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Las Leyes de Reforma y su aplicación en la capital mexicana

Pablo Muñoz Bravo
Facultad de Filosofía y Letras, UNAM

Revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 47.

Las leyes expedidas en el puerto de Veracruz en julio de 1859 –durante la guerra entre conservadores– y liberales fueron la culminación de un largo proceso de modernización del Estado mexicano y se dejaron sentir fuertemente en la capital del país.

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Antonio González Orozco, Entrada triunfal de Juárez a la ciudad de México el 15 de julio de 1867, mural, 1967, Museo Nacional de Historia. Secretaría de Cultura-INAH-MEX. Reproducción autorizada por el INAH.

Sin el ánimo de que el lector entienda lo anterior como una teleología o una fatalidad, pues la historia es todo menos eso, podemos ubicar el antecedente directo de estas disposiciones en las políticas del monarca español Carlos III, quien en el año de 1767 ordenó la expulsión de la Compañía de Jesús de todo su imperio, junto con la modernización de los planes de estudio de sus universidades, en lo que fue un esbozo de la futura separación entre la Iglesia y el Estado. Décadas después, durante las discusiones de la Constitución de Cádiz, se trató la propuesta de parcialización de las propiedades comunales de las corporaciones civiles y eclesiásticas, para ponerlas en circulación y crear a los nuevos ciudadanos, a quienes se quería volver pequeños propietarios, claro antecedente de la Ley Lerdo de 1856 y de la de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos de 1859.

Ya en la época independiente, la primera en intentar “modernizar” a la sociedad mexicana, fue la primera generación liberal mexicana que encabezaron políticos importantes en nuestra historia, como José María Luis Mora, Valentín Gómez Farías, Lorenzo de Zavala, quienes siguieron la pauta marcada con anterioridad por varios intentos reformistas en el interior de la república, en estados como Jalisco, Yucatán, Oaxaca, Zacatecas y el de México, caracterizados por la disputa constante con la Iglesia a la que querían arrancar el control de la educación y del Patronato (derecho de designar a eclesiásticos de alta jerarquía y el control de una parte del diezmo). Fue así que, durante el año 1833-1834, en el gobierno del general Antonio López de Santa Anna, estos hombres buscaron la realización de la primera reforma a nivel nacional, con el fin de llevar a cabo lo ya mencionado líneas arriba: la secularización de la sociedad, la modernización de la educación y la desamortización de los bienes eclesiásticos, entre otros. Sin embargo, el intento no llegó a fructificar por la oposición de la Iglesia y de una parte de la sociedad.

Leyes prerreformistas (1855-1857)

Quienes retomarían esta agenda fallida fueron un grupo de políticos nacidos en los últimos años de la independencia, la llamada “generación de la reforma”, gente como Ignacio Ramírez, Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga, Ignacio Comonfort, Guillermo Prieto, Miguel Lerdo de Tejada, Benito Juárez, José María Mata y otros más, quienes se propusieron llevarla a cabo.

En efecto, simpatizantes del liberalismo y de la república –aunque habría que señalar que todavía se enseñaba derecho canónico y varios profesores eran curas–, sintieron la necesidad de avanzar sobre los fines perseguidos por la primera generación liberal. De tal modo, la mayoría de estos en ese momento jóvenes incursionaron en la política estatal y nacional durante la guerra de intervención estadunidense de 1846-1848, cuando los duros reveses sufridos llevaron a creer que México desaparecería del “catálogo de las naciones” al ser irremediablemente absorbido por la potencia vecina del norte o alguna potencia europea.

Al realizar un diagnóstico de las causas de la derrota frente a los estadunidenses, los liberales concluyeron que lo que hacía falta para que México sobreviviera como nación era llevar a cabo la reforma política, económica y social del país. Con esta idea en mente fue que, durante la última dictadura del general Santa Anna (1853-1855), se levantó en contra de este un movimiento acaudillado por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, pero al que se unieron desde el exilio en Estados Unidos un grupo de liberales, entre ellos Benito Juárez, quien llegó a Acapulco con Juan Álvarez en julio de 1855, semanas antes de la salida del dictador veracruzano.

