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“Mi casa es chica, pero es mi casa”

María Concepción Martínez Omaña -Instituto Mora

En revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 3.

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¿Cuántas unidades habitacionales existen actualmente en el país? ¿Cuántos mexicanos vivimos hoy en día en uno de sus departamentos? Sin duda, somos innumerables. Sin embargo, pocos sabemos cómo surgió este tipo de vivienda en México, y que se puso en práctica no hace mucho tiempo; aunque esto sí: que tal vez ha llegado para siempre.

Todo comenzó hacia 1940, cuando el Estado decidió impulsar una vigorosa política en materia de vivienda. En efecto, de entonces a 1980, esa política pretendía responder a un concepto de justicia social característico de la posrevolución, el cual planteaba que la igualdad de oportunidades para todos fomentaría el crecimiento. La decisión de impulsar dicho crecimiento implicó insertar asuntos sociales en la definición política de la nación y por tanto actuar como enlace entre los distintos grupos nacionales.

Centro Urbano Presidente AlemA?n (CUPA). Archivo de la Palabra del Instituto Mora.

A partir de 1960 se registró una creciente participación del Estado en la economía y la sociedad, que evidencía su propósito de tutelar no sólo las actividades industriales sino las de asistencia social. La evolución industrial resultaba imprescindible para impulsar el desarrollo general, pero también exigía aumentar la asistencia social para conservar la tranquilidad política entre los trabajadores. En 1962 se creó el Programa Financiero de Vivienda que formó parte de la política desarrollada por el Estado para crear fideicomisos públicos y fondos para aumentar el crédito hacia el sector de la vivienda. El número de créditos otorgados trajo consigo el aumento de la cantidad de viviendas producidas con la intervención del sector público, la cual pasó de 4 200 viviendas en 1960 a 8 340 al final de la década.

La legislación concerniente a los derechos sociales, entre ellos el derecho a tener una morada, privilegió a las organizaciones por encima de los individuos, lo cual desalentó la figura de ciudadano para estimular la de los sectores agrupados en corporaciones reconocidas y relacionadas con el gobierno. Esto permitía que éstas obtuvieran diversas formas de bienestar, por encima de las reivindicaciones individuales.

Así, la concepción tutelar y corporativa del Estado moldeó los rasgos de la política habitacional seguida en México en esos años. Por una parte, a través de los organismos y dependencias oficiales, el gobierno tenía bajo su responsabilidad la prestación y provisión de bienes y servicios públicos. Por la otra, los trabajadores constituían la población llamada “derechohabiente”, es decir, aquella con acceso a esos bienes y servicios.

Centro Urbano Presidente AlemA?n (CUPA). Archivo de la Palabra del Instituto Mora.De esa manera, se instituyeron entonces un sinnúmero de organismos públicos encargados del financiamiento y la construcción de viviendas. También se incrementó la población beneficiada, la cual incluyó a la amplia gama de trabajadores y empleados de las dependencias gubernamentales y de las empresas públicas y particulares: burócratas de las secretarias de Estado y obreros de las industrias gubernamentales y privadas, reunidos en la Federación de sindicatos de trabajadores al servicio del Estado (FSTSE).

Una de las primeras muestras de la noción tutelar y corporativa del Estado posrevolucionario fue el multifamiliar “Centro Urbano Presidente Miguel Alemán”, construido en la Ciudad de México en la cuadra que forman las avenidas Félix Cuevas y Coyoacán y las calles de Parroquia y Adolfo Prieto, a finales de la década de los años cuarenta. El organismo público responsable de la prestación fue la dirección general de Pensiones Civiles y del Retiro fundada en 1940.

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