Marisa Pérez Domínguez
Instituto Mora
En revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 59.
En febrero de 1915, Abel Ortiz Argumedo dirigió una rebelión contra los enviados del carrancismo, con el fin, decía, de recobrar la soberanía interna de la entidad sin romper con el poder central. Al mes siguiente, el general Salvador Alvarado, por órdenes de Carranza, aplastó la revuelta que respondía a los intereses de los hacendados locales.
Tras la entrada de las tropas constitucionalistas a la ciudad de México en 1914, Venustiano Carranza procedió al nombramiento de los gobernadores, procurando que estos fueran nativos de la entidad que iban a dirigir. Para hacerse cargo de Yucatán, fue designado el mayor de ingenieros Eleuterio Ávila, nacido en Valladolid, aunque radicado fuera del estado desde hacía muchos años.
Ávila se hizo cargo del gobierno provisional y de la comandancia militar de Yucatán en septiembre de 1914, con el ánimo de “amplia concordia” y la consigna de hacer sentir los “beneficios” de la nueva administración “a toda la familia yucateca sin distinciones odiosas. Se propuso “cuidar de que en ningún momento queden sin las necesarias garantías las vidas y los intereses de nacionales y extranjeros”.
Para avalar el orden en el estado, el nuevo gobernante emitió un conjunto de decretos, pero el que mayor impacto generó fue el relacionado con la libertad de los jornaleros, medida que “atentaba” contra los intereses de los hacendados, pues abolía el peonaje forzado por deudas y anunciaba que los trabajadores serían libres de permanecer o no en las fincas y de contratarse con quien les conviniera hacerlo. La medida cayó como balde de agua fría y los henequeneros comenzaron a ejercer presión sobre el dirigente, quien finalmente accedió a modificarla, expidiendo circulares que ante tantas rectificaciones culminaron en la inoperancia del decreto original.
No obstante, y pesar del “triunfo” que los hacendados obtuvieron en este rubro, pronto recibieron un revés económico, pues otro decreto ordenó un empréstito, formado con el capital de comerciantes y banqueros, para la adquisición de armamento y pertrechos destinados al ejército constitucionalista; se trataba de un préstamo forzoso de 8 000 000 de pesos que serían cubiertos por todos aquellos que poseyeran capitales mayores a 100 000 pesos.
Venustiano Carranza y su secretario de Hacienda, Luis Cabrera, conocían del potencial económico de Yucatán, por lo cual intentaron prescribir un impuesto adicional a la exportación de la fibra de henequén, como “una contribución de guerra”, establecida directamente por las autoridades estatales, tema que causó rispidez con el gobernador Ávila. Tal imposición, advirtió Ávila, llevaría al fracaso más absoluto y con el peligro de que la revolución armada se propagara de inmediato a suelo yucateco.
El gobernador manifestó al secretario Cabrera lo siguiente: “Ustedes no conocen allí la idiosincrasia especial del pueblo yucateco. Hay que verla, hay que estudiarla para poderse formar una idea perfecta de lo que conviene hacer”, y añadió que, de no ser “aprobadas” sus sugerencias, solicitaría su relevo y la designación de otra persona para cumplir la orden, la cual, insistía, estaba seguro de que equivalía a “matar a la gallina de los huevos de oro” y se perdería absolutamente Yucatán para la causa.
Al tema de la política financiera se sumó la renuencia de Ávila a renovar la leva y embarcar batallones locales hacia el centro y norte del territorio mexicano. La insistencia federal de que el batallón Cepeda Peraza, acantonado en Mérida, fuera trasladado a Veracruz, provocó su rebelión a principios de enero de 1915, pero pronto fue reprimida por el gobierno local con el apoyo del comandante militar de la plaza, el coronel Abel Ortiz Argumedo.
Ávila fue retirado del cargo, finalmente, y se designó como interino el coahuilense Toribio de los Santos, personaje ajeno a la “patria chica”, pero más dispuesto a acatar los requerimientos del movimiento constitucionalista. Llegó acompañado por personajes ajenos a Yucatán y reconocidos por su elocuencia y radicalismo. Entre las acciones que emprendió, la que más caló en la elite yucateca fue la derogación de las circulares expedidas por su antecesor, que se relacionaban con el ya citado decreto de liberación de los peones del campo. Disgustados, los hacendados argumentaron que a las nuevas autoridades les movía únicamente la codicia, después de que los yucatecos enviaran recursos económicos para la causa revolucionaria. Esta circunstancia, al parecer, había atraído agitadores a la entidad, los que no se cansaban de “proferir insultos y calumnias en contra de los yucatecos, difamando a nuestras mujeres y gritando que la dignidad es algo que desconocemos”.
