César Cruz Álvarez
Instituto Mora
Revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 54.
Las efervescentes demandas obreras de 1958 y 1959 por mejoras salariales fueron motivos de duros cuestionamientos de las instituciones patronales que reclamaban represión para ponerles un alto. El contexto de la guerra fría y el antagonismo capitalismo-comunismo potenciaban diferencias y desacuerdos.
En febrero de 1959, el boletín de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (CONCANACO) advirtió que la embajada de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) financiaba a los movimientos obreros del país. Desde la mirada de los hombres de negocios, el objetivo era romper la paz social y desestabilizar el gobierno de Adolfo López Mateos, quien había logrado reestablecer la confianza de los inversores privados nacionales y extranjeros, después de las numerosas huelgas del año anterior. Como consecuencia de las protestas sindicales de 1958-1959, las cuales marcaron un hito en la historia del movimiento obrero, en la prensa nacional y en otras publicaciones, como los boletines de las organizaciones empresariales, se desató una guerra de opiniones sobre el sindicalismo y la política laboral. Esta fue tan sólo una muestra de la polarización ideológica que vivía el país al final del gobierno de Adolfo Ruiz Cortines y el inicio de la gestión de López Mateos.
México vivió un periodo de desarrollo económico durante la década de 1940 debido a las condiciones impuestas por la segunda guerra mundial. Ante la dificultad de comprar mercancías en Estados Unidos o Europa, la industrialización fue la respuesta. Los sectores industriales y agrícolas cuyos productos eran destinados al exterior fueron los más beneficiados. Los ingresos por las exportaciones beneficiaron al gobierno y a la iniciativa privada; las ganancias se utilizaron para ampliar la base industrial, diversificar sus negocios o aumentar el gasto público. En consecuencia, los hombres de negocios se posicionaron como un grupo económicamente fuerte, aunque con limitada influencia política.
Después de 1953, el modelo económico presentó signos de agotamiento, en parte porque las exportaciones de materias primas como el algodón, habían disminuido drásticamente. En abril de 1954, ante el desequilibrio de la balanza de pagos, la inflación y la disminución de las reservas del Banco de México, el presidente Adolfo Ruiz Cortines y el secretario de Hacienda, Antonio Carrillo Flores, tomaron la decisión de devaluar el peso. Esta medida fue calificada como “drástica e impopular”, sobre todo por sus consecuencias en la economía de las familias. A partir de ese momento, el precio de los productos básicos –carne de res, tortilla, leche– aumentó de forma constante, golpeando una vez más el poder adquisitivo del sector obrero. Estos hechos generaron tensión y descontento entre los trabajadores, quienes habían soportado una política de contención salarial desde la década de 1940. Es decir, el crecimiento económico no benefició a todos por igual.
La situación estalló en 1958, cuando se registraron 740 huelgas que movilizaron a más de 60 000 trabajadores. Las protestas involucraron a empleados industriales y de servicios como maestros, telegrafistas y ferrocarrileros, cuyas actividades eran esenciales para el día a día en la vida del país. Ante esto, las organizaciones empresariales a través de Carta Semanal, publicada por la CONCANACO, y Confederación, de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (CONCAMIN), demandaron respeto a la paz social y al orden, el cual debía ser impuesto por el gobierno.
I
Los medios impresos construyeron entre 1958 y 1959 una interpretación de los movimientos sindicales. Por un lado, a través del consumo de los diarios de circulación nacional que llegaban a amplios sectores de la sociedad mexicana, y, por el otro, mediante publicaciones que se distribuían al interior del sector comercial e industrial del país. En algunos momentos, las opiniones vertidas tanto en unas como en otras publicaciones coincidieron en la forma de analizar y caracterizar a los movimientos y los líderes obreros.
La huelga en los telégrafos –6 de febrero de 1958– marcó el comienzo de las movilizaciones sindicales. Los trabajadores demandaban aumento salarial de 50% y la restitución de 27 de ellos. La prensa pronto descalificó tanto a los líderes del movimiento como sus peticiones. El 11 de febrero, el periódico El Nacional señaló que los trabajadores perseguían un “interés bastardo” que no correspondía con el “supremo interés social” del país. Por otro lado, los líderes telegrafistas –Ramiro Nivón, Ramón Salazar Quintero, Pedro Abrego, Eudomaro Zetina y Rodolfo Gómez Salas– fueron calificados de “jovencitos demagogos”, “aprendices de telegrafistas” y también se les injurió achacándoles antecedentes penales y psiquiátricos. Estos ataques duraron hasta el final de la huelga.