Juárez dio a conocer la primera ley prerreformista, la del 23 de noviembre de 1855 o Ley Juárez, que suprimía parcialmente el fuero eclesiástico y militar, misma que fue el motivo de varios levantamientos durante la presidencia interina de Ignacio Comonfort. Fue durante esta administración que se promulgó también la ley del 25 de junio de 1856, mayormente conocida como Ley Lerdo, por ser su autor el ministro de Hacienda de Comonfort, Miguel Lerdo de Tejada, la cual ordenaba la desamortización de bienes de las corporaciones civiles y eclesiásticas. Se buscaba que el mayor propietario, la Iglesia, sacara a circulación sus bienes en el campo y la ciudad para que los ciudadanos pudieran volverse pequeños propietarios, mismo sentido con el que se ordenó la venta de los bienes comunales de las corporaciones indígenas. Se daba la prioridad de la adjudicación al arrendatario del inmueble, quien a partir de esa fecha pagaba lo que habitualmente cubría a la corporación correspondiente, pero ya no como renta, sino como adelanto por la propiedad, es decir, que la Iglesia y las corporaciones civiles seguían percibiendo los pagos, el Estado sólo recibía 5% de la alcabala, que era el impuesto por la venta. Esta disposición fue muy polémica y desató más movimientos en contra del presidente Comonfort.

Otra ley prerreformista fue la de obvenciones parroquiales elaborada por el ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos, José María Iglesias, el 11 de abril de 1857, conocida como Ley Iglesias, que regulaba los derechos que podía cobrar la Iglesia por la celebración de sacramentos como el bautizo y el matrimonio o por las misas y los entierros, con los que tradicionalmente se endeudaban los jornaleros y artesanos, prohibiendo su cobro en caso de que sólo ganaran lo indispensable, lo cual causó indignación en el clero mexicano. Todo este corpus legal coadyuvó al estallido de la llamada guerra de Reforma, que se inició en enero de 1858.

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Para leer la entrevista completa, consulte la revista BiCentenario.

PARA SABER MÁS

Bazant, Jan, Los bienes de la Iglesia en México, 1856-1875: aspectos económicos y sociales de la revolución liberal, México, El Colegio de México, 1977.

Morales, María Dolores, “Estructura urbana y distribución de la propiedad en la ciudad de México en 1813”, Historia Mexicana, 1976, en <https://historiamexicana.colmex.mx/index.php/RHM/article/view/2813/2323>.

Muñoz Bravo, Pablo, “Los promotores de la desamortización eclesiástica en la ciudad de México, 1856-1858”, Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, 2015, en <http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/moderna/vols/ehmc49/543.pdf>.

Discutamos México. En la encrucijada: dictadura, república e imperio, en <https://www.youtube.com/watch?v=kI5SRluA7eU>.

¡Ay mi traje negro!

Silvia L. Cuesy
Instituto Mora

En revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm.  40.

Una larga travesía lleva a Benito Juárez de regreso a México. Hay sombreros que se pierden, una identidad simulada, náuseas permanentes, un cargamento que cuidar. Y una esposa que lo espera.

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Los pertrechos pagados por un particular mexicano serían enviados a Acapulco desde Nueva Orleans: 4 500 fusiles y suficiente parque para cargarlos, decenas de piezas de artillería y pólvora. De los arreglos para su envío se encargaría la compañía naviera de dos cubanos: Domingo Goicuría y Pedro Santacilia, amigos de los conspiradores mexicanos exiliados;ellos, los cubanos, eran también expatriados por traer entre manos la independencia de la isla y su anexión a Estados Unidos.

