Omar Urbina Pineda
El Colegio de México
En revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 53.
En los años de la guerra de independencia tanto las provincias del oriente como del occidente del virreinato vivieron en conflicto permanente, pero vinculados a contextos locales y no tanto a las arremetidas insurgentes que pronto fueron controladas. Aceptaron y se sumaron tardíamente al Plan de Iguala. Ya independientes y con nuevas autoridades, la situación de aislamiento y olvido no se modificaría tras el triunfo y caída posterior de Iturbide.
En 1810, cuando el cura Miguel Hidalgo se levantó en armas, la llama insurgente prendió en todo el territorio de Nueva España. Las lejanas Provincias Internas no fueron ajenas a este proceso, pero, a diferencia del resto del virreinato, los levantamientos norteños fueron rápidamente reprimidos y la actividad insurgente en la región decayó por el resto de la década. Sin embargo, el ambiente durante los diez años de guerra civil no fue para nada pacífico. Fruto de la convulsión política y social iniciada en 1810, se intensificaron las incursiones indígenas ante la falta de pago de tributos; hubo rebeliones locales no relacionadas a la lucha independentista, y también se intensificaron los ataques de piratas, corsarios y filibusteros. Es decir, en el norte novohispano, a pesar de la poca actividad insurgente, se vivió un constante estado de guerra. En este contexto fue que, en 1821, llegaron las noticias de la promulgación del Plan de Iguala, iniciando así el proceso de consumación de la independencia en las Provincias Internas.
El oriente
La situación en los confines de Nueva España era muy compleja cuando llegaron las noticias del pronunciamiento de Iturbide. En primer lugar, las antes fieles compañías presidiales, encargadas de vigilar y proteger la frontera de cualquier ataque –ya fuera de extranjeros o grupos indígenas–, empezaron a dudar de la conveniencia de seguir obedeciendo al régimen virreinal. Esto se debió a que estaban sufriendo una crisis terrible. Si bien los recursos que se suministraban se les siguieron otorgando, aunque no con la regularidad con que se hacía durante la época borbónica, la inseguridad de los caminos hacía que estos no llegaran en su totalidad. A los presidiales se les debían muchos salarios, ya que eran soldados pagados directamente por la corona, y carecían de todos los pertrechos necesarios para desempeñar su labor. No había alimentos, municiones y, peor aún, monturas, las cuales eran fundamentales para perseguir a los indígenas que incursionaban en las poblaciones. Ante esta situación, muchos de estos militares comenzaron a buscar recursos por su propia cuenta y entablaron redes de comercio con quien tenían más cerca, es decir, con Estados Unidos. Alejados del centro de Nueva España, más aún, de la metrópoli, la conveniencia de un gobierno alterno empezó a surgir en la mente de estos personajes.
Por otro lado, si bien es cierto que las Provincias Internas no alcanzaron a experimentar generalizadamente la politización provocada por la creación de los Ayuntamientos durante el primer constitucionalismo gaditano, muchas poblaciones, impulsadas por el alejamiento que tenían del resto del virreinato, empezaron a tomar las riendas de la política local. Principalmente esto se reflejó en el conflicto que había entre los Ayuntamientos de Saltillo y de Monterrey. El último había ocupado tradicionalmente el punto más importante de la política regional, ya que era la sede de la Comandancia General de las Provincias Internas de Oriente. Sin embargo, Saltillo era el lugar en el que se ubicaba la Tesorería Real, por lo que se encargaba de suministrar recursos a todas las regiones bajo su jurisdicción: el Nuevo Reino de León, Nueva Santander, Coahuila y Texas. Esta rivalidad se intensificó a finales del virreinato y el inicio de la conjura iturbidista fue el ambiente perfecto para buscar la primacía regional.
Como puede observarse, en el noreste de Nueva España había un descontento generalizado desde diferentes niveles hacia la política virreinal. Por un lado estaban los presídiales molestos por la falta de pago de sus salarios; por el otro, los Ayuntamientos habían adquirido un enorme grado de autonomía durante todo el conflicto armado. A a su vez, existía un descontento general en las poblaciones ya que eran las principales afectadas por las incursiones indígenas, intensificadas desde el inicio de la lucha independentista. En este ambiente de crisis fue que llegaron a manos del comandante general y jefe político, Joaquín de Arredondo, las noticias del pronunciamiento de Iturbide y de la promulgación del Plan de Iguala. Arredondo había obtenido su puesto siendo parte de las filas de la contrainsurgencia, y su prestigio aumentó por haber participado en la represión de la expedición de Xavier Mina, de ahí que su puesto y sus privilegios se debieran al orden virreinal. Al haber sido promulgado el Plan de Iguala, Arredondo lo declaró “anticonstitucional” y pidió instrucciones a Juan Ruiz de Apocada, jefe político superior de Nueva España, sobre cómo debía proceder. Cuando este le ordenó que contuviera la influencia del movimiento trigarante en la región, el comandante general respondió que esto resultaba imposible ya que el estado de la tropa y, sobre todo, de los presidiales era muy precario, por lo que, si no recibía rápido suministros de guerra, no se haría responsable de lo que ocurriera en la comandancia general.
