Kristina Pirker
Instituto Mora
Revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 52.
La frontera sur mexicana es mucho más que una línea. Tiene dos caras. De un lado, la cotidianidad de la convivencia cultural y económica de chiapanecos y guatemaltecos. Del otro, las políticas de seguridad nacional que siguen las autoridades y la influencia de las presiones estadunidenses. La victimización y discriminación de las personas migrantes en territorio mexicano continúa.
¿Qué quiere decir la palabra frontera para ustedes? La primera reacción ante la pregunta genera una sonora carcajada colectiva de las integrantes de Tzome Ixuk, una organización de mujeres tojolabales en el municipio chiapaneco de Las Margaritas. Para estas mujeres, quienes gestionan un albergue para mujeres migrantes centroamericanas y sus hijos, mi pregunta es una obviedad porque la frontera forma parte de su vida cotidiana. Lo que está lejos es “el gobierno”, el centro político-administrativo de México, donde se decide endurecer o moderar las políticas de control fronterizo que les afectan en su trabajo diario de atender a las mujeres que buscan refugio en su albergue. En la zona transfronteriza, las interacciones entre guatemaltecos y chiapanecos son continuas; por tanto, las similitudes suman más que las diferencias. Lo señala una de las mujeres: “Cuando llegamos allá, por ejemplo, en la parte de Guatemala, pues no nos distinguimos en nada, nada más que nuestra ropa o nuestra vestimenta, porque sabemos que a Chiapas lo dividieron nuestros gobiernos, y también Chiapas era parte de Guatemala. Por eso no nos distinguimos tanto y nos miramos como hermanos, como compañeras.” Para estas defensoras indígenas de derechos humanos, la idea de frontera como línea divisoria es antes que nada una imposición de los “gobiernos”, que no responde a la experiencia de vivir en los municipios fronterizos.
En el marco de una investigación interinstitucional financiada por el CONACYT sobre las condiciones del desarrollo regional transfronterizo entre México y Guatemala visité, entre junio de 2018 y mayo de 2019, a un conjunto de organizaciones que forman parte de la Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género, para documentar las estrategias locales y transnacionales de acción y comunicación que emplean para defender los derechos de las personas migrantes –especialmente las más vulnerables como mujeres, niños y niñas, o personas lgbt– en entornos hostiles marcados por discriminación, violencia criminal y acoso por parte de agentes gubernamentales. En las narrativas de los y las activistas emergieron diferentes imágenes, metáforas y descripciones de la frontera que revelan, por una parte, la inserción de sus prácticas de cooperación, participación y movilización social en la historia y cultura de la región transfronteriza y, por otra, lo limitado de representaciones de la frontera Chiapas-Guatemala como “frontera sur”, es decir, como un límite político (border)entre Estados-nación. Hay otras connotaciones que hacen referencia al carácter difuso y periférico, al territorio “de nadie” entre tierras colonizadas y tierras aún abiertas a la exploración y explotación –en inglés frontier–, lo cual condiciona la vida cotidiana del activismo transfronterizo. Y otra noción, centrada en los grupos sociales –étnicos, religiosos, lingüísticos– que habitan un espacio, resalta las delimitaciones, o boundaries, entre ellos, fronteras culturales o sociales, muchas veces en disputa, que reflejan relaciones de fuerza, formas históricas de interacción e intercambio, y con territorialidades que no necesariamente coinciden con los trazos de las fronteras internacionales.
La Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género es una red formada en 2010 entre organizaciones mexicanas (primordialmente chiapanecas) y organizaciones de los departamentos fronterizos de Guatemala, que comparten el propósito de promover, atender y defender los derechos de las personas migrantes, enfrentar las actitudes xenófobas y discriminatorias en contra de la población centroamericana, tanto en las comunidades locales como en instituciones gubernamentales, y ofrecer orientación a las personas migrantes sobre sus derechos y los peligros en las rutas migratorias, desde una perspectiva que reivindica la justicia de género. Una parte importante de las organizaciones se dedica a la atención de necesidades inmediatas –un ejemplo son los albergues–, otras son centros de derechos humanos que orientan y defienden a personas migrantes que fueron víctimas de actos de violencia, además de que asesoran a solicitantes de refugio. También participan ONG locales que se acercaron a la problemática en respuesta a la masificación del fenómeno y la integración a redes regionales dedicadas a la temática, y que combinan la atención directa con la investigación social, la capacitación y la denuncia de los factores estructurales –pobreza, desigualdad, conflictos por la tierra y los recursos naturales, violencia– que producen los desplazamientos humanos.
Identidades
Hay una coincidencia básica entre las personas entrevistadas: la frontera es “mucho más que una línea”, porque vivir en y de la frontera condiciona no sólo el activismo de derechos humanos, sino la vida cotidiana. Las múltiples referencias a las prácticas y dinámicas transfronterizas, en la narrativa de sus organizaciones, permite a los activistas ensamblar una identidad colectiva a diferencia de organizaciones defensoras de derechos humanos en otras partes del país, especialmente las de las ciudades capitales. Una primera marca de identidad reside en la recuperación de tradiciones organizativas que fueron clave para la construcción de un movimiento de derechos humanos anclado en dinámicas locales, pero vinculado desde sus orígenes a redes e instituciones transnacionales: las Comunidades Eclesiales de Base, la solidaridad con los refugiados guatemaltecos en la década de 1980 y la presencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Otra referencia central tiene que ver directamente con el significado de vivir en la frontera. Como explican los integrantes de Voces Mesoamericanas(organización en San Cristóbal de las Casas que trabaja con migrantes indígenas y sus familias), la cotidianidad transfronteriza incluye desplazamientos continuos entre Chiapas y Guatemala: sea para rentar y trabajar tierras de uno u otro lado de la frontera, “hacer el súper” en México o vender productos guatemaltecos, trabajar como jornalera, albañil o empleada doméstica en centros urbanos del Soconusco –como Tapachula–, “ir al doctor” en Guatemala y visitar a familiares de ambos lados de la frontera.
Otro rasgo distintivo de la región, que refuerza la sensación de pertenencia a un espacio cultural compartido, y diferenciado del centro o norte del país, es la presencia ancestral de los pueblos originarios. Lo explica un integrante de Voces Mesoamericanas:
Una frontera como la que tenemos en este lado donde lo que la divide son maizales, río, donde realmente no hay una frontera física, […] en el caso de esta región [Los Altos] y del Soconusco la frontera atravesó y separó a pueblos mames. Entonces, son pueblo mam de Guatemala, pueblo mam mexicano. O chujes, chujes mexicanos y chujes guatemaltecos, nos dábamos cuenta de que para ellos la frontera no existía porque se reconocían en un mismo territorio, por así decirlo.
Las descripciones de prácticas, lazos y sentimientos de pertenencia cultural y de identidad reflejan las dinámicas circulares o pendulares que históricamente han caracterizado al espacio transfronterizo, a contracorriente de los esfuerzos del centro político-administrativo mexicano por incorporar, colonizar y homogeneizar estos territorios, sobre todo desde la década de 1970. En la primera mitad del siglo XX, el gobierno federal prestaba poca atención a su frontera sur, dada las dificultades de acceso a la misma. Gracias a esta situación periférica, la región constituyó un espacio con sus propias lógicas socioculturales, moldeado por los movimientos circulares de sus habitantes entre Chiapas, Campeche, Guatemala y Belice. La migración laboral guatemalteca resultó crucial para la economía chiapaneca, y el papel de los comerciantes ambulantes de origen guatemalteco, que transitaban por la región, fue clave para abastecer a comunidades alejadas de los centros urbanos con utensilios domésticos y otros bienes. Incluso desde el porfiriato, comunidades indígenas kanjobeles y chuj emigraron a Chiapas para tener acceso a tierra cultivable, pero manteniendo lazos sociales, culturales y familiares con sus comunidades de origen en Huehuetenango. Durante la guerra civil en Guatemala, las comunidades asentadas en México recibieron a refugiados de sus pueblos de origen que buscaron escapar del genocidio. Pero el ir y venir de trabajadores y campesinos guatemaltecos contribuyó a que en la sociedad chiapaneca empezaran a fungir como una figura idónea para construir de modo simbólico a otro sospechoso –el delincuente, la mujer “quitamaridos”, el guerrillero–, estigmas que se extendieron con el tiempo a todas las personas provenientes de Centroamérica.
