Marco A. Ávila Peña
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa
En revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 39.
La coyuntura política y económica dio lugar –durante la presidencia de José López Portillo– a la primera apertura a una reforma electoral del régimen priista que permitiera mayor participación. El resultado sólo dejó conforme al gobierno, pero al menos abrió las puertas a futuras negociaciones para la democratización del país, que de todos modos demoró más de dos décadas en llevarse a cabo.
A Rosa Albina Garavito Elías
El país vivía una coyuntura ciertamente atípica en 1977, si tomamos en cuenta las décadas de crecimiento económico anterior promovido por un régimen fortalecido y autoritario. Por supuesto, fue la coyuntura que inauguraría el México de las crisis, pero en ese entonces era imposible saberlo. Nadie ve al futuro con total claridad, acaso, se llama al porvenir con esperanza, más aún cuando las cosas empiezan a cambiar para mal. Un ejemplo de ello fue “Vive” la canción que popularizó José María Napoleón en medio de efervescencia política y dificultades económicas después de la crisis devaluatoria que generó una masiva fuga de capitales, entre otros efectos adversos.
Vive feliz ahora mientras puedes, quizás mañana no tengas tiempo para sentirte despertar…siembra tu tierra y ponte a trabajar. Abre tus brazos fuertes a la vida no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás.
La melodía, escrita por “el poeta de la canción” imprimía a la atmósfera del momento una suerte de esperanza que resultó bienvenida en muchos hogares mexicanos. Pronto se ubicó en el primer lugar de popularidad y hacia mayo se escuchaba prácticamente a todas horas y en todos los lugares. Es comprensible el interés de los radioescuchas si consideramos que durante 1977 se vivieron profundamente los efectos de la crisis económica iniciada el año anterior.
Eran tiempos de cambio en el mundo. Por ejemplo, tras la muerte de Francisco Franco, en España se concretaba una apertura política que permitía al Partido Comunista Español su registro legal, después de décadas de proscripción. Era una buena señal para un país como México, que necesitaba ampliar el abanico electoral, de modo que el camino de la democracia sufragista se colocara como el mejor de los escenarios políticos ya que frenaba la radicalización de grupos de izquierda y de derecha al mismo tiempo.
En otras latitudes también ocurrían modificaciones, pero estas no iban sobre la misma línea. En América Latina, países como Argentina, Chile y Paraguay mostraban cómo gobernar militarmente a sociedades críticas y plurales. Aunque México no era la excepción en ese sentido por el grado de brutalidad ejercida contra los opositores y grupos clandestinos, el régimen había logrado mantener su dominación con un cariz democrático durante décadas. Su estabilidad no se había cuestionado sino hasta finales de 1976, pues incluso existió un fuerte rumor de un golpe de Estado que estallaría el 20 de noviembre de ese año.
Problemas internos
De entre el cúmulo de dificultades que vivía el país, la explosión demográfica representaba un asunto que no era menor, puesto que la concentración se enfocó en el Distrito Federal y la zona metropolitana. Los millones de migrantes que llegaban a las zonas urbanas pronto experimentarían dificultades para conseguir trabajo y oportunidades de movilidad social. Esa sola condición terminó por representar un problema político para el régimen porque los movimientos armados revolucionarios y los partidos de izquierda encontraron en los recién llegados una buena cantidad de militantes.
Algo fundamental que ayuda a explicar la puesta en marcha de la reforma política fue que el régimen del partido hegemónico había encendido sus focos de alarma al tener un gobierno con crisis de legitimidad, toda vez que su candidato había sido el único registrado para contender por la presidencia. Como dijo José López Portillo en alguna entrevista, “con que mi mamá hubiera votado por su hijo Pepito, habría yo quedado de presidente”. Los partidos de oposición con registro, como el Partido Acción Nacional (PAN) o el Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), ya no representaban con claridad esa oposición coadyuvante en la careta democrática del régimen, por el contrario vivían crisis internas y divisiones.
Por si fuera poco, Luis Echeverría heredó a López Portillo un creciente conflicto con los empresarios del país, motivado en diferentes causas, entre ellas la creciente intervención del Estado en la economía. El choque se magnificó cuando un grupo guerrillero asesinó al líder empresarial regiomontano Eugenio Garza Sada, mientras intentaban secuestrarlo. Los dueños de las empresas se organizaron para hacer frente al régimen. Además de demandar el fin de las políticas populistas, exigieron al gobierno eficacia y contundencia ante los guerrilleros, eso sin contar los rumores esparcidos sobre la responsabilidad directa de Echeverría en el asesinato. Cuando López Portillo asumió el gobierno en 1976, encontró a una burguesía organizada y concentrada en sus demandas.
El gobierno entrante, con Jesús Reyes Heroles en la Secretaría de Gobernación, parecía debilitado durante los primeros meses, en comparación con las anteriores administraciones, en las cuales privaba un optimismo desmesurado y un poder presidencial incuestionable. Al recibir el mando en esas condiciones, López Portillo diseñó dos estrategias de apaciguamiento. Con los empresarios y los sindicatos fue la alianza para la producción, con partidos proscritos y agrupaciones clandestinas, la reforma política. Así pues, el régimen tenía abiertos bastantes frentes de batalla. Algunos se libraban con balas y otros con discursos.
