Omar Urbina Pineda
El Colegio de México
Revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 46.
La presencia de milicias mandadas por caudillos y caciques regionales representó un constante dolor de cabeza para el gobierno nacional y se convirtió en un factor que impediría que se configurara y consolidase en un ejército nacional después de la independencia de México.
Según el sociólogo alemán Max Weber, un Estado-nación, para ser considerado como tal, debe ejercer, mediante el ejército, el monopolio de la violencia en un territorio delimitado. Los gobiernos mexicanos de la primera mitad del siglo XIX no consiguieron hacer ninguna de estas dos cosas: ni organizar un ejército ni dominar un territorio. Durante estos años, los poderes regionales, encabezados por caciques y caudillos, estuvieron en una posición ventajosa con respecto al gobierno general; si bien este intentaba hacer valer su autoridad, aquellos siempre estaban presentes, ya fuera como aliados del gobierno o como los enemigos a vencer. Por ello, pese a los intentos por reglamentar un ejército permanente fiel al gobierno general, los poderes regionales fueron un factor que tomar en cuenta y la reglamentación de los cuerpos milicianos fue necesaria para procurar la pervivencia del régimen en turno, dificultando así la consolidación de un ejército fiel al poder central.
Al concluir la guerra de Independencia, el Ejército Trigarante era concebido como la institución protectora de la soberanía nacional, pero las diferencias entre los grupos que lo formaban comenzaron a revelarse. Agustín Iturbide, contrario al poder que habían adquirido las elites regionales, comenzó un proceso de fortalecimiento de la institución castrense mediante la desaparición de cuerpos de milicia provincial. Por su parte, los diputados del Congreso, representantes de las regiones, cuestionaron la existencia del Trigarante: para ellos, las milicias regionales, menos onerosas para el erario, eran el tipo de fuerzas que el país requería. Así, el ejército se convirtió en el garante del poder de Iturbide, mientras que la milicia cívica fue concebida como un cuerpo al servicio del poder legislativo que frenaría cualquier intento del ejecutivo por imponerse. En este contexto de conflicto, la cúpula del poder militar fiel a Iturbide lo proclamó “emperador de la América mexicana”, acrecentando las tensiones entre él y el Congreso. Los líderes regionales, no conformes con las tendencias centralizadoras del emperador, comenzaron a fraguar proyectos republicanos, por lo que Iturbide decidió disolver el Congreso en octubre de 1822.
Al poco tiempo de su disolución, el 6 de diciembre de 1822, el general Antonio López de Santa Anna se sublevó con el Plan de Veracruz. En el documento llamaba a los militares de carrera a que se unieran al movimiento, prometiéndoles la conservación de “todos […] sus empleos”. De igual manera, buscaba el apoyo de las provincias ya que aseguraba que “las compañías de milicias nacionales […serían] reputadas como provinciales, y gozarán el fuero militar”. De esta manera garantizaba la pervivencia de los cuerpos militares organizados por los líderes regionales y que eran el baluarte de su autonomía.
Por su parte, el 18 de diciembre, Iturbide proclamó el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano, por el cual el mando del ejército recaía en el emperador, quien tenía la facultad de “formar los reglamentos, órdenes e instrucciones necesarias”, así como “proveer a todos los empleos civiles y militares”. A su vez, estipulaba que “en cada capital de provincia, habrá un jefe superior político nombrado por el Emperador” y que “los mandos político y militar de las provincias, se reunirán en una sola persona”. Con esta maniobra, buscaba que los diferentes actores políticos del imperio –llámense caciques o caudillos– le fueran fieles, ya que sería gracias a él que habrían obtenido un cargo público. De tal modo, lograría un control de facto sobre las regiones al concentrar el mando político y militar en una sola persona.
Tanto Iturbide como Santa Anna reconocían el enorme poder político de los líderes locales y eran conscientes de que, para mantener un control sobre el territorio, tenían que llegar a un acuerdo con ellos. De esta manera, en el Plan de Veracruz y en el Reglamento Provisional estuvieron plasmados los términos en que se llevarían a cabo las discusiones políticas durante las primeras décadas de vida independiente.
