César E. Valdez
DEH-INAH
Revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 46.
La completa falta de coordinación entre las diferentes instituciones de seguridad hizo necesaria la incorporación del ejército en labores de seguridad pública. No obstante la paulatina militarización del país, en los últimos años, se ha recrudecido el crimen organizado y han aumentado las muertes violentas, los homicidios, las desapariciones y la violación de los derechos humanos.
Actualmente, las misiones que realizan las fuerzas armadas mexicanas son doce: defensa territorial, integración y comunicación territorial, contrainsurgencia, modernización tecnológica, protección a la población civil ante desastres, lucha contra el terrorismo, guerra contra el narcotráfico, seguridad pública, defensa de los recursos naturales, acción cívica, actividades de inteligencia y guerra contra el crimen organizado. Todo esto sustentado en los planes DN-I, defensa externa; DN-II, orden interno; y DN-III, desastres naturales.
Desde la década de 1990, dos acontecimientos han marcado la actuación y el papel del ejército. En ambos casos se halló una clara falta de coordinación institucional, lo que fue perfilando la necesidad de que el ejército adquiriera autonomía en materia de inteligencia. El primero fue el choque del 7 de noviembre de 1991 en el municipio de Tlalixcoyan, Veracruz, entre elementos del 13° Batallón de Infantería y agentes de la policía judicial federal; el segundo, la declaración de guerra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 1 de enero de 1994, que implicó una campaña militar que duró doce días.
Revisemos el primero. El jueves 7 de noviembre de 1991, por la mañana, en el paraje conocido como El Llano de la Víbora, en Tlalixcoyan, Veracruz, tuvo lugar un enfrentamiento entre la policía judicial federal y el ejército mexicano. Los miembros del 13° Batallón de Infantería estaban realizando un operativo antidrogas en espera del aterrizaje de una avioneta Cessna 210 de origen colombiano y que se sabía estaba cargada de cocaína. Los tripulantes de la avioneta lograron escapar, pero a los pocos minutos aterrizó también una aeronave sin identificación que pertenecía a la Procuraduría General de la República (PGR), la cual fue recibida por el fuego de los efectivos militares y causó la muerte de siete agentes, quienes, según reveló la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presentaban tiro de gracia. La misma investigación arrojó los registros de control aéreo que daban cuenta del seguimiento de la avioneta, que los agentes de la PGR avisaron por radio que eran atacados por el ejército, que se había informado al comandante de la zona militar para que detuviera el choque y este último no creyó que la información fuese fidedigna.
El segundo episodio se inició el 29 de junio de 1993 cuando el ejército mexicano encontró un campamento militar en plena selva chiapaneca. Ahí recopiló información que analizaría después, así como lo haría el Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (CISEN). Ambos consideraron pertinente informar al presidente Carlos Salinas de Gortari, aunque puntualizaron que dicha organización no podía ser una amenaza para la seguridad nacional en virtud de su poca capacidad de fuego. Sin embargo, la madrugada del 1 de enero de 1994, un grupo armado compuesto principalmente por indígenas, autodenominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), declaró la guerra al gobierno mexicano. Esa mañana tomó cinco cabeceras municipales del estado de Chiapas: San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo y Chanal. Luego de dejarlas en custodia, marchó hacia las afueras de Rancho Nuevo para tomar el cuartel de la 31ª Zona Militar. Ahí, según la poca información que se conoce, 500 zapatistas fueron repelidos por catorce soldados que se encontraban de guardia, quienes soportaron lo suficiente hasta que recibieron refuerzos. Entre estos últimos había pilotos de los escuadrones 201, 205, 208, 209 y 215, quienes a bordo de aviones Pilatus y Arava y de helicópteros Bell, realizaron labores de apoyo al cuartel. Esto significó la primera experiencia de guerra para la fuerza aérea mexicana desde la segunda guerra mundial. En el encontronazo, según la secretaría de la Defensa Nacional murieron cinco soldados federales y 24 combatientes zapatistas.