Esta amenaza de Arredondo, que más bien era una forma de excusarse si el movimiento de Iturbide se intensificaba, resultó profética. A principios de julio de 1821 el cuerpo de granaderos de Saltillo, con el apoyo del jefe del Ayuntamiento y del gobernador Juan Elosúa, se levantó en armas en contra del régimen virreinal por las enormes cargas fiscales que, según ellos, Arredondo impuso en la región y se mostró afín al movimiento de Iguala. El comandante general trató de restar fuerza al movimiento trasladando la Tesorería Real a Monterrey y solicitando el auxilio del cuerpo Fijo de Veracruz. Sin embargo, ante las noticias del avance triunfante de Iturbide en el Bajío y de que en el Fijo de Veracruz había muchos iturbidistas, Arredondo no tuvo más opción que jurar el Plan de Iguala. Si bien de inmediato ordenó que todas las provincias a su mando hicieran lo mismo, estas juraron el Plan por separado, es decir, autónomamente, al grado de que la jura de Coahuila iba acompañada de una recomendación de Elosúa para que Iturbide desconfiara de Arredondo y lo destituyera.
En la provincia de Nuevo Santander también se habían llevado a cabo una serie de conjuras encabezadas por el capitán Juan Antonio Fernández y el cura Miguel Garza contra el gobernador José María Echegaray. Si bien Arredondo sabía de las conspiraciones, no hizo nada para reprimirlas. Por su parte, Echegaray, en busca de conservar su puesto en la política local, juró inmediatamente el Plan de Iguala, prácticamente al mismo tiempo que lo hacía Arredondo. Por su parte, la provincia de Texas estaba muy alejada de la política virreinal; sin embargo, era un punto estratégico de defensa, y, por lo tanto, era de las poblaciones más atacadas por piratas, estadunidenses, franceses e indios seminómadas. En todo el año 1821 habían incrementado los conflictos contra los indígenas comanches y lipanes de la región. Si bien el gobernador, Antonio Martínez, continuamente solicitaba apoyo de Arredondo, y este a su vez transmitía las llamadas de auxilio al virrey, los suministros no llegaban pues eran robados durante el camino. Por ello, cuando empezó a jurarse el Plan de Iguala en todas las Provincias Internas de Oriente, la promesa de paz y estabilidad sedujo a los texanos.
De esta manera, en un solo mes, julio, se desmoronó el régimen virreinal en una región que se había mantenido fiel al orden virreinal por todos los años que duró el conflicto armado. Algo similar ocurriría en el noroeste de Nueva España.
Occidente
Si para las autoridades del centro del virreinato las Provincias Internas de Oriente estaban lejanas, esta dificultad se agravaba con las de Occidente: la Nueva Vizcaya, Sonora, Sinaloa, Santa Fe de Nuevo México y las Californias. Las rutas terrestres eran aún más complicadas y la distancia a recorrer aumentaba. Asimismo, las rutas marítimas, que para algunos casos resultaban más sencillas de transitar, y para otros, como las Californias, imprescindibles, se vieron cortadas de tajo por la violencia independentista. En este sentido, el principal problema de esta región sería, como lo confirmó el comandante general Alejo García Conde, la falta de comunicación con ella y el pobre aprovisionamiento de las tropas virreinales.
La guerra de Independencia más que impactar bélicamente a la región, lo hizo de manera económica. Si bien la Tesorería Real de las provincias se encontraba en Chihuahua, esta población por sí sola no tenía los recursos suficientes para la manutención de las tropas, por lo que necesitaba de los suministros enviados del centro del virreinato, naciones indígenas de la zona, a cambio de que estas no atacaran las poblaciones novohispanas, provocando así la rebelión de estos grupos. En los últimos años de dominio virreinal, García Conde tuvo que enfrentar una cruenta rebelión de los indios ópatas que habitaban en Sonora, la que, si bien fue reprimida, ocasionó que la Tesorería de Chihuahua quedara en pésimas condiciones. Como es evidente, todos estos factores nos explican que, para el momento del pronunciamiento iturbidista, las Provincias Internas de Occidente se encontraran en muy mal estado en términos económicos, defensivos y militares.