Poco a poco el grueso de los desterrados mexicanos en Nueva Orleans se hallaba concentrado en Brownsville, excepto Benito Juárez que en el verano de 1855 desembarcó en Acapulco. Ni Ocampo ni Mata ni Iglesias quisieron dirigirse a ese puerto dado su lejanía. El apremio les sacaba ronchas y prefirieron viajar hasta la frontera sur de Estados Unidos desde donde sería más fácil entrar a México en vez de dar un rodeo tan grande como lo haría su amigo.

Juárez había retrasado su viaje de Nueva Orleans a Acapulco a causa de unas inexplicables fiebres que lo postraron en cama sin la posibilidad de consultar a un médico o adquirir algún remedio, y porque los fondos para comprar las armas, y pagar el embarque de las mismas y otros gastos, no aparecían por ningún lado. A los pocos días de sanar de puro milagro, le llegó una cantidad proveniente de Brownsville y casi al mismo tiempo también una remesa que le mandaba Margarita, su mujer. Después de la aprehensión de su marido ella había abierto una tiendita en la Villa de Etla para procurar ingresos. Una y otra vez regateaba y pedía crédito a los proveedores y volvía a vender el surtido, y vuelta a lo mismo varias veces. Cada ganancia la dividía en dos: una la ahorraba para luego enviarla al marido y con la otra mitad malcomían y malvestían ella y sus hijos. Aún convaleciente, el oaxaqueño partió de regreso a México el 20 de junio. A Benito Juárez se le salían unos cuantos suspiros, hondos como el océano que surcaba, y sus ojos se le humedecían con un líquido igual de salado que el mar. La imaginaba haciendo las pequeñas rifas que ella le había platicado. Lo más duro: pensarla pidiendo prestado a sus familiares o al compadre Mejía.

Mediante sus influencias en Estados Unidos, Nueva Orleans, Nueva York y Washington, Santacilia había logrado conseguir más armamento y al fin organizó el envío en el mismo buque en el que trepó a don Benito. El oaxaqueño era quien cuidaría que la carga llegara a manos de los ayutlistas –encabezados por Álvarez, gobernador de Guerrero, y Comonfort, administrador de la aduana de Acapulco-, tal como se había convenido.

—¿Cuándo y dónde usted y yo volveremos a vernos?, sólo Dios
sabe, don Benito —dijo Santacilia al momento de palmear la espalda del
mexicano en el abrazo de despedida.
—Cuándo, no lo sé Santa. Pero sí le digo que únicamente podrá ser
en dos lugares: en México libre o en la eternidad…

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¿Propiedad privada o comunal? La tierra y los pueblos indígenas en tiempos de Maximiliano

Alexis Ricardo Hernández López
Facultad de Filosofía y Letras, UNAM

En revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm.  40.

Las intenciones del emperador austriaco de mejorar las condiciones de vida de los indígenas, por medio de su conversión en propietarios privados de sus tierras para que pudieran obtener mejor rendimiento económico de ellas, chocaron con sus costumbres comunitarias. Tal fue el caso del pueblo de Santa Ana Tepetitlán y su defensa de la propiedad comunal. Con el fusilamiento de Maximiliano, la propuesta nunca se pudo cumplir, pero quizá lo que vendría después sería peor para los pueblos originarios.

Visita de la embajada de indios kikapúes al emperador Maximiliano, ca. 1865, óleo sobre tela, copia del original de Jean Adolphe Beaucé. Museo Nacional de Historia, Secretaría de Cultura-INAH-MéX. Reproducción autorizada por el INAH.

Visita de la embajada de indios kikapúes al emperador Maximiliano, ca. 1865, óleo sobre tela, copia del original de Jean Adolphe Beaucé. Museo Nacional de Historia, Secretaría de Cultura-INAH-MéX. Reproducción autorizada por el INAH.

Es sabido que la época del segundo imperio mexicano (1864-1867) fue una de las más trascendentes para la historia de nuestro país, ya que en ella se definió si lograría o no consolidar su independencia frente a las grandes potencias europeas, como el segundo imperio francés de Napoleón III, quien en 1862 emprendió una intervención militar en México con el propósito de ampliar su dominio hacia el continente americano, misma que fue apoyada por los grupos conservadores mexicanos que deseaban quitar del poder al presidente Benito Juárez y acabar con
la república federal, a fin de establecer una monarquía y que derivó en la llegada de Maximiliano de Habsburgo al trono de México en 1864.