El 9 de enero, el entonces secretario de la Defensa, general Antonio Riviello Bazán, informó al presidente que la derrota de la guerrilla era total y que únicamente esperaba la orden para perseguir y someter al grupo armado. También dejó claro al presidente que el ejército mexicano tenía clara superioridad armamentística y numérica y, por tanto, el EZLN no significaba un riesgo para la seguridad del Estado, pues a los aproximadamente 3 000 combatientes zapatistas, el ejército mexicano respondió con 30 000 efectivos.
Carlos Salinas de Gortari asegura en sus memorias que tomó la decisión del cese de hostilidades al saber que el EZLN estaba prácticamente derrotado. Sin embargo, no se debe perder de vista la importancia de la sociedad civil que se volcó a las calles para exigir un alto al fuego.
La marcha hacia la actualidad: 1994-2012
Estos acontecimientos (entre otros que por ahora no vale la pena mencionar) evidenciaban una completa falta de coordinación entre las diferentes fuerzas de seguridad que ni siquiera la eliminación (o unificación) de agencias de seguridad durante los años ochenta (Dirección Federal de Seguridad y Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales en el CISEN) había logrado mejorar. Estas instituciones no deseaban cooperar y se disputaban la primacía en las preferencias presidenciales. Sin embargo, la cooperación fue necesaria ante el reiterado desprestigio de las instituciones.
La paulatina incorporación del ejército mexicano en las labores de seguridad pública, así como su utilización en actividades contrainsurgentes provocaron una profunda transformación en las instituciones de seguridad del Estado mexicano. Hasta 1994 no existía un comando conjunto de las tres ramas de las fuerzas armadas (ejército, aviación y marina), ni tampoco una jefatura autónoma de la fuerza aérea. Con motivo de los sucesos de Chiapas, la SEDENA y el CISEN iniciaron por primera vez trabajos conjuntos. El gabinete de seguridad comenzó a reunirse cada semana y, de manera paulatina, el ejército fue considerado como la “reserva moral” de las instituciones de seguridad mexicanas. La situación en Chiapas también provocó la creación de fuerzas especiales y puso sobre la mesa el tema de la edad del material de guerra.
En 1995 el presidente Ernesto Zedillo ordenó que fueran sustituidos todos los miembros de la policía judicial federal por elementos de la policía militar, con el propósito de combatir la corrupción y eliminar todo rastro de vínculos entre policía y narcotráfico. Cinco años después, el 4 de enero de 1999, el mismo gobierno creó la Policía Federal Preventiva (PFP) con el objetivo de sustituir a la PJF. La flamante PFP es recordada más por sus acciones en contra de movimientos sociales (toma de Ciudad Universitaria en febrero de 1999, o el desalojo de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca [APPO del centro de Oaxaca en el verano de 2006) que por ser una corporación efectiva en el combate a la delincuencia organizada. Sin embargo, al mismo tiempo que la violencia se agudizaba, los exjudiciales, así como los exmilitares, ahora miembros de la PFP, transitaron de la cooperación con el crimen organizado a la integración de nuevas organizaciones. Los Zetas, organización que se convirtió en el brazo armado del Cártel del Golfo, se conformó inicialmente por integrantes de los cuerpos de elite del ejército; no cabe duda de que son uno de los ejemplos más claros de esta estrategia fallida.
Con la llegada de Felipe Calderón a la presidencia, luego de una contienda electoral ríspida y de la consabida falta de legitimidad, se hizo de las fuerzas armadas para dar sentido a su presidencia. En muy poco tiempo mostró el papel que asumirían las fuerzas armadas durante su administración, pues diez días después de tomar posesión, se anunció un operativo cuyo objetivo era atacar al crimen organizado en el estado de Michoacán. Esta acción se considera como el inicio de la guerra contra el narcotráfico en México. Pronto, los operativos se replicarían en Tijuana, Nuevo León, Guerrero y Morelos.