Así mismo, Carta Semanal reprodujo un correograma firmado por los presidentes de la CONCANACO, CONCAMIN, Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y de la Asociación Nacional de Banqueros (ANB), en el que solicitaban a Ruiz Cortines intervenir inmediatamente para solucionar el conflicto en los telégrafos, “que tantos perjuicios viene ocasionando al público general”. Mediante la publicación presionaron al gobierno a imponer su autoridad y preservar el orden social. Para los hombres de negocios no había ninguna justificación legal para la huelga, desestimando con ello las demandas de los trabajadores. Afirmaron que la interrupción del servicio “constituye un verdadero atentado al orden social y a nuestro régimen de derecho. Tolerar esa actitud es sentar un precedente que puede repetirse y provocar una anarquía general”.
Seis días después del inicio de la huelga, Ruiz Cortines dictó algunas medidas para solucionar las demandas de los telegrafistas. Estas contemplaron el ascenso a la categoría inmediata superior a todo el personal de la Dirección de Telecomunicación y de la Dirección General de Correos, para solucionar el problema salarial; pero no se mencionó nada de la restitución de los trabajadores. La propuesta del presidente ocasionó la división del gremio telegrafista, por lo cual, el 19 de febrero un sector de los trabajadores decidió reanudar labores en las centrales de Radio Mex y Radio Chapultepec. Los disidentes terminaron por aceptar el ofrecimiento presidencial y el 22 de febrero se restableció el servicio nacional e internacional, poniendo fin a una huelga de 16 días. De acuerdo con El Nacional, las pérdidas monetarias por el paro de labores ascendieron aproximadamente a 10 000 000 de pesos.
Después de la huelga de los telegrafistas, entre abril y mayo de 1958, comenzó a gestarse el movimiento ferrocarrilero. En estos meses también hubo importantes protestas de maestros en la ciudad de México, las cuales fueron encabezadas por el Movimiento Revolucionario Magisterial y su líder Othón Salazar. De forma paralela, en el mes de abril, los electricistas y los petroleros demandaron aumento a sus respectivos salarios y mejoras en sus contratos colectivos. En el caso de los trabajadores del riel, la sección 15 (Distro Federal) del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM) planteó solicitar un aumento salarial a la empresa Ferrocarriles Nacionales de México (FNM). En mayo, convocaron a una asamblea plenaria en la ciudad de México. Resultado de la discusión sobre el desequilibrio entre los salarios y el costo de la vida, la asamblea decidió constituir la Gran Comisión Proaumento de Salarios. Este organismo pugnó por un aumento de 350 pesos; mientras que la dirigencia del STFRM propuso solicitar sólo 200. Al final, las demandas del sector ferrocarrilero fueron: 1) aumento de 200 pesos mensuales para cada puesto de trabajo; 2) el incremento aplicaría también para los jubilados, y 3) retroactividad de estas concesiones a partir del 1 de enero de 1958. El rechazo de las propuestas de la Gran Comisión generó tensión entre las bases y la dirigencia sindical. Esto daría pie a que un sector del STFRM demandara su democratización.
Entre el 19 y el 21 de mayo, los ferrocarrileros presentaron sus demandas al gerente general de FNM, Roberto Amorós, sin obtener respuesta. Por ello, el 26 de junio el STFRM decidió suspender el servicio por dos horas, aumentando el tiempo en los siguientes días hasta llegar al paro total. Para no continuar afectando el transporte de pasajeros y mercancías, los trabajadores reconsideraron su petición de incremento salarial. Pero, de nueva cuenta, no fue posible un acuerdo y el paro de labores continuó. La falta de entendimiento orilló a Ruiz Cortines a intervenir en el conflicto, el mandatario ofreció aumentar a 215 pesos el salario, el cual fue aceptado y considerado como una victoria por parte de los ferrocarrileros.
En este caso, las organizaciones patronales se manifestaron tardíamente. No obstante, en la medida que el conflicto ferrocarrilero se prolongó, los ataques de los empresarios escalaron en virulencia, hasta el grado de hacer un llamado a la represión y respaldarla en marzo de 1959. Después de que los trabajadores aceptaron el aumento salarial, la CONCANACO, mediante un editorial en Carta Semanal, titulado “El peligro de la anarquía”, subrayó la necesidad de poner freno a las acciones del sindicato, las cuales sólo generaban intranquilidad y “naturalmente va minando la seguridad que ya hemos repetido reclama la inversión, la industrialización y el trabajo; pero, por otra parte, el primer afectado con esta serie de movimientos es nuestro Gobierno”. Según la publicación, más allá de las demandas salariales, el verdadero interés del movimiento ferrocarrilero era cuestionar la autoridad del presidente en turno.
