Gisela Moncada González
Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM.
En revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 27.
Terminada la guerra de Independencia las autoridades intentaron ordenar el comercio callejero en la capital. Había una necesidad recaudatoria del fisco pero también de generar espacios de confort para los habitantes. Los resultados no fueron los que se buscaban.
La venta de alimentos en las calles de la ciudad de México ha sido una práctica común a lo largo de nuestra historia. La recurrencia de puestos en cada esquina procede no sólo de nuestra herencia colonial, sino prehispánica. ¿Dónde se fijaban los puestos? ¿Qué se vendía en ellos? ¿En qué horarios se instalaban? ¿Qué medidas empleaba la autoridad para regularlos? Son varias de las preguntas que este artículo trata de responder.
Conviene precisar que a comienzos del siglo XIX, y desde antes, el comercio de alimentos en las calles de la ciudad de México era muy frecuente, no sólo porque no se contaba con mercados fijos y establecidos, sino porque resultaba una práctica común entre la población indígena llegar a la ciudad a vender sus productos. Diariamente ingresaban canoas con productos de la tierra, como se nombraba en la época a las frutas y verduras; la mayoría de los vendedores llegaban desde muy temprano de Xochimilco, Cuemanco, Chalco y Texcoco, y se establecían en algún tianguis, alrededor de alguna iglesia, en una esquina e incluso, en la Acequia Real.
Esta práctica de vender en cualquier sitio y no necesariamente en un mercado fijo se toleró durante todo el periodo colonial, ya que al no haber mercados de mampostería bien establecidos se permitió la instalación de tianguis en días específicos. La documentación de la época no muestra denuncias de los habitantes de rechazo a este tipo de puestos. Sin embargo, durante la guerra de Independencia (1810-1821), el comercio en las calles aumentó considerablemente y, por primera vez, la autoridad de la ciudad comenzó a ver como un problema la recurrencia de puestos fuera de los tianguis, en la periferia de estos y, sobre todo, en las principales calles.
La autoridad argumentaba que dichos puestos daban mal aspecto, denotaban falta de higiene y entorpecían el libre tránsito. Pero tras estos argumentos existía otro más importante, la autoridad iba perdiendo el control de la recaudación en el cobro del derecho de plaza, un impuesto que se cobraba a todo aquél que instalaba un puesto en cualquier lugar de la ciudad. El llamado derecho de plaza no se había cobrado a los indígenas durante casi todo el periodo colonial, pero a partir de 1821, cuando México se consolidó como nación independiente, el gobierno de la primera república federal introdujo la noción del contribuyen- te, y por lo tanto, comenzó a cobrarle a toda persona que vendiera cualquier producto, sin hacer distinción de si era indígena o no.
La generosa recaudación que el gobierno de la ciudad percibía del comercio obligó a las autoridades a ser más rigurosa en su control, ya que 70% de sus ingresos provenían de dos rubros: primero, la recaudación procedente del derecho de plaza; y en segundo lugar, el derecho municipal, que era el impuesto que se cobraba por la entrada de mercancías en las distintas garitas. Por ello, se buscó durante la primera república federal una política fiscal más eficiente que en el periodo virreinal y, en consecuencia, se incrementó la persecución del vendedor ambulante.