Primera República Federal
El 1° de febrero de 1823 se promulgó el Plan de Casa Mata que desconoció a Iturbide y estableció un sistema republicano. Este nuevo movimiento tuvo mayor amplitud que el iniciado por Santa Anna (Plan de Veracruz) y un mes después, el emperador abdicó. Una vez derrocado Iturbide, se estableció un triunvirato cuya misión era convocar a un Congreso que se encargaría de elaborar una Constitución que rigiera al país. Si bien no había duda de que la Carta Magna debía ser republicana, las discusiones giraron en torno a si se optaría por una vía centralista o una federalista. Ante la presión de los diputados de Zacatecas y Jalisco y la amenaza de que estos territorios se separaran de la unión, se optó por la república federal.
El Acta Constitutiva de la Federación, de enero de 1824, y la Constitución del mismo año, proclamaron que la defensa del país recaería en tres cuerpos militares: el ejército permanente, las milicias activas y la milicia cívica. El mando directo de los dos primeros era prerrogativa del Ejecutivo, a quien le correspondía el nombramiento de oficiales del “ejército permanente, milicia activa y armada”, y que podía disponer de dichas fuerzas para la defensa del territorio nacional en contra de amenazas internas y externas. La milicia activa —o cuerpo provincial como se le conoció en un primer momento— tenía por objeto “servir de reserva y aumentar la fuerza del ejército permanente”, es decir, era parte integral de la institución. Sus miembros eran elegidos por sorteo y cada entidad federativa tenía que aportar un número determinado de hombres de acuerdo con su población.
La Constitución establecía que los estados no podían “tener en ningún tiempo tropa permanente […] sin el consentimiento del Congreso general.” Sin embargo, los líderes regionales tenían gran capacidad militar y cualquier atentado contra su autonomía podía ser motivo de rebelión. De tal manera, se reglamentó otro cuerpo militar, la milicia cívica, o local como también se le denominó, que se caracterizó por ser el baluarte del federalismo, es decir, el cuerpo militar encargado de defender la soberanía de los estados. A diferencia de las otras dos, el Congreso de la Unión era el encargado de “formar reglamentos para organizar, armar y disciplinar la milicia local”, mientras que eran las autoridades estatales las que tenían la facultad de nombrar oficiales.
Los integrantes de la milicia cívica eran todos los varones mayores de 18 años de la demarcación en la que se organizaba y se enlistaban voluntariamente, pero las autoridades locales podían organizar sorteos para cubrir las vacantes. La tropa elegía a los mandos medios —capitanes, sargentos y cabos—, mientras que la plana mayor —subtenientes, tenientes y coroneles— era designada por las autoridades locales. Estas milicias solo darían servicio en su localidad y el presidente de la república haría uso de ella únicamente mediante el “consentimiento del congreso general.” El que su mando y organización estuvieran bajo el dominio de las élites locales reflejaba el poder de caciques y caudillos, ya que estas fuerzas podían ser utilizadas ―como ocurrió― en contra del mismo ejecutivo.
Durante los años federalistas, dependiendo de la tendencia política de quien ocupara el ejecutivo nacional se daría un mayor apoyo a determinado cuerpo castrense. Así, cuando en 1830 subió a la presidencia Anastasio Bustamante, con un proyecto de carácter centralizador, el ejército fue fortalecido. Por el contrario, cuando 1833 el federalista Valentín Gómez Farías se hizo cargo de la presidencia nacional, se estableció que las milicias cívicas reemplazaran al ejército federal para mantener el orden interno del país; que se les entregaran todas las armas y municiones de los almacenes militares y el número de contingentes fuesen aumentados a consideración de los estados.
La República Centralista.