Sin embargo, otra razón por la que este periodo fue tan importante radica en que marcó un parteaguas en la historia de las relaciones del gobierno mexicano con los pueblos indígenas pues,
por primera vez desde la época virreinal, se estableció un canal de comunicación con los grupos originarios por medio de la Junta Protectora de las Clases Menesterosas (JPCM), cuyo presidente fue Faustino Galicia Chimalpopoca, un intelectual nahuatlato –es decir, hablante del idioma náhuatl– que gozaba de gran estima entre las comunidades autóctonas.

En efecto, la JPCM fue creada por decreto del emperador el 10 de abril de 1865, con el objetivo de recibir y atender quejas y peticiones por parte de los grupos menesterosos, es decir, de aquellas personas que no contaban con los recursos necesarios para vivir (entre las que se encontraban viudas, ancianos, campesinos, pero sobre todo los indígenas), así como de elaborar leyes para mejorar las condiciones de vida de este sector de la sociedad.

La creación de esta institución respondió al interés que Maximiliano mostró por los pueblos autóctonos desde su llegada a México ya que, a partir de entonces, recibió en el Castillo de Chapultepec a comisiones de representantes indígenas, provenientes de diversos lugares del territorio mexicano para escuchar directamente sus problemas, y buscó implementar una política proteccionista sobre ellos al percatarse de la usurpación que las autoridades locales y hacendados hacían de sus tierras comunales y recursos naturales.

Estas usurpaciones se habían incrementado años antes con la promulgación de la Ley de desamortización el 25 de junio de 1856, creada por Miguel Lerdo de Tejada (Ley Lerdo), con el objetivo de acabar con la propiedad comunal en favor de la privada, ya que los políticos liberales que promovieron dicha ley concebían la tenencia colectiva como un obstáculo para el desarrollo económico del país, por estar dirigida a una agricultura de autoconsumo y porque no permitía la libre venta de terrenos, puesto que éstos pertenecían al pueblo en su conjunto y no podían venderse entre particulares.

Si bien la preocupación que mostró Maximiliano por la situación de los pueblos indígenas ocasionó que al interior de estos surgiera una gran esperanza de recuperar sus tierras y mejorar su situación, ya que anteriormente habían sido ignorados por los diferentes gobiernos mexicanos, sería equivocado pensar que todas las comunidades reaccionaron con el mismo entusiasmo ante el arribo del nuevo monarca. Al igual que Benito Juárez y los liberales, el emperador quiso convertir a este sector de la sociedad en propietario privado de sus terrenos para acabar con la propiedad comunal, la cual era vista por él como un impedimento para el crecimiento económico de México.

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Dilema

Ana Suárez
Instituto Mora

En revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 34.

JuA?rez, sAi??mbolo de la repA?blica contra la intervenciA?n francesa (500x365)

Está ahí, en su despacho de Palacio Nacional, sentado en la silla que tanto trabajo le costó alcanzar, se dice que a lo mejor es cierto lo que afirman sus enemigos, y también sus amigos; ya es bastante, lleva 18 años de ser presidente y demasiados de beber de esa pócima que es el poder. Llegó el momento de retirarse. Se pone la mano sobre el corazón, susurra que ha de aceptar la realidad, está viejo y sobre todo enfermo y si no se cuida en cualquier momento la angina de pecho le dará un susto.