Para julio de 1821 comenzaron a llegar a la región las noticias de que el Plan de Iguala había sido jurado por todas las Provincias Internas de Oriente. Si bien García Conde no era afín a las ideas independentistas, la precaria situación del noroeste no aseguraba una defensa eficaz de la corona española en la región. Curiosamente, el primer pronunciamiento se llevó a cabo en el Ayuntamiento de Real de Rosario, en Sinaloa, y fue encabezado por el capitán Fermín de Tarbé y el fraile Agustín de Chirlín. Este no tenía como finalidad la lucha por la independencia: los sublevados de Sinaloa lo hicieron en contra de las Cortes españolas y en defensa de los privilegios del clero. Asimismo, el clero sinaloense buscaba coartar la gran influencia que tenía el obispo de Durango, Juan Francisco de Castañiza, en la política regional.
A diferencia de Arredondo, García Conde no tuvo más opción que mostrarse afín al movimiento independentista, las pésimas condiciones de sus tropas le impedían actuar de forma eficaz contra las conspiraciones que comenzaron a prender en todo el territorio. También las noticias de que Juan O’Donojú había arribado a costas mexicanas a principios de agosto auguraban que la trigarancia resultaría vencedora en el conflicto, por lo que, por más que fuera contrario a ella, su supervivencia política dependía de jurar el Plan de Iguala. Más aún, la mala relación que tenía con el obispo de Durango lo colocó de lado de los sublevados, es decir, todos los factores apuntaban a que García Conde debía aliarse con Iturbide, lo que finalmente ocurrió.
Sin embargo, el obispo se negó obviamente a aceptar el Plan de Iguala, ya que la facción contraria a él se había sumado al movimiento. Por otro lado, recibió el apoyo de José de la Cruz, antiguo intendente de la Nueva Galicia, quien huyó hacia Durango una vez que fue derrotado en su región. García Conde no tenía las posibilidades de hacerle frente a la fuerza económica que poseía Juan Francisco de Castañiza y tampoco al ejército de José de la Cruz, por lo que tuvo que esperar hasta el mes de agosto, cuando fuerzas trigarantes al mando de Pedro Celestino Negrete llegaron para tomar Durango por las armas. Una vez que el 3 de septiembre la población capituló, Sinaloa, Sonora y toda la Nueva Vizcaya comenzaron a enviar sus juramentos a Iturbide.
Los casos de Santa Fe de Nuevo México y las Californias –aunque estrictamente hablando estas últimas no pertenecían a las Provincias Internas de Occidente– fueron muy similares a lo ocurrido en Texas, ya que ambas estaban muy alejadas del centro del virreinato. En Nuevo México la principal preocupación estaba en las incursiones de indios apaches en el territorio; en las Californias, la constante amenaza de los exploradores rusos que desde 1812 habían comenzado a establecerse en la zona. Para ambos casos, lo atractivo del Plan de Iguala fue la promesa de paz y estabilidad con la que se buscaría una mejor defensa de los territorios fronterizos. Nuevo México lo juraría el 11 de septiembre y California lo haría hasta enero de 1822, por lo que técnicamente terminó jurando el Imperio Mexicano, no el Plan.
Identidad propia
Pueden extraerse varias reflexiones del proceso de consumación de independencia en el norte novohispano. La primera de ellas es que en estas regiones la figura de Iturbide, tan importante en el resto del país, estaba diluida; sí, él era el aglutinador del movimiento, pero los juramentos del Plan de Iguala se dieron en contextos concretos de la dinámica social del norte novohispano. Por otro lado, a lo largo de la guerra de Independencia en las Provincias Internas las regiones se hicieron cargo del poder político ante la falta de control por parte de las autoridades virreinales; es decir, las provincias empezaron a adquirir una identidad propia distinta al del resto del territorio novohispano. A su vez, las regiones norteñas y fronterizas quedaron aisladas y comenzaron a hacerse cargo de su propio desarrollo ante la dificultad de la comunicación terrestre durante los años de guerra.
Por último, en este periodo es donde podemos observar el germen de las grandes pérdidas territoriales de mediados del siglo XIX, pues las regiones fronterizas estaban tan desconectadas del centro del virreinato que su jura al Plan de Iguala, y después su lealtad al gobierno mexicano, estuvo condicionada a una serie de demandas particulares: protección contra indígenas hostiles, un mejor suministro de recursos, colonización de la región, etc. Cuando estas demandas no obtuvieron respuesta durante los primeros gobiernos independientes, los ahora estados norteños no tardaron en declararse en rebeldía. Pero esto último es tema para otra ocasión.
PARA SABER MÁS:
- Ibarra, Ana Carolina (coord.), La independencia en el septentrión de Nueva España: Provincias Internas e Intendencias, México, Instituto de Investigaciones Históricas-UNAM, 2010.
- Velasco Ávila, Cuauhtémoc, La frontera étnica en el noreste mexicano. Los comanches entre 1800-1841, México, CIESAS, 2012.
- Weber, David J. M., La frontera norte de México, 1821-1846: el sudoeste norteamericano en su época mexicana, México, Fondo de Cultura Económica, 1982.