Una década después de haberse instaurado el sistema federal, el país se encontraba sumido en una crisis económica y las luchas intestinas asolaban el territorio. Ante esta situación, los llamados “Hombres de Bien”, quienes, como los define Michael P. Costeloe, eran antiguos borbonistas, iturbidistas y eclesiásticos, propusieron que la solución a los problemas del país estaba en la adopción de un régimen centralista. Así, en mayo de 1835 comenzaron a surgir pronunciamientos favorables a un cambio en la forma de gobierno. Aunque estos movimientos fueron bien vistos en el seno del gobierno general, estados como Zacatecas, Jalisco y posteriormente Coahuila y Texas se mostraron contrarios. Sin embargo, cuando las milicias zacatecanas, vistas como las más poderosas del país, fueron derrotadas por el presidente Antonio López de Santa Anna, en la ciudad de Cuernavaca se proclamó un plan que claramente expresaba la “libre y espontánea voluntad [de] que la nación sea constituida bajo la forma de un sistema de gobierno central.” Esta proclama fue atendida por las demás entidades y pronto se llamó a un nuevo Congreso para elaborar una constitución republicana y centralista.
De esta manera, el 30 de diciembre de 1836 se promulgaron las Bases y leyes constitucionales de la república Mexicana. Este código constitucional intentó una mayor centralización de las fuerzas armadas con el fin de ejercer sobre ellas un mayor control. En primer lugar, se eliminaron las milicias cívicas y se prohibió a los departamentos “adoptar medida alguna para levantamiento de fuerza armada”. En segundo lugar, al presidente de la República tocaba “nombrar a […] coroneles y demás oficiales superiores del Ejército permanente”, al igual que, “disponer de la fuerza armada de mar y tierra para la seguridad interior y defensa exterior”. Si bien en la Constitución de 1824 estas atribuciones estaban repartidas entre el Ejecutivo, el Legislativo y las gubernaturas estatales, ahora se concentraban en un solo individuo. Sin embargo, en la realidad el gobierno nunca tuvo los recursos para poder centralizar al ejército. De igual forma, los gobiernos departamentales y caciques regionales encontraron la manera de conservar sus milicias, dándoles diferentes nombres y haciéndolas pasar por compañías auxiliares del ejército.
Así, la primera república centralista, asolada por movimientos federalistas y guerras exteriores, cayó manos de un movimiento encabezado por tres caudillos que enarbolaban un proyecto centralista distinto. La llamada “revolución triangular” de 1841, encabezada por Mariano Paredes y Arrillaga, Antonio López de Santa Anna, y Gabriel Valencia, acabó con el gobierno de Bustamante y, mediante el documento conocido como las “bases de Tacubaya”, estableció una nueva Constitución centralista, en 1843, conocida como las Bases Orgánicas, la cual mantuvo la estructura básica del ejército propuesta por su predecesora. A pesar de las medidas económicas y políticas propuestas por los gobiernos centralistas, éstas no consiguieron mejorar la situación política del país. Así, después de una década de existencia, se regresó al federalismo en medio de uno de los conflictos más importantes en la historia del país: la guerra contra los Estados Unidos.
El retorno al federalismo
Al iniciar la Guerra entre México y Estados Unidos, al frente del poder ejecutivo mexicano se encontraba Paredes y Arrillaga contra quien, el 4 de agosto de 1846, un grupo federalista encabezado por el general Mariano Salas y por Gómez Farías se pronunció, mediante el Plan de la Ciudadela. Este movimiento tuvo un éxito arrasador y en tan sólo cinco días se estableció un nuevo gobierno en la capital, con dos objetivos muy claros: restituir el federalismo y hacer frente a la guerra. Para el primero, se reformó la Constitución de 1824 y para el segundo, se reglamentó a la Guardia Nacional.