El resultado de estas acciones fue la paulatina militarización del país y el recrudecimiento del crimen organizado. De la mano de la caída de los principales capos del narco, como Osiel Cárdenas, Vicente Zambada, Arturo Beltrán Leyva, Antonio Ezequiel Cárdenas o Ignacio Coronel Villarreal, llegaron los abusos de miembros de las fuerzas del orden. Las denuncias por violación a los derechos humanos en contra de la población civil se multiplicaron, así como la muerte de civiles, muchas de ellas en enfrentamientos poco claros y que a la fecha no han tenido aclaración.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el sexenio calderonista dejó un total de 121 683 muertes violentas. En 2008 se registraron 14 006 homicidios, en 2009, la cifra aumentó a 19 803, después, en 2010, aumentó a 25 757, y en 2011 subió a 27 213. Finalmente, en 2012, año de cambio de gobierno federal, hubo una leve disminución en el número de homicidios, pues se reportaron 26 037. Coahuila, Colima, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro, Tamaulipas y Zacatecas fueron los estados de la república en los que la violencia se vio mayormente recrudecida. Sólo en 2009 se realizaron 305 983 operativos.
Las consecuencias de la guerra también fueron económicas. El presupuesto militar del país, según el Banco Mundial, fue de 44 496 millones de pesos en 2006, cifra que creció a 52 235 millones en 2007 y un año después llegó a 54 977 millones, de acuerdo con el reporte.
A las muertes se sumó el fenómeno de las desapariciones, las cuales han aumentado de manera escandalosa. En 2007 se registraron 662, en 2008 hubo 824, en 2009 1 401, en 2010 se denunciaron 3 227, para 2011 fueron 4 094 y, finalmente, en 2012, hubo 3 343. Este fenómeno se ha ligado profundamente con la emergencia de fuerzas armadas irregulares controladas por el narcotráfico. Aunque no hay indicios de que los desaparecidos nutran a estas fuerzas, se ha convertido en una posibilidad que los familiares de los desaparecidos han considerado, con la esperanza de saberlos con vida.
También los miembros de las fuerzas del orden se vieron diezmadas por la guerra contra el narcotráfico. Según la secretaría de la Defensa Nacional, de diciembre de 2006 a noviembre de 2011 el número de elementos de las fuerzas armadas muertos en el combate al crimen organizado y el narcotráfico era de 276 militares: 253 de la SEDENA y 23 de la Secretaría de Marina (SEMAR). Se registraron 1 948 agresiones y choques entre militares y presuntos integrantes del crimen organizado. Sin embargo, hay periodistas que han hecho estimaciones mucho más elevadas. Según la cadena de noticias estadunidense CNN, murió en promedio un militar cada seis días durante el sexenio. Según la SEDENA el combate al narcotráfico ha dejado más de 750 militares lesionados, tan sólo entre 2008 y 2011 la dependencia entregó 444 beneficios a familiares de soldados muertos y militares dados de baja por inutilidad de primera categoría en actos de servicio considerados de alto riesgo.
Punto de llegada o punto de partida: 2012-2018
Entre 2012 y 2018, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, la estrategia de combate al narcotráfico y seguridad pública no se modificó sustancialmente. La gran diferencia tuvo que ver con la exposición pública del secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos quien, ante las constantes controversias sobre los abusos a los derechos humanos, arremetió en contra de periodistas y solicitó a los diputados un marco jurídico para que las fuerzas armadas pudieran operar en actividades de seguridad pública.
Durante este sexenio los escándalos protagonizados por “excesos” de miembros del ejército se multiplicaron. Ya no eran solamente “errores colaterales”, pues los medios de comunicación exhibían acciones sistemáticas. Así, el 30 de junio de 2014, después de un enfrentamiento entre el ejército y miembros de la delincuencia organizada en el poblado de Tlatlaya, Estado de México, la SEDENA informó que se había abatido a 22 delincuentes. Sin embargo, el trabajo periodístico y una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyeron que había claros indicios de que no todos habían muerto durante el enfrentamiento, sino que algunos pudieron haber sido ejecutados luego de ser detenidos.