Por ello, la CONCANACO exhortó a Ruiz Cortines a tomar medidas más enérgicas. El 6 de julio de 1958, mediante un desplegado, el presidente de la organización afirmó: “es de temerse que si no se toman de inmediato las medidas adecuadas para impedir radicalmente su repetición quede latente una amenaza de anarquía cuyas consecuencias serían posiblemente lamentables”. Esta declaración no tomó en cuenta los acuerdos alcanzados entre el gobierno y los ferrocarrileros; por otro lado, la organización empresarial no hacía explícitas cuáles eran las “medidas adecuadas” que el gobierno debía adoptar para encarar el problema; por lo cual, no descartaba el uso de la represión.
Posteriormente, el 14 de julio de 1958, una fracción de trabajadores, encabezados por Demetrio Vallejo, buscó democratizar el stfrm. Vallejo –quien representaba el ala democrática– fue electo secretario general del sindicato en la VI Convención General Extraordinaria. Sin embargo, la administración de fnm apeló los resultados y desconoció al nuevo comité bajo la premisa de violar los estatutos sindicales. En consecuencia, Vallejo convocó a suspender el servicio para presionar a la administración a reconocer su triunfo. Así, el 2 de agosto estalló un nuevo paro general.
Los métodos empleados por los trabajadores eran rechazados por los hombres de negocios. El sector industrial denunció que los paros, huelgas o mítines lesionaban el orden social de forma arbitraria. Entre julio y agosto de 1958, Confederación comunicó que “este paro injusto e ilegal, absurdo, además, por lo innecesario, viene a ensanchar la brecha que telegrafistas y profesores abrieron ya en la delicada estructura moral de la paz social que venía consolidándose tan lenta y tan meritoriamente por los tres factores decisivos de esa paz: Gobierno, iniciativa privada y trabajadores”. Esta interpretación no reparó en que tales medidas eran un recurso ante la falta de reconocimiento de las demandas obreras por parte de las direcciones sindicales y el gobierno.
La disputa por la dirigencia del STFRM llamó la atención del sector empresarial. En particular, del presidente de la COPARMEX, Mariano R. Suárez, quien declaró que los nuevos paros en los ferrocarriles eran motivados por “la agitación demagógica, que desprecia los intereses de todo el país, multiplica los daños a todos los sectores de la población y amenaza la vida económica de la nación entera”. El dirigente empresarial consideraba que era necesaria una transformación radical en la mentalidad y en los métodos de acción de los líderes sindicales. Si bien los hombres de negocios se enfocaron en las afectaciones económicas, no faltaron las acusaciones morales contra los dirigentes obreros. Los líderes ferrocarrileros fueron calificados de egoístas, violadores de las normas y promotores de paros absurdos. Para los empresarios, el conflicto dentro de los sindicatos demostraba un “divorcio entre líderes y masa de trabajadores […] sacrificando los verdaderos intereses profesionales –económicos, sociales y morales– de los trabajadores”. Las ambiciones de los líderes transformaban un conflicto interno “en lesión colectiva” para el país. Por ello, fueron constantes las comparaciones con el sindicalismo estadunidense, que era el único que comprendía su misión como organización de la clase trabajadora; su aparente carencia de ideología era motivo de elogio: “[…] No tienen, en absoluto, la menor inclinación hacia veleidades marxistas”; en cambio, los sindicatos mexicanos no servían a los intereses de los trabajadores y estaban sobreideologizados, según la visión empresarial.
Con el fin de evitar una crisis mayor en el transporte de pasajeros y mercancías, la gerencia de FNM negoció con Vallejo las condiciones para poner fin al paro, en particular lo relacionado con la elección del comité ejecutivo. En consecuencia, se organizó una nueva elección; Vallejo y su grupo obtuvieron un resultado arrasador de 59 759 votos a favor y fueron reconocidos por la administración ferroviaria. El aumento salarial y la elección de Vallejo representaron un parteaguas en las movilizaciones de 1958. No sólo las demandas económicas fueron importantes, el ánimo de democratización de los sindicatos mostró una ruptura con el corporativismo estatal, aunque no terminó por concretarse en estos años.