Una identidad construida con base en historia(s), rutinas cotidianas y rasgos culturales compartidos también permite establecer diferencias respecto a otras entidades. El centro y el norte de México se perciben más alejados y ajenos que Guatemala. Señalan las mujeres de Tzome Izuk: “la verdad, sólo me imagino la frontera con Estados Unidos porque para nosotros aquí no existe frontera. ¿Por qué? Porque como que es muy fácil tener acceso, es accesible pues pasar ahí, conocer Guatemala y todo, pero para irse a Estados Unidos para mí significa muerte, no sé, tristeza, porque mucha gente que se va ilegal se queda en el desierto o los matan ya ahí en el muro, por los policías transfronterizos […]”. Estos y otros testimonios permiten problematizar ideas dominantes en torno a una “frontera sur”, donde el flujo de las personas avanza sólo hacia una dirección –de Centroamérica hacía el norte–, porque recrea las dinámicas circulares que construyen una “frontera circular”.
Una frontera porosa
Si bien el relato de cada activista transfronterizo indica que los Estados no son los únicos que imponen delimitaciones, queda claro que son agentes decisivos, porque sus intereses geopolíticos y de seguridad nacional intervienen en y condicionan la vida de los que habitan y transitan por estas zonas fronterizas. La delincuencia organizada y la violencia paramilitar actúan en estos espacios liminales, muchas veces con la complicidad de las comunidades, pero, sobre todo, en contubernio con agentes gubernamentales, como lo describe acertadamente otro entrevistado que participa en el equipo del Servicio Jesuita al Migrante en Frontera Comalapa. En algunos casos, las bodegas clandestinas cerca de la frontera internacional son controladas por las comunidades locales, que vigilan a cambio de un “peaje” para dejar pasar la “mercancía”. Son rutas peligrosas por donde pasan contrabando, personas sin papeles y drogas, y que coexisten en paralelo con la gestión gubernamental de los flujos migratorios y de “securitización” de la frontera:
A mí algo [que] me parece muy chistoso, porque siento yo, que estas fronteras nuestras lo que quieren es copiar un sistema gringo, un sistema estadunidense, de cómo controlar. Sin embargo, establecen controles que parecen ridículos, ¿En qué sentido? Por ejemplo, tú vas a La Mesilla: están los centros migratorios y todo mundo pasa sin sellar pasaporte ni nada, pues nadie dice nada. […] del lado de la frontera, aquí más abajo El Carmen con Talismán o Ciudad Hidalgo y Tecún, que es la frontera que son las fronteras que nosotros conocemos, pues tal vez los grandes controles, ¿verdad?, y abajo pues pasando por los ríos la gente… nadie dice nada. Es eso, por eso yo le llamo como “legitimar la irregularidad”, porque eso pasa. Entonces, en este caso como hay una legitimidad de la irregularidad, se permite todo. Se permite el trasiego de mercancías, se permite el trasiego de drogas, se permite el trasiego de armas. Se permite todo. Se permite la trata de personas y eso es lo que implica tener legitimada esa irregularidad. Desde mi perspectiva, mi punto de vista, pues ha hecho mucho daño, ¿no? Hace mucho daño.