Benito piensa que si accede a tal petición requerirá de fuerza, mucha fuerza, pero él supo estar a la altura desde la infancia, ¡si por eso dejó Guelatao decidido a no pastorear a una oveja más! También lo estuvo más tarde: ¡tanto tiempo viviendo a salto de mata para salvar al gobierno liberal, primero de los reaccionarios, después de los franceses y las tropas imperiales! Sí, por supuesto que podría, debería entonces de pensar en alejarse ahora, cuando todos y todo le aconsejan guardarse para la historia. Su vida política ha de terminar dignamente, como la de un patricio, no tiene razón para exponerla en otra revolución, ¡si adivina el designio de don Sebastián, tan impaciente por sucederlo, y no se diga de don Porfirio, es casi tan ambicioso como él lo fue!

 

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No es la primera vez que considera el retiro. Lo hizo cuando dudó entre permanecer en Oaxaca, ejerciendo como mero abogado, pero al lado de Margarita, criando junto a los hijos, y no tener que enviarlos a los Estados Unidos para protegerlos del enemigo. Lo hizo también más tarde, mientras peregrinaba por el norte con el ejército enemigo a sus espaldas, cuando pensó en desistir de todo, en alcanzar a la familia y que el país se las arreglará como fuese o se fuera al carajo pero sin arrastrarlos consigo. Lo ha pensado también últimamente: se le antoja hacer un largo viaje, ir a la ciudad de Nueva York de la que ella solía contarle tantas cosas, o siquiera volver a Veracruz, allí donde siempre fue bien recibido.

Pero no quiso entonces, esas ideas le parecieron absurdas, si él hizo lo que tenía que hacer, de él dependía el porvenir de la república y estaba dispuesto a pagar cualquier precio. Y tampoco lo desea ahora; se pregunta además qué haría de su vida si decidiera no reelegirse, si Margarita se fue y los hijos no lo necesitan. Además, retirarse con honores no es lo suyo; si bien puede dejar que otros administren y dispongan, a él le gusta pronunciar la última palabra, complacerse con la sumisión y las reverencias de los otros, sentir que él tiene el poder, que él lo encarna.

 

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Crónica de un aeropuerto anunciado

J. Carlos Domínguez Virgen
Instituto Mora

En revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 14.

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Vista aérea de las pistas del AICM en 1990

El actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) fue inaugurado en 1952 cuando la población de la capital era de tan solo tres millones de habitantes y la economía de México era doce veces más chica. Hoy, sesenta años después, es evidente que las necesidades de infraestructura han aumentado de manera considerable. Con una población que supera los 21 millones, incluidos los municipios conurbados y actividades económicas que representan cerca del 30% del total nacional y un voluminoso intercambio con el exterior en términos de carga y pasajeros, la demanda de tráfico aéreo también se ha multiplicado con gran velocidad y requiere de infraestructura de transporte que garantice el movimiento de entre 20 y 30 millones de usuarios al año. Sin embargo, la capacidad del AICM ha permanecido estancada durante todo este tiempo al punto de estar completamente saturado en épocas de mayor demanda como las vacaciones de verano. Aunque se han hecho ajustes menores, no se ha aumentado el número de pistas y la capacidad de largo plazo sigue siendo de hecho la misma. ¿Qué implica esto? En pocas palabras, un mayor riesgo para la seguridad aérea y mayor costo para los usuarios en cuanto a retrasos y tiempos de espera.

El aeropuerto postergado

El aeropuerto postergado

¿Por qué? no se ha solucionado este problema? La respuesta requiere de una breve crónica sobre un proyecto que ha sido estudiado muchas veces, pero que nunca ha encontrado el campo fértil y la coyuntura adecuada para su instrumentación. Por ejemplo, en 2002 la administración del presidente Vicente Fox Quesada promovió la construcción de un Nuevo Aeropuerto Internacional en la Ciudad de México (NAICM) en los municipios conurbados de Atenco y Texcoco. Desafortunadamente, las negociaciones con las comunidades afectadas fracasaron y la oposición al proyecto derivó en movilizaciones, algunas de carácter violento, por parte de grupos campesinos, organizaciones no gubernamentales, partidos políticos y otros grupos externos que no eran afectados directamente por el proyecto. La iniciativa de construir el nuevo aeropuerto fue finalmente cancelada en agosto de 2002.

