Las fuerzas armadas durante las primeras décadas de vida independiente

Omar Urbina Pineda
El Colegio de México

Revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 46.

La presencia de milicias mandadas por caudillos y caciques regionales representó un constante dolor de cabeza para el gobierno nacional y se convirtió en un factor que impediría que se configurara y consolidase en un ejército nacional después de la independencia de México.

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Según el sociólogo alemán Max Weber, un Estado-nación, para ser considerado como tal, debe ejercer, mediante el ejército, el monopolio de la violencia en un territorio delimitado. Los gobiernos mexicanos de la primera mitad del siglo XIX no consiguieron hacer ninguna de estas dos cosas: ni organizar un ejército ni dominar un territorio. Durante estos años, los poderes regionales, encabezados por caciques y caudillos, estuvieron en una posición ventajosa con respecto al gobierno general; si bien este intentaba hacer valer su autoridad, aquellos siempre estaban presentes, ya fuera como aliados del gobierno o como los enemigos a vencer. Por ello, pese a los intentos por reglamentar un ejército permanente fiel al gobierno general, los poderes regionales fueron un factor que tomar en cuenta y la reglamentación de los cuerpos milicianos fue necesaria para procurar la pervivencia del régimen en turno, dificultando así la consolidación de un ejército fiel al poder central.

134Al concluir la guerra de Independencia, el Ejército Trigarante era concebido como la institución protectora de la soberanía nacional, pero las diferencias entre los grupos que lo formaban comenzaron a revelarse. Agustín Iturbide, contrario al poder que habían adquirido las elites regionales, comenzó un proceso de fortalecimiento de la institución castrense mediante la desaparición de cuerpos de milicia provincial. Por su parte, los diputados del Congreso, representantes de las regiones, cuestionaron la existencia del Trigarante: para ellos, las milicias regionales, menos onerosas para el erario, eran el tipo de fuerzas que el país requería. Así, el ejército se convirtió en el garante del poder de Iturbide, mientras que la milicia cívica fue concebida como un cuerpo al servicio del poder legislativo que frenaría cualquier intento del ejecutivo por imponerse. En este contexto de conflicto, la cúpula del poder militar fiel a Iturbide lo proclamó “emperador de la América mexicana”, acrecentando las tensiones entre él y el Congreso. Los líderes regionales, no conformes con las tendencias centralizadoras del emperador, comenzaron a fraguar proyectos republicanos, por lo que Iturbide decidió disolver el Congreso en octubre de 1822.

Al poco tiempo de su disolución, el 6 de diciembre de 1822, el general Antonio López de Santa Anna se sublevó con el Plan de Veracruz. En el documento llamaba a los militares de carrera a que se unieran al movimiento, prometiéndoles la conservación de “todos […] sus empleos”. De igual manera, buscaba el apoyo de las provincias ya que aseguraba que “las compañías de milicias nacionales […serían] reputadas como provinciales, y gozarán el fuero militar”. De esta manera garantizaba la pervivencia de los cuerpos militares organizados por los líderes regionales y que eran el baluarte de su autonomía.

Por su parte, el 18 de diciembre, Iturbide proclamó el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano, por el cual el mando del ejército recaía en el emperador, quien tenía la facultad de “formar los reglamentos, órdenes e instrucciones necesarias”, así como “proveer a todos los empleos civiles y militares”. A su vez, estipulaba que “en cada capital de provincia, habrá un jefe superior político nombrado por el Emperador” y que “los mandos político y militar de las provincias, se reunirán en una sola persona”. Con esta maniobra, buscaba que los diferentes actores políticos del imperio –llámense caciques o caudillos– le fueran fieles, ya que sería gracias a él que habrían obtenido un cargo público. De tal modo, lograría un control de facto sobre las regiones al concentrar el mando político y militar en una sola persona.

Tanto Iturbide como Santa Anna reconocían el enorme poder político de los líderes locales y eran conscientes de que, para mantener un control sobre el territorio, tenían que llegar a un acuerdo con ellos. De esta manera, en el Plan de Veracruz y en el Reglamento Provisional estuvieron plasmados los términos en que se llevarían a cabo las discusiones políticas durante las primeras décadas de vida independiente.

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