A finales de 1958, después de las victorias obtenidas por los ferrocarrileros, el STFRM solicitó un nuevo aumento salarial. La empresa argumentó no estar en condiciones para satisfacer la demanda; de nueva cuenta, los trabajadores presionarían con una huelga, la cual estaba programada para el 25 de febrero de 1959. Con el fin de prevenir una nueva suspensión del servicio, el 2 de febrero de 1959, el sindicato y el gobierno firmaron un convenio para buscar alternativas a la demanda salarial; sin embargo, los trabajadores de Ferrocarriles del Pacífico decidieron iniciar la huelga el 25 de marzo de 1959, en plena Semana Santa.
Por ello, el gobierno de Adolfo López Mateos decidió utilizar al ejército y a la policía para tomar las instalaciones en manos de los ferrocarrileros. Las organizaciones empresariales respaldaron esta decisión, la cúpula de la CONCAMIN declaró que “con especial satisfacción […] se solidariza con las medidas tomadas por el Ejecutivo Federal para reprimir los actos delictuosos cometidos por los dirigentes del gremio ferrocarrilero”. En su visión, México atravesaba un momento clave del proceso de industrialización; para consolidarlo era necesario mantener la paz social y evitar conflictos laborales, ya que estos sólo generaban desconfianza en los inversores.
Por otro lado, los presidentes de CONCAMIN, CONCANACO, COPARMEX y ANB respaldaron la represión gubernamental. En una carta dirigida al presidente declararon:
Con especial satisfacción nos dirigimos a usted para manifestarle que hemos visto la necesidad y plena justificación de las medidas tomadas por su gobierno para reprimir los actos delictuosos cometidos por dirigentes obreros del gremio ferrocarrilero, privando a la población en general de uno de los servicios de comunicación más importantes. La energía con la que se ha procedido es la manifestación indispensable del ejercicio de la Autoridad […] Deseamos patentizarle nuestra absoluta solidaridad con el espíritu de justicia y la finalidad patriótica con que se ha procedido.
Con el uso de la fuerza terminó el periodo de movilizaciones sindicales. Entre 1958 y 1959, el movimiento obrero organizado presentó diferentes desafíos al gobierno y al sector empresarial mexicano. Este utilizó los medios disponibles para desacreditar a los líderes obreros y sus demandas, mientras que presionó a las autoridades para imponer el orden.
II
A pesar de que la prensa, los funcionarios del gobierno y las organizaciones empresariales reconocieron la frágil situación económica de los trabajadores en 1958, cuando estos optaron por acciones más contundentes –paros y huelgas–, los medios deslegitimaron sus luchas y a los líderes mediante un discurso sustentado en las condiciones nacionales y en el clima internacional de conflicto ideológico propio de la guerra fría, el cual tenía fuerza entre la sociedad mexicana. Los empresarios nacionales no fueron ajenos a este proceso.
El discurso del sector empresarial estuvo permeado de un componente ideológico: acusaron a los líderes obreros, en particular a los del movimiento ferrocarrilero, de antipatriotas, de “servidores de las tendencias comunistas”, cuyo único objetivo “consiste precisamente en estorbar este proceso [de crecimiento económico], para que un ambiente de miseria y de descontento, proporcione un terreno bien abonado para cualquier movimiento violento”. Una apreciación que, por un lado, no tomaba en cuenta la contención salarial y el aumento de los precios; y, por el otro, tampoco apreciaba el descontento que existía entre los trabajadores con sus cúpulas sindicales. Además, los empresarios reprocharon la “excesiva tolerancia” de los gobiernos de Ruiz Cortines y de López Mateos contra quienes cuestionaban el orden social. Mediante sus publicaciones, los hombres de negocios rivalizaron con el movimiento obrero y difundieron una imagen negativa de las protestas sindicales, la cual sirvió para presionar al gobierno a ejercer acciones contundentes para restablecer el orden.
PARA SABER MÁS
- Alonso, Antonio, El movimiento ferrocarrilero en México 1958-1959. De la conciliación a la lucha de clases, México, Era, 1975.
- Camp, Roderic, A., Los empresarios y la política en México: una visión contemporánea, México, Fondo de Cultura Económica, 1990.
- Millán, René, Los empresarios ante el Estado y la sociedad (crónica de un sujeto social), México, Siglo XXI, 1988.
- Reyna, José Luis y Raúl Trejo Delabre, La clase obrera en la historia de México. De Adolfo Ruiz Cortines a Adolfo López Mateos (1952-1964), México, Siglo XXI, 1996.