El 11 de septiembre de 1846 se promulgó el Reglamento para la organización de la Guardia Nacional, institución que tendría la función de defender a la nación en caso de invasión extranjera. A diferencia de la milicia cívica, toda su oficialidad era electa popularmente y se incluía la peculiaridad de que la Guardia Nacional podía estar “en asamblea, en servicio de guarnición o en campaña. En los dos primeros casos quedará a las órdenes de los gobernadores y en el último a las del presidente de la República.” De esta manera, se buscaba que el Ejecutivo de la nación pudiera controlarla, ya que se abría la posibilidad de federalizarla en caso de necesidad. Por otro lado, el 21 de mayo de 1847 el Congreso constituyente publicó el Acta constitutiva y de reformas, en la que se decretó que era “derecho de los ciudadanos […] pertenecer á la Guardia Nacional”. Esto representaba un cambio significativo respecto a los textos constitucionales anteriores, ya que pertenecer a las fuerzas armadas ―que había sido manejado como obligación de los mexicanos― se convirtió en un derecho y, por tanto, traía consigo una serie de prerrogativas políticas.
La Guardia Nacional era al parecer la solución para poder controlar los cuerpos milicianos y, por tanto, a las regiones. Si bien los estados tenían la posibilidad de mantener en pie los cuerpos militares garantes de su autonomía, el gobierno federal tenía ahora la facultad de federalizar dichas fuerzas en caso de amenaza. Sin embargo, no fue así. Durante la guerra contra Estados Unidos, muchos estados se negaron rotundamente a enviar a sus Guardias Nacionales a combatir contra el ejército invasor, argumentando que sus localidades quedarían desprotegidas. Así, la pugna centro-región pervivió y tuvo graves repercusiones en el desarrollo del conflicto internacional.
La dictadura santannista
La guerra contra Estados Unidos representó una grave sacudida para el país, ya que no sólo perdió la mitad del territorio, sino que también hizo crisis la conciencia nacional. Los gobiernos de José Joaquín de Herrera (1848-1851) y Mariano Arista (1851-1853) trataron de elevar la moral de los mexicanos. Mediante el ensalzamiento de los héroes de la guerra, los monumentos a los caídos y una serie de eventos cívicos se quiso recuperar el patriotismo. En este proceso, la Guardia Nacional fue presentada como el pináculo de las instituciones liberales y como el ideal máximo al que un ciudadano mexicano podía aspirar. En contraposición, el ejército permanente fue señalado como responsable de la derrota y su prestigio decayó fuertemente.
A la par, personajes como Lucas Alamán veían en la dictadura la solución a los problemas del país. Según ellos, se requería de un hombre fuerte capaz de reunir en torno a su persona a todas las fuerzas políticas regionales y se pensó en Antonio López de Santa Anna, quien fue llamado a gobernar bajo una dictadura vitalicia y, de ser necesario, hereditaria. Si bien la dictadura santanista (1853-1855) duró poco tiempo, sí generó un documento que reguló al gobierno: las Bases para la administración de la república. Se eliminaron todos los reglamentos e instituciones de los años de la posguerra, entre ellos, los relativos a las Guardias Nacionales. Ahora, el ejército permanente fue considerado como el baluarte de la dictadura.
La muerte prematura de Alamán y de José María Tornel, que vertebraban la dictadura, la dejaron sin sus principales aliados, lo que provocó que perdiera poco a poco su legitimidad y poder político. Al mismo tiempo, los conflictos con las oligarquías locales se incrementaron ante las tentativas centralizadoras y las intervenciones del ejército en la dinámica regional. Así, estallaría la revolución de Ayutla, contraria a la centralización política, la cual acabó con la dictadura y abrió una nueva etapa en la historia del país.
PARA SABER MÁS
- Costeloe, Michael P., La República Central en México, 1835-1846.
“Hombres de bien” en la época de Santa Anna, México, FCE, 2000 - Historia de los ejércitos mexicanos, México, INEHRM, 2013.
- Ortiz Escamilla, Juan (coord.), Fuerzas militares en Iberoamérica, siglos XVIII y XIX, México, El Colegio de México, 2005.
- Vázquez, Josefina Zoraida (coord.), Práctica y fracaso del primer federalismo en México (1824-1835), México, El Colegio de México, 2012.