Lo que pocos saben es que la propuesta del NAICM no fue una ocurrencia que apareció en la agenda del gobierno de la noche a la mañana. Este tipo de proyectos tienen normalmente una historia muy larga y reflejan luchas sociales y políticas de largo plazo. A través del tiempo los proyectos se van reconfigurando como resultado, entre otros factores, de transformaciones en el contexto sociopolítico, cambios en los valores y criterios de política pública, así como la evolución de los propios problemas que estas iniciativas pretenden resolver. En este sentido, vale la pena hacer un recorrido histórico para entender los antecedentes del proyecto y el origen de algunas condicionantes y obstáculos a los que se enfrentó el gobierno federal a la hora de anunciar el proyecto en 2001.

Echeverría y el aeropuerto en Zumpango

El problema de la limitada capacidad operativa del AICM, también conocido como Aeropuerto Benito Juárez, fue visualizado y analizado por primera vez durante los mandatos de los presidentes Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) y Luis Echeverría Álvarez (1970-1976). Ya desde entonces se había pronosticado que el número de operaciones aéreas crecerían hasta superar la capacidad anual de la infraestructura actual y que era necesario implementar una solución de largo plazo.

En este sentido, la principal propuesta era construir un nuevo aeropuerto en el A?rea de Zumpango, estado de México. Dicho proyecto significaba la relocalización completa del AICM y una enorme inversión para desarrollar un nuevo aeropuerto en un sitio que se encontraba relativamente cercano a la ciudad. Una segunda alternativa era la construcción de una nueva pista sin que esto implicara la relocalización del aeropuerto existente. Esta última opción era factible en la década de los 70 porque existía una considerable reserva territorial alrededor del actual AICM que no había sido cubierta por la mancha urbana.

La opción de Zumpango era defendida por un grupo político encabezado por la entonces llamada Secretaría de Obras Públicas (SOP), cuyo titular era el ingeniero Luis Enrique Bracamontes. Esta coalición se basaba en el argumento de que el aeropuerto existente debía ser relocalizado completamente al área de Zumpango porque éste era el sitio más cercano al centro de la demanda que además cumplía con las especificaciones técnicas de aquella época. Sin embargo, un segundo grupo era liderado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a cargo del ingeniero Eugenio Méndez Docurro. Esta coalición se basaba en que la infraestructura existente podía ser usada una década más, siempre y cuando se hicieran algunas mejoras menores.

Por supuesto, la fuerte competencia entre ambas secretarías no sólo se basaba en argumentos técnicos válidos sino en sus intereses particulares como dependencias del gobierno federal. En este caso, la SOP era encargada de desarrollar la nueva infraestructura de comunicaciones y transportes y por tanto, la construcción del nuevo aeropuerto en Zumpango implicaba que fuera la dependencia que dirigiría y se beneficiaría más de dicho proyecto. Por otro lado, la SCT estaba a cargo de la operación de la infraestructura de comunicaciones y transportes y la construcción de un nuevo aeropuerto tenía en sí poca importancia para los representantes de este sector. Mejorar y mantener la infraestructura existente por algún tiempo estaba más en línea con sus intereses institucionales.

Esta lucha se acentuó en el contexto de la transición presidencial que prevalecía en México durante la década de 1970, cuando el siguiente candidato del PRI a la presidencia era seleccionado de entre los miembros del gabinete al final de cada sexenio. Sin duda, un proyecto de política pública tan visible como el NAICM tenía el potencial de incrementar significativamente el capital político del secretario de Obras Públicas. De hecho, algunos ex-funcionarios de la época señalan que Luis Enrique Bracamontes, titular de esta dependencia entre 1970 y 1976, a menudo era mencionado como “presidenciable”. No queda claro si la cancelación del proyecto en Zumpango contribuyó a minar sus aspiraciones en el largo plazo. Sin embargo, no hay duda de que el proyecto aeroportuario hubiera significado un triunfo político que no era nada trivial.

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