Otro caso emblemático en el que estuvo inmiscuido el ejército fue la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero. La noche del 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes, que planeaba asistir a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México, tomó por la fuerza algunos autobuses y estos, según afirma la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República, quedaron en medio del fuego cruzado entre fuerzas del orden y una célula de la delincuencia organizada. Luego de ser detenidos en Iguala por diversos grupos policiales, habrían sido entregados a un grupo delictivo, asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
A la fecha, diversos organismos nacionales e internacionales consideran que la conclusión de la PGR no encuentra fundamento en los 618 tomos de la investigación, en la cual, según los testimonios, integrantes del 27° Batallón de infantería, con sede en Iguala, espiaron a los estudiantes desde su llegada a la caseta de cobro Iguala-Puente de Ixtla a las 19:30 horas. También queda claro que conocieron en tiempo real todas las agresiones contra los normalistas, información que fue transmitida en ese momento a la 35ª Zona Militar, en Chilpancingo, cuyo comandante era entonces el general Alejandro Saavedra Hernández, ascendido en diciembre de 2014 a la comandancia de la IX Región Militar, también en Guerrero. Un año después recibió la coordinación de la estrategia federal de seguridad. Para 2018 el general Saavedra ya era el jefe del Estado Mayor de la SEDENA. Finalmente, desde diciembre de 2018, ya en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue designado para encabezar la dirección general del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas de México (ISSFAM). Lo cierto es que este suceso terminó por ensombrecer la imagen del ejército mexicano y del gobierno de Peña Nieto.
Hacia el final de su gobierno, en noviembre de 2018, el aún presidente Enrique Peña Nieto afirmó que era impensable afrontar la inseguridad sin el ejército. También hizo un llamado al entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para que intentara crear el marco jurídico idóneo en el que el ejército pudiera operar sin menoscabar a la Constitución. Esto, porque pocos días antes la Suprema Corte de Justicia de la Nación había dictaminado que la Ley de Seguridad Interior era inconstitucional.
Entre 2012 y 2018 murieron en acciones de combate 337 militares (152 de la marina y 185 de la fuerza aérea y el ejército). Así, en los doce años de guerra contra el narcotráfico han muerto 542 elementos y aún están por determinarse el número de bajas por deserción o por inutilidad. Por otro lado, durante el sexenio se registró al mes un promedio de 2 500 asesinatos. En 2018 hubo 30 000 homicidios. Lo que fue un descenso claro hasta 2014 llegando a 15 520, se transformó en un repunte que prácticamente ha duplicado el número de muertes.
La estrategia que en el Plan Nacional de Desarrollo tuvo el pomposo nombre de “México en Paz” desplazó el escenario de la violencia del norte hacia el centro-sur. Provocó la definitiva militarización civil con la constitución de diversos grupos de autodefensas y policías comunitarias.
Ahora, en el inicio de un nuevo sexenio, la violencia se encuentra desbordada y, luego de vacilar con nombres y denominaciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha constituido una guardia nacional, la cual está formada por personal militar, con mando militar y adscrita a la SEDENA. Ante lo cual tanto organizaciones no gubernamentales como miembros de la oposición han señalado que así se legalizará la militarización de la seguridad pública. De igual manera, la actitud del presidente de involucrar más a las fuerzas armadas en su gobierno ha despertado los focos rojos de diferentes organizaciones de derechos humanos.
En los últimos 40 años, las fuerzas de seguridad y orden mexicanas han transitado de la completa autonomía y ausencia de vigilancia y rendición de cuentas, a convertirse en la institución más vigilada por la ciudadanía. Han pasado de la oscuridad de los cuarteles a la luz de la arena pública. Lamentablemente, este tránsito ha ido a la par de una intensificación de la violencia.
PARA SABER MÁS
- Benítez Manaut, Raúl y Sergio Aguayo Quezada (eds.), Atlas de la seguridad y la defensa de México 2016, México, CASEDE/ Instituto Belisario Domínguez, 2017.
- Garciadiego, Javier (coord.), El ejército mexicano 100 años de historia, México, El Colegio de México, 2014.
- La libertad del Diablo, Everardo González (dir.), México, 2017, en https://www.youtube.com/watch?v=b5D3Mi-IPy0
- Tierra de cárteles, Matthew Haineman (dir.), México-Estados Unidos, 2015, en https://www.youtube.com/watch?v=NxdfS5sQ_G8