Desde la década de 1960, con el descubrimiento de nuevos yacimientos petroleros en el sureste y la presencia guerrillera en Centroamérica, el carácter periférico de la región y la porosidad de la frontera empezaron a ser vistos como amenazas a la seguridad nacional. En la perspectiva de los sucesivos gobiernos, el peligro de desestabilización política podría provocar en el gobierno estadunidense una búsqueda de mayor injerencia en los asuntos internos del país, sobre todo en el sureste. No obstante que los procesos de paz después de 1990 –en los cuales el papel de México como facilitador político fue relevante– llevaron a la desmovilización de los movimientos guerrilleros y la desmilitarización del Estado en Guatemala, Nicaragua y El Salvador, la percepción de nuevas amenazas contribuyó a que continuaran las políticas de militarización de la frontera Chiapas-México. A partir de entonces, la violencia criminal de las pandillas y del narcotráfico, así como el aumento de la inmigración indocumentada han servido de argumentos para incrementar dispositivos de control y vigilancia que cumplen además con funciones de contrainsurgencia, en el contexto de la irrupción del EZLN en 1994. Por otra parte, en 2001, el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York actualizó el interés geopolítico de Estados Unidos en la región. Como sucedió con el Plan Mérida, el “coloso del norte” ha procurado expandir sus capacidades de supervisión e injerencia en las políticas de seguridad del Estado mexicano con el objetivo de “externalizar” cada vez más su frontera sur para proteger su propio territorio.
La región fronteriza de Chiapas y Guatemala volvió a atraer la atención pública nacional e internacional con los incrementos de los flujos migratorios, en un contexto global que identifica cada vez más la migración como uno de los problemas centrales de las relaciones internacionales. De acuerdo con el Atlas de la migración en los países del norte de Centroamérica de la CEPAL, 3 018 000 migrantes atravesaron territorio mexicano entre 2005 y 2015. Con el paulatino cierre de la frontera de Estados Unidos a la inmigración, México dejó de ser un territorio en tránsito y se volvió destino “forzado” de miles de migrantes, principalmente centroamericanos, que optan por solicitar refugio debido a las situaciones de violencia extrema que los expulsan de sus países de origen. Según los datos de la Comisión de Atención a los Refugiados (COMAR), hubo solicitudes de refugio de 29 630 personas en 2018 (16 640 en Chiapas), y en 2019 fueron 70 609 (45 821 iniciaron el trámite en Chiapas). Es decir, las caravanas centroamericanas, que desde octubre de 2018 han buscado internarse en territorio mexicano para alcanzar la frontera norte o, en su defecto, solicitar refugio en México, fueron sólo los ejemplos más visibles –por su carácter organizado y una narrativa estructurada en torno al derecho al refugio–, de una tendencia prolongada de desplazamientos forzados de los países centroamericanos.
Aunque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador prometió inicialmente cambiar los ejes de la gestión migratoria hacia un mayor respeto a los derechos humanos y una desvinculación entre atención a personas migrantes indocumentadas y objetivos de seguridad nacional y de control fronterizo, no le fue posible cumplir el compromiso, a raíz de las presiones y amenazas del gobierno de Donald Trump de imponer aranceles a productos mexicanos si México no lograba detener el flujo migratorio. Por tanto, las políticas de la actual administración reproducen la dicotomía contradictoria, inaugurada durante el sexenio de Vicente Fox, de despenalizar la migración indocumentada (desde 2011 la internación sin documentos a territorio mexicano cuenta sólo como falta administrativa) y prometer proyectos ambiciosos de desarrollo e integración regional para el sureste mexicano y los países centroamericanos. Así sucedió con el Plan Puebla-Panamá de la administración de Fox, reconvertido bajo la presidencia de Felipe Calderón en el Proyecto Mesoamérica, y en 2019 en el Plan de Desarrollo Integral El Salvador, Guatemala, Honduras, México, diseñado por CEPAL a petición de las autoridades mexicanas.
