Las Leyes de Reforma y su aplicación en la capital mexicana

Pablo Muñoz Bravo
Facultad de Filosofía y Letras, UNAM

Revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 47.

Las leyes expedidas en el puerto de Veracruz en julio de 1859 –durante la guerra entre conservadores– y liberales fueron la culminación de un largo proceso de modernización del Estado mexicano y se dejaron sentir fuertemente en la capital del país.

BiC_47007

Antonio González Orozco, Entrada triunfal de Juárez a la ciudad de México el 15 de julio de 1867, mural, 1967, Museo Nacional de Historia. Secretaría de Cultura-INAH-MEX. Reproducción autorizada por el INAH.

Sin el ánimo de que el lector entienda lo anterior como una teleología o una fatalidad, pues la historia es todo menos eso, podemos ubicar el antecedente directo de estas disposiciones en las políticas del monarca español Carlos III, quien en el año de 1767 ordenó la expulsión de la Compañía de Jesús de todo su imperio, junto con la modernización de los planes de estudio de sus universidades, en lo que fue un esbozo de la futura separación entre la Iglesia y el Estado. Décadas después, durante las discusiones de la Constitución de Cádiz, se trató la propuesta de parcialización de las propiedades comunales de las corporaciones civiles y eclesiásticas, para ponerlas en circulación y crear a los nuevos ciudadanos, a quienes se quería volver pequeños propietarios, claro antecedente de la Ley Lerdo de 1856 y de la de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos de 1859.

Ya en la época independiente, la primera en intentar “modernizar” a la sociedad mexicana, fue la primera generación liberal mexicana que encabezaron políticos importantes en nuestra historia, como José María Luis Mora, Valentín Gómez Farías, Lorenzo de Zavala, quienes siguieron la pauta marcada con anterioridad por varios intentos reformistas en el interior de la república, en estados como Jalisco, Yucatán, Oaxaca, Zacatecas y el de México, caracterizados por la disputa constante con la Iglesia a la que querían arrancar el control de la educación y del Patronato (derecho de designar a eclesiásticos de alta jerarquía y el control de una parte del diezmo). Fue así que, durante el año 1833-1834, en el gobierno del general Antonio López de Santa Anna, estos hombres buscaron la realización de la primera reforma a nivel nacional, con el fin de llevar a cabo lo ya mencionado líneas arriba: la secularización de la sociedad, la modernización de la educación y la desamortización de los bienes eclesiásticos, entre otros. Sin embargo, el intento no llegó a fructificar por la oposición de la Iglesia y de una parte de la sociedad.

Leyes prerreformistas (1855-1857)

Quienes retomarían esta agenda fallida fueron un grupo de políticos nacidos en los últimos años de la independencia, la llamada “generación de la reforma”, gente como Ignacio Ramírez, Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga, Ignacio Comonfort, Guillermo Prieto, Miguel Lerdo de Tejada, Benito Juárez, José María Mata y otros más, quienes se propusieron llevarla a cabo.

En efecto, simpatizantes del liberalismo y de la república –aunque habría que señalar que todavía se enseñaba derecho canónico y varios profesores eran curas–, sintieron la necesidad de avanzar sobre los fines perseguidos por la primera generación liberal. De tal modo, la mayoría de estos en ese momento jóvenes incursionaron en la política estatal y nacional durante la guerra de intervención estadunidense de 1846-1848, cuando los duros reveses sufridos llevaron a creer que México desaparecería del “catálogo de las naciones” al ser irremediablemente absorbido por la potencia vecina del norte o alguna potencia europea.

Al realizar un diagnóstico de las causas de la derrota frente a los estadunidenses, los liberales concluyeron que lo que hacía falta para que México sobreviviera como nación era llevar a cabo la reforma política, económica y social del país. Con esta idea en mente fue que, durante la última dictadura del general Santa Anna (1853-1855), se levantó en contra de este un movimiento acaudillado por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, pero al que se unieron desde el exilio en Estados Unidos un grupo de liberales, entre ellos Benito Juárez, quien llegó a Acapulco con Juan Álvarez en julio de 1855, semanas antes de la salida del dictador veracruzano.

Juárez dio a conocer la primera ley prerreformista, la del 23 de noviembre de 1855 o Ley Juárez, que suprimía parcialmente el fuero eclesiástico y militar, misma que fue el motivo de varios levantamientos durante la presidencia interina de Ignacio Comonfort. Fue durante esta administración que se promulgó también la ley del 25 de junio de 1856, mayormente conocida como Ley Lerdo, por ser su autor el ministro de Hacienda de Comonfort, Miguel Lerdo de Tejada, la cual ordenaba la desamortización de bienes de las corporaciones civiles y eclesiásticas. Se buscaba que el mayor propietario, la Iglesia, sacara a circulación sus bienes en el campo y la ciudad para que los ciudadanos pudieran volverse pequeños propietarios, mismo sentido con el que se ordenó la venta de los bienes comunales de las corporaciones indígenas. Se daba la prioridad de la adjudicación al arrendatario del inmueble, quien a partir de esa fecha pagaba lo que habitualmente cubría a la corporación correspondiente, pero ya no como renta, sino como adelanto por la propiedad, es decir, que la Iglesia y las corporaciones civiles seguían percibiendo los pagos, el Estado sólo recibía 5% de la alcabala, que era el impuesto por la venta. Esta disposición fue muy polémica y desató más movimientos en contra del presidente Comonfort.

Otra ley prerreformista fue la de obvenciones parroquiales elaborada por el ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos, José María Iglesias, el 11 de abril de 1857, conocida como Ley Iglesias, que regulaba los derechos que podía cobrar la Iglesia por la celebración de sacramentos como el bautizo y el matrimonio o por las misas y los entierros, con los que tradicionalmente se endeudaban los jornaleros y artesanos, prohibiendo su cobro en caso de que sólo ganaran lo indispensable, lo cual causó indignación en el clero mexicano. Todo este corpus legal coadyuvó al estallido de la llamada guerra de Reforma, que se inició en enero de 1858.

[...]
Para leer la entrevista completa, consulte la revista BiCentenario.

PARA SABER MÁS

Bazant, Jan, Los bienes de la Iglesia en México, 1856-1875: aspectos económicos y sociales de la revolución liberal, México, El Colegio de México, 1977.

Morales, María Dolores, “Estructura urbana y distribución de la propiedad en la ciudad de México en 1813”, Historia Mexicana, 1976, en <https://historiamexicana.colmex.mx/index.php/RHM/article/view/2813/2323>.

Muñoz Bravo, Pablo, “Los promotores de la desamortización eclesiástica en la ciudad de México, 1856-1858”, Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, 2015, en <http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/moderna/vols/ehmc49/543.pdf>.

Discutamos México. En la encrucijada: dictadura, república e imperio, en <https://www.youtube.com/watch?v=kI5SRluA7eU>.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>