron en una posición ventajosa con respecto al gobierno general; si bien este intentaba hacer valer su autoridad, aquellos siempre estaban presentes, ya fuera como aliados del gobierno o como los enemigos a vencer. Por ello, pese a los intentos por reglamentar un ejército permanente fiel al gobierno general, los poderes regionales fueron un factor que tomar en cuenta y la reglamentación de los cuerpos milicianos fue necesaria para procurar la pervivencia del régimen en turno, dificultando así la consolidación de un ejército fiel al poder central.

134Al concluir la guerra de Independencia, el Ejército Trigarante era concebido como la institución protectora de la soberanía nacional, pero las diferencias entre los grupos que lo formaban comenzaron a revelarse. Agustín Iturbide, contrario al poder que habían adquirido las elites regionales, comenzó un proceso de fortalecimiento de la institución castrense mediante la desaparición de cuerpos de milicia provincial. Por su parte, los diputados del Congreso, representantes de las regiones, cuestionaron la existencia del Trigarante: para ellos, las milicias regionales, menos onerosas para el erario, eran el tipo de fuerzas que el país requería. Así, el ejército se convirtió en el garante del poder de Iturbide, mientras que la milicia cívica fue concebida como un cuerpo al servicio del poder legislativo que frenaría cualquier intento del ejecutivo por imponerse. En este contexto de conflicto, la cúpula del poder militar fiel a Iturbide lo proclamó “emperador de la América mexicana”, acrecentando las tensiones entre él y el Congreso. Los líderes regionales, no conformes con las tendencias centralizadoras del emperador, comenzaron a fraguar proyectos republicanos, por lo que Iturbide decidió disolver el Congreso en octubre de 1822.

Al poco tiempo de su disolución, el 6 de diciembre de 1822, el general Antonio López de Santa Anna se sublevó con el Plan de Veracruz. En el documento llamaba a los militares de carrera a que se unieran al movimiento, prometiéndoles la conservación de “todos […] sus empleos”. De igual manera, buscaba el apoyo de las provincias ya que aseguraba que “las compañías de milicias nacionales […serían] reputadas como provinciales, y gozarán el fuero militar”. De esta manera garantizaba la pervivencia de los cuerpos militares organizados por los líderes regionales y que eran el baluarte de su autonomía.

Por su parte, el 18 de diciembre, Iturbide proclamó el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano, por el cual el mando del ejército recaía en el emperador, quien tenía la facultad de “formar los reglamentos, órdenes e instrucciones necesarias”, así como “proveer a todos los empleos civiles y militares”. A su vez, estipulaba que “en cada capital de provincia, habrá un jefe superior político nombrado por el Emperador” y que “los mandos político y militar de las provincias, se reunirán en una sola persona”. Con esta maniobra, buscaba que los diferentes actores políticos del imperio –llámense caciques o caudillos– le fueran fieles, ya que sería gracias a él que habrían obtenido un cargo público. De tal modo, lograría un control de facto sobre las regiones al concentrar el mando político y militar en una sola persona.

Tanto Iturbide como Santa Anna reconocían el enorme poder político de los líderes locales y eran conscientes de que, para mantener un control sobre el territorio, tenían que llegar a un acuerdo con ellos. De esta manera, en el Plan de Veracruz y en el Reglamento Provisional estuvieron plasmados los términos en que se llevarían a cabo las discusiones políticas durante las primeras décadas de vida independiente.

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La génesis del ejército nacional

Eduardo Adán Orozco Piñón
Facultad de Filosofía y Letras, UNAM

Revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 46.

La guerra de independencia impulsó la creación del ejército nacional. Las fuerzas armadas sufrieron entonces transformaciones, derivadas de las disposiciones legales que se dictaron a lo largo de los once años de lucha y que fueron una base sustantiva para la constitución de las fuerzas armadas de la nueva nación.

114Las explicaciones tradicionales que nos ofrecen los historiadores sobre el periodo de la independencia siempre han mostrado las continuidades y rupturas en los once años de guerra civil; sin embargo, muy frecuentemente el estudio de esos aspectos deja de lado una realidad inamovible: la independencia fue esencialmente una guerra. Tengamos en cuenta que en todo conflicto bélico las fuerzas armadas se vuelven protagonistas, pues son ellas quienes detentan el ejercicio legítimo de la violencia. Así, para comprender este periodo bélico es necesario prestar atención a esas fuerzas para entender su composición, sus mecanismos de financiamiento, su justificación y utilidad política, su organización y, sobre todo, sus implicaciones en la conformación del México independiente y del primer ejército nacional. Para ello adentrémonos en un recorrido de las trasformaciones de las fuerzas armadas durante los once años de la guerra de Independencia a través de las diversas disposiciones legales que habrían de ser la base del primer ejército mexicano.

La organización militar (1768-1810)

Tengamos en cuenta que el ejército se divide en dos grandes rubros: el permanente, que siempre está listo para entrar en acción, y las fuerzas de reserva o auxiliares, que son llamadas en caso de ser necesario y funcionan como apoyo en las operaciones del primero. Por lo tanto, es pertinente entender la estructura de ambas fuerzas en la Nueva España de finales del siglo XVIII, pues ambas entraron en operación en 1810 para combatir la rebelión de Miguel Hidalgo.120

La historia de las fuerzas armadas novohispanas, en un sentido moderno, se inicia durante el reinado de Carlos III, cuando se implementó una serie de cambios en cuestiones político-militares que buscaron crear una estructura burocrática para fortalecer la figura del rey y centralizar el poder, poniéndolo todo en manos del monarca, así como mejorar la extracción de riquezas obtenidas de los territorios americanos y organizar un aparato defensivo y coercitivo que se encargara de reforzar la autoridad del Estado. Estos cambios llegaron a Nueva España con la ordenanza de 1768 y el Reglamento para las Milicias de Infantería y Caballería de la Isla de Cuba de 1769. En términos militares, el virreinato no contaba con un ejército permanente, por lo que el control de la seguridad interior estaba a cargo de los cuerpos milicianos en las costas, que eran organizados en ocasiones de peligro y administrados por las diversas regiones en donde operaban. La ordenanza de 1768 creó al primer ejército permanente –también llamado “de línea”–, y tuvo la intención de regular la conducta de los militares, brindando conocimientos tácticos, logísticos y estratégicos para hacer la guerra de forma sistemática y organizada.

Por su parte, el Reglamento de 1769 buscaba preparar a los súbditos para que, en tiempos de crisis, apoyaran a las fuerzas regulares o permanentes en la defensa imperial. Este sistema defensivo buscaba crear en un liderazgo efectivo, a través de entrenamientos regulares y la creación de un espíritu de cuerpo, es decir, una identidad propia. Cada regimiento miliciano debía contar con al menos un cirujano y un capellán, pues la religión seguía siendo un elemento común en todo el imperio. Se enfatizaba en la disciplina, que debía ser igual para todas las tropas, y se entrenaba únicamente los domingos por la mañana. En última instancia, este modelo de milicias pretendió que las colonias se defendieran por sí mismas en caso de ataques extranjeros.

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