Faustino A. Aquino Sánchez
Museo Nacional de las Intervenciones
En revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 37.
En el país dividido de la primera mitad del siglo XIX, la legalidad se pretendía manejar con discreción. Mariano Otero la sufrió en carne propia, por eso el impulso que le dio a la figura jurídica del juicio de amparo. Pero también tuvo su papel destacado como congresista en momentos cruciales en que se usaba la guerra para fines personales, incluso por encima de los intereses del país.
Luego de las derrotas de Padierna y Churubusco los días 19 y 20 de agosto de 1847, el general y presidente Antonio López de Santa Anna celebró un armisticio con los invasores estadounidenses para iniciar negociaciones de paz. Estaba empeñado en que el Congreso avalara esta decisión, pese a que las relaciones exteriores estaban fuera de la órbita del legislativo y caían exclusivamente en el ejecutivo. Se trataba de la culminación de la política santannista de echar sobre el Congreso toda la responsabilidad de la paz y sus consecuencias, política que, a lo largo de la guerra, Mariano Otero intentó bloquear.
Entre los juristas e ideólogos más conspicuos del siglo xix mexicano se encuentra Mariano Otero, quien además destaca por su precocidad. A los 24 años de edad, en 1841, se inició en la política como delegado en la Junta de Representantes del estado de Jalisco y en 1842 fue electo diputado al Congreso Constituyente. Tenía renombre como ideólogo gracias a su Ensayo sobre el verdadero estado de la cuestión social y política que se agita en la República Mexicana (1842) y diversos artículos y discursos pronunciados hasta entonces, que le dieron autoridad para criticar la vida política nacional. Igual que muchos, diagnosticó que la inestabilidad política del país, con sus constantes cuartelazos y guerras civiles, se debía al profundo divisionismo que existía entre las diversas corrientes ideológicas y que la única solución era que cada una sacrificara parte de sus ideales para lograr la unión.
La unión mediante el sacrificio político siempre resultó quimérica y el Constituyente de 1842 lo demostró una vez más: en noviembre de ese año el grupo de Otero presentó un proyecto de Constitución liberal que fue rechazado por los militares conservadores el siguiente diciembre, lo que llevó a la disolución del Congreso y al encarcelamiento de Otero y varios correligionarios. Fueron incomunicados y sujetos a un proceso que violó varias leyes y derechos civiles, lo cual dio origen a una demanda por parte de Otero en la que señaló tales irregularidades. De este alegato derivó una idea básica del pensamiento jurídico: el poder del Estado debe estar subordinado al derecho. A partir de entonces, se dedicó a diseñar un código de garantías y derechos que pudiera defender a los ciudadanos de cualquier abuso de poder, resultando de este esfuerzo la formulación del Juicio de Amparo, ideado por primera vez por Manuel Crescencio Rejón e incluido en la Constitución de Yucatán el 31 de marzo de 1841, y que Otero se propuso incorporar a la Constitución general en la primera oportunidad.