La presencia de los “fuereños” comenzó a generar un ambiente contrario a todo lo que representaba la revolución y, según las fuentes contemporáneas, los recién llegados no alcanzaron a advertir la profundidad del descontento que estaban creando. Se decía que “la llama estaba encendida y sólo hace falta un soplo que la convierta en hoguera, y ese soplo puede provenir de cualquier incidente que colme la medida de la paciencia y que produzca una conflagración difícil de detener”.
Aprovechando el complejo e intrincado momento, Abel Ortiz Argumedo, comisionado para dirigir la campaña contra los rebeldes del batallón Cepeda Peraza, encontró la oportunidad para organizar un movimiento en contra del gobernador interino, bajo la consigna de “recuperar el gobierno de Yucatán ocupado por el ‘usurpador’ Toribio de los Santos”. En realidad, respondía a los intereses de un sector de la elite yucateca que, a toda costa, buscaba impedir que se ejecutaran las leyes revolucionarias que afectaban de forma directa en sus peculios.
Ortiz Argumedo sostuvo que su levantamiento se sustentaba primordialmente en los agravios que habían recibido los yucatecos por parte de De los Santos y los revolucionarios que le acompañaban. Justificó y articuló la “idea” de la defensa de Yucatán, arguyendo que era indispensable hacer frente al desorden y las arbitrariedades de los “santistas”, para lo cual dejó muy claro que la sublevación no significaba un rompimiento con el constitucionalismo. Todo apunta a que la respuesta de un amplio sector de la población fue positiva, pues se levantó en armas en contra del gobierno local, lo que propició la huida de De los Santos y sus fuerzas rumbo a Campeche.
El discurso de Ortiz Argumedo era convincente, pues centró sus ataques en contra de los gobernadores “extraños” a Yucatán, alocución que cayó en buen terreno pues, con él, logró aglutinar alrededor de la “causa” a una vasta porción de la sociedad, generando reticencia en contra de todo aquello que proviniese de afuera de la entidad. Sumo cuidado tuvo en advertir que la bandera del movimiento no era el separatismo –tema sensible y delicado–, sino que se trataba de defender la soberanía constitucional de Yucatán.
Visto desde la perspectiva de la “patria chica”, como han apuntado algunos historiadores, ¿quién podía negarse a suscribir y apoyar un llamamiento con esos propósitos?, ¿quién podía negarse a seguir un movimiento de esa índole e, inclusive, alistarse en las filas militares para combatir por la causa? De ahí que, para apoyar la sublevación de Ortiz Argumedo, se produjo un movimiento visiblemente popular, con arraigo en fuertes sectores de la ciudadanía yucateca.
Gobernador “accidental”
El movimiento “soberanista” conducido por Ortiz Argumedo hizo su entrada triunfal a la capital del estado el 12 de febrero de 1915. Las “tropas yucatecas” fueron recibidas con “espontáneas y estruendosas manifestaciones del más ardiente júbilo”. Según las fuentes contemporáneas, “todo” el pueblo acudió a presenciar la llegada del “nuevo caudillo”, quien capitalizó la derrota de los “santistas” y se constituyó en jefe de la rebelión que todos comenzaron a llamar argumedista. En la recepción de sus fuerzas por los habitantes de Mérida, se codeaban “indios con sus delantales y sus coas de cortar pencas, mestizos con sus blancos trajes y taconeantes alpargatas, empleados, estudiantes, comerciantes, hacendados, viejos, niños y mujeres que gritaban entusiastas vivas”. El estado parecía estar de fiesta, pues por todas partes se organizaron manifestaciones y de todos los pueblos y ciudades se enviaban adhesiones al nuevo gobierno. De hecho, según las crónicas, la causa soberanista recibió un importante apoyo a la iniciativa de “ir resueltamente al sacrificio de la vida”, con la firme convicción de que “de nada valía la sangre que se derramara y las cabezas que rodaran ante la anhelada soberanía yucateca”.
Ortiz Argumedo se reunió con los principales militares que secundaron la sublevación para sentar las bases del nuevo estado de cosas en Yucatán, reiterando que no era contrario a Venustiano Carranza. En ese encuentro, se decidió que él se haría cargo del gobierno que dieron por llamar “accidental”. A continuación, se dirigió telegráficamente a Carranza para explicarle los acontecimientos que se habían registrado y expuso las razones por las que se manifestó en contra del gobierno establecido. Señalaba que el pueblo yucateco, celoso del orden y respetuoso con la autoridad, amante de “la libertad sin orgías de libertinaje”, quería el “bienestar sin el pillaje y el robo”, razón por la cual esperaba de la revolución lo que se necesitaba: “la efectividad de su soberanía, la realidad de su libertad interior, su gobierno propio”, pues la falta de lo anterior había sido causa perenne de los numerosos males de Yucatán.
