Jorge Luis Rodríguez Basora
Universidad de Yucatán
Revista BiCentenario #17
Que España pudiera emprender una invasión de reconquista fue preocupación prioritaria de nuestra política exterior durante los primeros años de vida del México independiente. Aunque las tropas realistas que permanecieron en el fuerte de San Juan de Ulúa después de 1821 fueron desalojadas cuatro años después, la Independencia aún corría riesgo, ya que al otro lado del golfo, en la isla de Cuba, el gobierno español gestaba planes para recuperar el dominio de sus antiguas colonias.
La gran cantidad de españoles que seguía en México representaba igualmente un peligro. Muchos de ellos, con varias décadas de residencia en América, no pudieron o no quisieron abandonar el país pese a sus simpatías por el viejo régimen. De allí que el gobierno del presidente Guadalupe Victoria autorizara varios decretos en donde se ordenaba la expulsión de aquellas personas que hubieran nacido en la ex metrópoli y residiesen en territorio mexicano. Las medidas ocasionaron la salida de cientos de ellos, aunque permitieron la estadía de un número significativo. Según el historiador Harold Sims, solo el 25% partió tras la expulsión.
En este marco surgió un conflicto en la frontera de México con el mar Caribe. El gran vínculo que Yucatán, y en especial la élite de Mérida, tenían con
Cuba, hizo que en la península se gestara un enfrentamiento político cuando el gobierno federal, al declarar la guerra a España, prohibió el comercio con cualquiera de los puertos que estuvieran bajo su dominio. Esto afectó directamente el intercambio entre el puerto de Sisal y La Habana, por lo que los comerciantes y la élite de Mérida llegaron incluso a hablar de separarse de México y volver al seno español. Esta situación hizo que el gobierno enviara a la península yucateca al general Antonio López de Santa Anna para restablecer el orden. Si bien el conflicto se solucionó y los yucatecos cortaron todo trato con la isla, el episodio dejó en claro la estrecha relación que perduraba entre los habitantes de ambos territorios.
Conforme el tiempo transcurría, aumentaban los rumores de que la expedición contra México era inminente, y los temores se acrecentaron en 1827, cuando fue descubierta una conspiración encabezada por el cura Joaquín Arenas, cuyo objetivo era restituir el poder español en México, lo que obligó al gobierno mexicano a permanecer atento ante cualquier situación que pudiera presentarse.
Esto sucedió en noviembre de 1828, cuando el comandante militar del puerto de Sisal comunicó a las autoridades de Yucatán que dentro de un barco procedente del puerto de Pensacola, en Estados Unidos, se había encontrado correspondencia dirigida a varias personas de las ciudades de Mérida y Campeche, de carácter sospechoso tanto por quienes aparecían como destinatarios como por quienes eran remitentes. En ella había, además, información y noticias referentes a la expedición contra la república, y más sospechoso aún, cartas escritas en un lenguaje cifrado.
Este contexto atrajo rápidamente la atención del Supremo Gobierno Nacional, el cual exigió al gobierno del estado que enviase las cartas tan pronto como fuese posible o, en su defecto, copias de ellas, ya que, con ayuda de éstas, resultaría posible desenmascarar algún tipo de conspiración que vinculara a la población local con gente de La Habana.
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