El discurso de Chilpancingo
En este contexto, Jesús Reyes Heroles asistió a Chilpancingo, Guerrero, al segundo informe de gobierno de Rubén Figueroa, el cacique estatal que había sido víctima de secuestro del movimiento armado Partido de los Pobres. Reyes Heroles acudió para reconocer lo mismo que aceptó López Portillo en su toma de posesión: en México y sobre todo en los estados del sur existían millones de desposeídos y marginados a los que el régimen no había logrado “sacar de su postración”. Para Reyes Heroles había causas fundamentales, entre las que destacó el innegable atraso en la estructura política y la anquilosada economía caciquil que frenaba el desarrollo de los pueblos. Señaló también que la crisis que vivía el país también había sido causada por el “populismo dadivoso contrarrevolucionario”, haciendo referencia a las políticas del presidente Echeverría.
Reyes Heroles aseguró que el nuevo gobierno tenía la firme voluntad de reconocer la existencia de las fuerzas políticas minoritarias y otorgarles el derecho de participar en la vida pública del país. Esto se debía a que el desarrollo económico experimentado durante las últimas décadas no podría continuar si no iba de la mano con el político y, en el mismo sentido, las fuerzas rezagantes de los cambios debían de aceptar que las cosas cambiarían irremediablemente. Parece quedar claro que, al decirlo frente a un cacique, Reyes Heroles anunciaba que la reforma tendría eventualmente un alcance mayor, pues era un requisito para lograr la modernización y el desarrollo.
Casi al mismo tiempo que el secretario de Gobernación informaba en Chilpancingo la inminencia de una reforma, el recientemente creado Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM) emplazaba a huelga. El gobierno no reconoció al sindicato y se confrontó con las izquierdas, mismas que dudaron de las buenas intenciones de López Portillo. La sospecha aumentó cuando designó al ex presidente Gustavo Díaz Ordaz como embajador de México en España, lo cual llevó a plantear en algunos opositores que la reforma política no podía avanzar si el responsable de la matanza de Tlatelolco no sólo no era castigado, sino premiado por el régimen.
Audiencias públicas
Después de semanas de suspicacias y análisis en torno a la reforma política, Reyes Heroles convocó a todas las agrupaciones políticas, académicos e interesados en ella al Salón Juárez, un pequeño espacio ubicado en la sede de la Secretaría de Gobernación. El motivo de la invitación era escuchar y comentar las ideas de los expositores que previamente se registraran. Al respecto hubo dos mensajes: en tanto que Reyes Heroles convocó a conversar, José López Portillo extralimitó la invitación y mencionó las palabras mágicas de “debate” y “propuestas”; aunque más tarde rectificó y quiso acotar fue demasiado tarde, pues los dirigentes de los partidos tomaron sus palabras como una oportunidad para presentar sus agendas y exigencias democratizadoras.
Al conocerse la convocatoria oficial emitida por la Comisión Federal Electoral (CFE), presidida por el mismo secretario de Gobernación, el ánimo bajó, pues la dinámica distaba mucho de ser un espacio de debate. En realidad, los partidos y ciudadanos asistentes tuvieron una comparecencia con el secretario de Gobernación y los integrantes de la CFE. Las reglas del juego resultaban claras: se trató de audiencias públicas en las que cada compareciente enviaba una ponencia, misma que era leída por los integrantes de la CFE y estos, a su vez, preparaban una serie de cuestionamientos a lo expuesto por los comités centrales, dirigentes nacionales de los partidos políticos o ciudadanos a título individual. El formato molestó a más de uno, ya que era visto como un examen para recibir un título universitario, demostración del autoritarismo paternalista de un régimen que veía a los ciudadanos como menores de edad.
Entre las primeras reacciones críticas destacaron el formato y el lugar de las audiencias. Heberto Castillo, líder nacional del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), enfatizó que se trataba de una burla pensar que iniciaba un periodo de diálogo nacional cuando el espacio destinado para ellos era el diminuto Salón Juárez de la Secretaría de Gobernación, lugar en el que según cálculos del ingeniero Castillo, llegaban a poco más de 100 personas apretadas, lo cual restaba a la reunión el carácter de amplia y la dejaba como una junta cupular. E incluso se amagó con no asistir mientras no hubiera debate público. Arturo Martínez Nateras, del Partido Comunista Mexicano (PCM), cuestionó las limitantes de la convocatoria e incluso advertía que contradecía las palabras del presidente López Portillo. No obstante los reclamos, muchos partidos enviaron a sus representantes y asistieron también académicos y periodistas.
