Ana Victoria Gaxiola Lazcano
Instituto Mora
En revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 23.
Entre las primeras disputas políticas por un México democrático figura el intento del Frente Electoral del Pueblo (FEP) de participar en las elecciones que obtendría Gustavo Díaz Ordaz. No lo dejaron, pero la campaña y persistencia de sus integrantes a pesar de la persecución, el encarcelamiento y hasta el asesinato, sentó un precedente de participación ciudadana.
El 19 de abril de 1963 se dio a conocer la noticia del surgimiento del Frente Electoral del Pueblo (FEP) a través de un boletín de prensa. Allí se anunciaba la intención de formar un partido de extrema izquierda, el cual se convertiría en otra opción frente al Partido Revolucionario Institucional y los grupos de extrema derecha. Esta nueva agrupación política se organizaría de acuerdo con los lineamientos de la ley electoral vigente, a fin de poder participar en la contienda electoral de 1964.
El FEP declaraba que convocaría a los sectores populares, dentro de los que se incluía a obreros, campesinos, artesanos, maestros, intelectuales y estudiantes. Y anunció que postularía a sus propios candidatos, dando entender de esta forma que no buscarían aliarse con ningún otro partido. Por último, se daba por seguro que su candidato presidencial sería Braulio Maldonado, ex gobernador del estado de Baja California.
Días después, el 22 de abril, tuvo lugar una conferencia de prensa en la calle Shakespeare número 6, del Distrito Federal, donde fue presentada públicamente la plataforma de trabajo del FEP y se dio a conocer su junta nacional organizadora, la cual integraban, entre otros, Ramón Danzós Palomino,dirigente agrario del valle del Yaqui; Mario Hernández, dirigente del Consejo Nacional Ferrocarrilero; Braulio Maldonado; Manuel Terrazas, del Partido Comunista Mexicano (PCM); y Genaro Vázquez, de la Asociación Cívica Guerrerense (ACG).
En su plataforma política, el FEP se manifestaba a favor de la democratización del régimen político mexicano, el respeto y el derecho a la oposición, el desarrollo económico independiente del país, el pleno cumplimiento de la reforma agraria y la libertad de los presos políticos. También abogaba por la democracia sindical, la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres y, finalmente, la soberanía nacional.
El siguiente paso en la formación del FEP como partido con registro fue realizar asambleas estatales para la afiliación de miembros, con lo cual se buscaba cumplir uno de los requisitos de la ley electoral vigente. Dicho requisito especificaba que para recibir el registro como partido político, una organización debía contar con un mínimo de 75 000 afiliados en al menos dos terceras partes de los estados de la República.
Entre los meses de abril a junio de 1963, los miembros del FEP se abocaron a la tarea de cumplir el registro, objetivo que, según documentos consultados en el Archivo General de la Nación, lograron cumplir sin problema, ya que lograron reunir 83 483 afiliados en 25 estados de la república. El mayor número de miembros lo obtuvieron en Baja California Norte (9 370), seguido por Tamaulipas (5 829) y Michoacán (5 070).
Una vez que terminaron las asambleas de afiliación, los miembros del FEP presentaron su solicitud de registro ante la Comisión Federal Electoral, el 23 de junio. En este punto cabe mencionar que cuando surgió el FEP no existía una autoridad electoral autónoma. En ese entonces, los asuntos electorales eran competencia de la Secretaría de Gobernación, los cuales a través de la Comisión Federal Electoral (CFE) trataba con la organización de las elecciones, la dotación de registro a los partidos, la integración del padrón electoral y el conteo de votos.
A pesar de que en apariencia el Frente Electoral del Pueblo cumplía con todos los requisitos de la Ley Federal Electoral, el registro no le fue otorgado por las autoridades competentes bajo el argumento de que los documentos entregados por la organización eran fraudulentos. Según expertos en grafología y dactiloscopia de la Procuraduría General de la República, hubo irregularidades tales como la falsificación de firmas y la repetición de una misma huella digital frente a distintos nombres.
En términos generales, no resulta extraño que se le hubiera negado el registro al FEP, en tanto que éste constituía una nueva fuerza política con la que el gobierno mexicano no estaba dispuesto a tratar y a la que no le iba otorgar un lugar en el espacio político. Aun- que el régimen de la época puede ser considerado como autoritario, requería la inclusión de partidos de oposición para acreditarse como democrático. Sin embargo, a través de la Secretaría de Gobernación, se decidía qué oposición podía y debía ser admitida, y cuál excluía del juego electoral.
Ante la negativa de la Comisión Federal Electoral, los miembros del FEP decidieron presentar un demanda de amparo ante la Suprema Corte de Justicia, misma que fue rechazada por el juez segundo de distrito en materia administrativa, el licenciado Vicente Aguinaco Alemán, quien dijo que los fundamentos para rechazar la demanda de amparo fue- ron esencialmente en el sentido de que el juicio de garantías únicamente es adecuado para combatir violaciones a las garantías individuales, pero no a derechos políticos.