En el largo comunicado a Carranza, en ningún momento Ortiz Argumedo planteó una ruptura con el constitucionalismo; por el contrario, refrendaba su subordinación al movimiento. Aunque, y como era de esperarse, para el primer jefe lo que estaba sucediendo en Yucatán no era otra cosa que una rebelión abierta, reflejo de la desobediencia e indisciplina. Visto desde otro ángulo, lo que el gobernador “accidental” y sus aliados, los hacendados, pretendían, “era constituirse en el poder político y militar y forzar [lo] a tratar con ellos de poder a poder, que las cosas se hicieran en Yucatán como a sus intereses conviniera y no como el desarrollo que la revolución requería”.
Carranza no respondió y el gobernador Argumedo, atento a ese silencio, tomó medidas precautorias para enfrentar las inminentes acciones militares que los carrancistas emprenderían para recuperar el control de Yucatán. En ese contexto, La Revista de Yucatán publicó que “Todo Mérida estaba sobre las armas” y que en la capital del estado había gran agitación y preparativos de organización militar. En una de sus ediciones, informaba: “Ha comenzado sus ejercicios militares el batallón de comerciantes.” No obstante, conforme los días fueron corriendo, este mismo medio enmudeció.
El 18 de febrero, Ortiz Argumedo recibió un telegrama de Alvarado en donde le informaba que Carranza lo había designado gobernador y comandante militar de Yucatán, en virtud de lo cual le pedía rendición incondicional, pues de lo contrario procedería con la fuerza de las armas. Ante esta amenaza, el gobernador “accidental” procedió a reconcentrar a las tropas territoriales en la capital yucateca para elaborar un plan de defensa.
El plan de Ortiz Argumedo tuvo pronta respuesta de un sector importante de la sociedad yucatanense, que procedió a adherirse a la causa soberana y defenderse de la perentoria entrada de las tropas alvaradistas procedentes de Campeche.
Para lograr que el gremio de los maestros participara en esta empresa, el director general de Educación Pública se dirigió a los inspectores escolares solicitándoles invitar a los profesores a alistarse en los diversos batallones de voluntarios, a fin de apoyar la labor de “defensa del honor yucateco, amenazado desgraciadamente por un grupo de malos mexicanos”. Para encender el “sentimiento patriótico”, se les señaló que no bastaba con que cada uno de los maestros se alistara en un batallón y concurriese a recibir la instrucción militar necesaria, sino que era preciso, además, que todos y cada uno de ellos hiciera una labor “de conquista de las voluntades tibias de aquellos ciudadanos que, por falta de cultura, no esté en posibilidad de comprender todo el alcance de la situación actual y de orientar por tanto su actividad” de forma serena. Se trataba, en suma, de encauzar el criterio popular “por el buen sendero e inyectar después energías por medio del ejemplo”. La divisa sería: “Morir con honra vale más que vivir con oprobio.”
El exhorto al contingente educativo tuvo inmediata respuesta, pues profesores de diversas escuelas manifestaron a Ortiz Argumedo que, animados por la percepción y el sentimiento de peligro inminente para la patria, se ofrecían de manera espontánea para salvarla de los “desprovistos de amor a la patria de Quintana Roo y Cepeda”. Señalaban que, aunque no podían ofrecer pericia militar, sí podían ofrendar el entusiasmo y la energía, y proponían se formara una brigada especial de profesores con el nombre de Eligio Ancona, que tendría el “grande honor de derramar su sangre por esta patria bendita”, pues tenían el orgullo de haber consagrado los mejores años de sus vidas a “infiltrar en la conciencia de la niñez los principios de la moral y es nuestra voluntad, que en estos momentos solemnes, con nuestro ejemplo, darles la mejor y más brillante lección de civismo”.
A la llamada en defensa del “honor” yucateco, se sumaron también profesionistas, obreros, hacendados, periodistas y gentes “de todas las clases sociales” que acudieron a “apuntarse” en los registros del batallón de voluntarios del comercio, y se afirmaba que iban llenos de entusiasmo a ofrecer sus vidas al servicio de la causa de la soberanía de Yucatán, conscientes de la gravedad de lo que hacían y no empujados por ninguna propaganda “histérica”. La también llamada brigada del Comercio estaba compuesta por más de 300 plazas, con jóvenes de quince a 25 años, provenientes de lo “más florido de nuestra sociedad”. Un importante número de estudiantes del Instituto Literario se sumó a la causa.
