El norte novohispano. Olvidado, aislado y ajeno a la rebeldía

Revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 53.

Omar Urbina Pineda
El Colegio de México

En los años de la guerra de independencia tanto las provincias del oriente como del occidente del virreinato vivieron en conflicto permanente, pero vinculados a contextos locales y no tanto a las arremetidas insurgentes que pronto fueron controladas. Aceptaron y se sumaron tardíamente al Plan de Iguala. Ya independientes y con nuevas autoridades, la situación de aislamiento y olvido no se modificaría tras el triunfo y caída posterior de Iturbide.

Santa Fe, New Mexico, litografía a color en Henry Howe, The great west, Nueva York, Geo F. Tuttle, 1859.

En 1810, cuando el cura Miguel Hidalgo se levantó en armas, la llama insurgente prendió en todo el territorio de Nueva España. Las lejanas Provincias Internas no fueron ajenas a este proceso, pero, a diferencia del resto del virreinato, los levantamientos norteños fueron rápidamente reprimidos y la actividad insurgente en la región decayó por el resto de la década. Sin embargo, el ambiente durante los diez años de guerra civil no fue para nada pacífico. Fruto de la convulsión política y social iniciada en 1810, se intensificaron las incursiones indígenas ante la falta de pago de tributos; hubo rebeliones locales no relacionadas a la lucha independentista, y también se intensificaron los ataques de piratas, corsarios y filibusteros. Es decir, en el norte novohispano, a pesar de la poca actividad insurgente, se vivió un constante estado de guerra. En este contexto fue que, en 1821, llegaron las noticias de la promulgación del Plan de Iguala, iniciando así el proceso de consumación de la independencia en las Provincias Internas.

El oriente

La situación en los confines de Nueva España era muy compleja cuando llegaron las noticias del pronunciamiento de Iturbide. En primer lugar, las antes fieles compañías presidiales, encargadas de vigilar y proteger la frontera de cualquier ataque –ya fuera de extranjeros o grupos indígenas–, empezaron a dudar de la conveniencia de seguir obedeciendo al régimen virreinal. Esto se debió a que estaban sufriendo una crisis terrible. Si bien los recursos que se suministraban se les siguieron otorgando, aunque no con la regularidad con que se hacía durante la época borbónica, la inseguridad de los caminos hacía que estos no llegaran en su totalidad. A los presidiales se les debían muchos salarios, ya que eran soldados pagados directamente por la corona, y carecían de todos los pertrechos necesarios para desempeñar su labor. No había alimentos, municiones y, peor aún, monturas, las cuales eran fundamentales para perseguir a los indígenas que incursionaban en las poblaciones. Ante esta situación, muchos de estos militares comenzaron a buscar recursos por su propia cuenta y entablaron redes de comercio con quien tenían más cerca, es decir, con Estados Unidos. Alejados del centro de Nueva España, más aún, de la metrópoli, la conveniencia de un gobierno alterno empezó a surgir en la mente de estos personajes.

            Por otro lado, si bien es cierto que las Provincias Internas no alcanzaron a experimentar generalizadamente la politización provocada por la creación de los Ayuntamientos durante el primer constitucionalismo gaditano, muchas poblaciones, impulsadas por el alejamiento que tenían del resto del virreinato, empezaron a tomar las riendas de la política local. Principalmente esto se reflejó en el conflicto que había entre los Ayuntamientos de Saltillo y de Monterrey. El último había ocupado tradicionalmente el punto más importante de la política regional, ya que era la sede de la Comandancia General de las Provincias Internas de Oriente. Sin embargo, Saltillo era el lugar en el que se ubicaba la Tesorería Real, por lo que se encargaba de suministrar recursos a todas las regiones bajo su jurisdicción: el Nuevo Reino de León, Nueva Santander, Coahuila y Texas. Esta rivalidad se intensificó a finales del virreinato y el inicio de la conjura iturbidista fue el ambiente perfecto para buscar la primacía regional.

            Como puede observarse, en el noreste de Nueva España había un descontento generalizado desde diferentes niveles hacia la política virreinal. Por un lado estaban los presídiales molestos por la falta de pago de sus salarios; por el otro, los Ayuntamientos habían adquirido un enorme grado de autonomía durante todo el conflicto armado. A a su vez, existía un descontento general en las poblaciones ya que eran las principales afectadas por las incursiones indígenas, intensificadas desde el inicio de la lucha independentista. En este ambiente de crisis fue que llegaron a manos del comandante general y jefe político, Joaquín de Arredondo, las noticias del pronunciamiento de Iturbide y de la promulgación del Plan de Iguala. Arredondo había obtenido su puesto siendo parte de las filas de la contrainsurgencia, y su prestigio aumentó por haber participado en la represión de la expedición de Xavier Mina, de ahí que su puesto y sus privilegios se debieran al orden virreinal. Al haber sido promulgado el Plan de Iguala, Arredondo lo declaró “anticonstitucional” y pidió instrucciones a Juan Ruiz de Apocada, jefe político superior de Nueva España, sobre cómo debía proceder. Cuando este le ordenó que contuviera la influencia del movimiento trigarante en la región, el comandante general respondió que esto resultaba imposible ya que el estado de la tropa y, sobre todo, de los presidiales era muy precario, por lo que, si no recibía rápido suministros de guerra, no se haría responsable de lo que ocurriera en la comandancia general.

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