Pero, por otra parte, con el argumento del combate al crimen organizado y al tráfico de personas la política migratoria sigue articulada a las políticas que refuerzan la frontera internacional, de acuerdo con un enfoque de seguridad nacional y de limitar el desplazamiento irregular de las personas por territorio mexicano para retornarlos a sus lugares de origen. Por esto, las metáforas de la frontera como obstáculo, violencia y “muerte” son las más negativas expresadas en las entrevistas, y con más claridad por los activistas guatemaltecos, quienes han observado o experimentado situaciones discriminatorias en los cruces oficiales. La sensación de tránsito más o menos seguro por los países y fronteras centroamericanas cambia al llegar a la frontera con México, donde los maltratos y abusos de los agentes fronterizos provocan miedo, frustración y, sobre todo, indignación. Por ejemplo, los entrevistados de la coordinadora indígena Gobierno Ancestral Plurinacional de Guatemala en Huehuetenango relacionan la imagen de la frontera con el trato discriminatorio de los agentes estatales mexicanos:
las autoridades migratorias son muy… malas, agreden a la gente, aunque tenga papeles, aunque no ha cometido ningún delito, pero siempre no nos quieren ver. No nos quieren ver, pero te dan los papeles, te dan tres días para entrar, pero con malas caras, no nos quieren ver pues. […] el concepto que yo tengo de la migración, de las autoridades, pues agreden más a nuestra gente, porque se dan cuenta que son indocumentados o están cruzando para llegar al otro lado […] Para mí la línea fronteriza significa impedir, impedir a la gente de visitar a otros lugares.
El número creciente de retenes y controles migratorios en la carretera y en las rutas históricas de tránsito, reforzados por el desplazamiento de destacamentos militares y policiacos, la estrategia de poner controles cerca de lugares que ofrecen asistencia humanitaria, como albergues, centros de derechos humanos, comedores, ha contribuido a que las personas migrantes busquen otras rutas, cada vez más difíciles, alejadas y peligrosas. Hacer etnografía en la región fronteriza de Chiapas y Guatemala permite documentar que continúa la victimización y discriminación hacia las personas migrantes en territorio mexicano, a pesar de la construcción de marcos normativos y discursos políticos basados en el compromiso con la migración regulada, segura, y basada en el reconocimiento de derechos. Aunque el muro de concreto se construye en el norte, las voces de defensores y defensoras de derechos humanos nos recuerdan que la frontera sur chiapaneca sigue siendo un “muro humano de la violencia” para las personas migrantes sin papeles.
PARA SABER MÁS
- Laboratorio Audiovisual de Investigación Social, Un paisaje fronterizo. Cruces e itinerarios en la línea México-Guatemala, Exposición, 2019, en: http://lais-interno.mora.edu.mx/expo/
- Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género, en https://transfronteriza.org/
- Región Transfronteriza México Guatemala, en http://www.rtmg.org/
- Villafuerte Solís, Daniel Y María Eugenia Anguiano Téllez (coords.), Movilidad humana en tránsito: retos de la Cuarta Transformación en política migratoria, Buenos Aires: CLACSO, 2020, en https://cutt.ly/Fh186a3
Esta investigación formó parte del proyecto Región Transfronteriza México-Guatemala. Dimensión Regional y Bases para su Desarrollo Regional,financiado por el CONAHCYT. Participaron las siguientes instituciones: CentroGeo, CIESAS, Colef, CIDE, ECOSUR, Instituto Mora, FLACSO(Guatemala), Universidad de San Carlos. Agradezco el apoyo de las organizaciones integrantes de la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género, especialmente Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Formación y Capacitación, A. C., Gobierno Ancestral Plurinacional de Guatemala (Huehuetenango), Asociación Pop No’j Huehuetenango, Servicio Jesuita a Migrantes-Frontera Comalapa, Tzome Ixuk Mujeres Organizadas, Voces Mesoamericanas.