Pese a que el llamado a la defensa de la soberanía parecía tener éxito, Ortiz Argumedo continuó buscando una solución pacífica, razón por la cual se dirigió a los presidentes de la Liga de Acción Social, la Cámara Agrícola de Yucatán, la Cámara de Comercio, el Centro de Dependientes y al jefe de la Sección de Inmigración y Trabajo, a quienes manifestó tener noticias de que en el vapor estadunidense Morro Castle, que se encontraba en el puerto de Progreso de paso hacia a Veracruz, viajaban dos personajes cercanos a Carranza, Carlos Douglas y Eliseo Arredondo, por lo que resultaba conveniente dar a conocer, a través de ellos, el verdadero carácter del movimiento que derrocó a De los Santos y la situación que reinaba en Yucatán, así como los propósitos de su gobierno. Lo importante era que supieran del “espíritu público y el carácter de los sucesos que en ese momento absorbían la atención y todas las energías del gobierno y del pueblo yucateco”. Sin embargo, la iniciativa no tuvo éxito.
Ahora bien, para sostener el movimiento soberanista se necesitaban recursos económicos con los cuales no contaba el gobernador “accidental”, lo que lo llevó a solicitar un anticipo de contribuciones a hacendados y comerciantes. Asimismo, a través de un decreto, informó a la población que, por las excepcionales circunstancias y la necesidad de generar recursos extraordinarios para los gastos que demandaba la defensa de la soberanía estatal, había establecido una contribución especial sobre la producción de la fibra de henequén, apoyada incluso por la mayoría de los productores. Con lo obtenido, el gobierno argumedista planeaba la adquisición de pertrechos de guerra en La Habana, Cuba.
Pese a los esfuerzos para hacerse de armas y mantener el movimiento soberanista, este se hallaba destinado al fracaso, porque carecía de la capacidad militar para enfrentar a las tropas del general Alvarado, quien contaba con más de 7 000 hombres, armamento suficiente, caballería e, incluso, dos aviones que garantizaban sobradamente su victoria.
A principios de marzo, La Revista de Yucatán informó sobre el avance de las tropas de Salvador Alvarado, diciendo que venía “asesinando, saqueando, destruyendo haciendas e incendiando pueblos”, noticias que fomentaron un clima de odio en contra del general sinaloense. Las fuerzas rebeldes, con un poco más de 1 000 hombres mal armados, tuvieron los primeros enfrentamientos con los soldados de Alvarado en la hacienda Pocboc y Blanca Flor, en donde la superioridad alvaradista los hizo replegarse hacia Halachó, en los límites con el estado de Campeche. El resultado fue la derrota y el consecuente aprisionamiento de muchos de los integrantes de la Brigada del Comercio, jóvenes voluntarios pertenecientes a familias yucatecas pudientes y campesinos mayas que habían sido reclutados a través de la leva.
Las crónicas de la devastadora derrota del “ejército” yucateco hablan de la desigualdad de condiciones de los contendientes. Muchos de los jóvenes fueron fusilados. Pero los ajusticiados pudieron haber sido más, de no haberse recibido una contraorden del general Alvarado.
En suma, la efímera rebelión argumedista pretendió actuar de manera excepcional dentro del proyecto validado por el Plan de Guadalupe, que abanderaba los principios constitucionales. Empero, no sólo no prosperó, sino que fue abatida drásticamente por las fuerzas del general Salvador Alvarado quien, el 15 de marzo de 1915, entró triunfante a la capital yucateca para hacerse cargo del gobierno.
Frente a la inminente derrota, Ortiz Argumedo giró instrucciones para que fueran extraídas del Banco Peninsular todas las reservas, mismas que pidió trasladar al tren en el que partiría con rumbo al oriente del estado. Luego, saldría huyendo desde El Cuyo en una embarcación con destino a La Habana y después a Canadá. Nunca fue aprehendido.
PARA SABER MÁS
- Alvarado, Salvador, Pensamiento revolucionario, Mérida, Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, 1980.
- Molina Font, Julio, “Halachó 1915”. La revolución en Yucatán. Testimonios de Julio Molina Font y Salvador Alvarado, Mérida, Yucatán, Gobierno del Estado de Yucatán, 2010.
- Pérez De Sarmiento, Marisa, ¿Y antes de Alvarado?, Mérida, Yucatán, Universidad Autónoma de Yucatán/Patronato Pro Historia Peninsular, 2016.