Las audiencias fueron un ejercicio ciertamente inédito, en el cual distintas fuerzas políticas se dieron cita todos los jueves, entre el 28 de abril y el 21 de julio, con la autoridad electoral; todos impulsando el consenso de modificar el marco legal para abrir los canales de participación política y fortalecer la toma de decisiones mediante procesos democrático electorales. Se recibieron ocho trabajos escritos, participaron 25 personas a título individual, entre quienes se encontraban, por mencionar algunos, Leopoldo Zea, Carlos Sirvent, Carlos Pereyra Boldrini y Luis Villoro, además de los representantes de quince formaciones partidistas y tres asociaciones civiles.
Se vertieron toda clase de propuestas, desde campañas nacionales de “alfabetización política”, edición de periódicos electorales, canales de televisión con contenido partidista hasta la restitución de la ciudadanía a los habitantes del Distrito Federal, mediante la creación de una nueva entidad llamada Estado del Valle de México, sistema de representación proporcional total, aumento en el número de representantes de acuerdo con el último censo poblacional, ciudadanización de la CFE, credenciales para votar controladas, candidaturas sin partido y exigencias para lograr la afiliación individual libre y no corporativizada, entre otras. Los partidos y organizaciones de izquierda exigieron una ley de amnistía para los presos políticos y su inmediata liberación. También se planteó la legalización de comités partidistas en universidades públicas y la participación organizada de los sacerdotes y militares en la vida pública. Esta última generó todo tipo de críticas y sobresaltos, máxime en un reivindicador del liberalismo como era Jesús Reyes Heroles quien no tardó en descalificar tal idea. En lo que absolutamente todos estaban de acuerdo era la necesidad de ir a las elecciones de 1979 con otra ley electoral. Ese fue el único consenso.
Del informe al dictamen
Antes de entregar formalmente el dictamen al Congreso, el presidente esbozó el contenido de la reforma durante el primer informe de gobierno. De inmediato se hicieron sentir los reclamos de los partidos de oposición: el PCM llamó a la instalación de verdaderas mesas de discusión para lograr una reforma política democrática y otros partidos de izquierda secundaron la propuesta. De los partidos con registro sólo el pan se opuso a la reforma en algunos puntos, aunque no la condenó en términos generales, mientras que el PARM y el Partido Popular Socialista (PPS) aceptaron todos sus términos.
Una de las propuestas que pasó a medias fue la de asumir el sistema de representación proporcional. Sin embargo, fue en la modalidad mixta con predominancia mayoritaria, lo cual generó inconformidades porque se mantenía el principio de mayoría relativa y ese era el sistema en el que siempre ganaba el PRI. Así pues, se planteó que se someterían a elección directa 300 diputados por cada uno de los distritos electorales y asignarían 100 diputados más por el principio de representación proporcional.
Analistas, académicos y líderes de oposición criticaron el sistema mixto porque concedía únicamente la mínima parte a la representación proporcional y mantenía a la mayoría relativa como el principal mecanismo para ser diputado. Ello se compensó con la ampliación de la proporcionalidad a las legislaturas locales, de modo que no se restringió al ámbito federal, sino que fue ampliada a las entidades federativas. También, aplicaría la representación proporcional en los cabildos de municipios que tuvieran más de 300 000 habitantes. Se introdujo la definición constitucional de los partidos políticos como entidades de interés público, lo cual significó que el Estado se haría cargo de su mantenimiento, es decir, se les asignaría una parte del presupuesto para garantizar su funcionamiento, sancionado en la Constitución y en la ley. Asimismo, se añadió al artículo 6º constitucional el derecho a la información; el dictamen justificaba esa inclusión porque se argumentaba que no puede actuarse con libertad política si se carece de información precisa, de modo que el Estado tendría que garantizar que todos los ciudadanos accedieran a la información de los partidos políticos.
La reforma política no era aceptada para todos, algunos sectores la descalificaron por considerarla reformismo burgués. A mediados de septiembre, el grupo armado Unión del Pueblo reivindicó los estallidos de explosivos colocados en distintos puntos del país. El gobierno justificó la salida masiva de militares de los cuarteles y generó un clima de militarización que muchos temían fuera permanente. Los partidos de izquierda rápidamente acusaron a la “ultraizquierda” de poner en riesgo los pocos avances democráticos de la reforma política y llamaron a condenar “los actos terroristas”.
A medida que pasaban las semanas, los partidos de izquierda y el pan aceptaban cada vez mejor la nueva Ley Federal de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales (LFOPPE). En términos generales, se pensaba como un logro que el régimen hubiera modificado algo de su esquema de dominación electoral. Sólo el PMT se mantuvo en total rechazo al dictamen y a la ley aprobada posteriormente.
Algo es algo
Hay que decir que en el resto de la opinión pública privó el desinterés y la desinformación sobre el proceso de la reforma. No podríamos señalar el interés de los ciudadanos por ella, pues resulta evidente que la información fue imprecisa y no siempre oportuna. Por otra parte, el desánimo se generalizó desde que se dio a conocer el dictamen que daba forma a la nueva ley electoral, pues sus límites hacían pensar que se trataba una reforma para salvar al PRI.
La reforma política pasó por el Congreso sin mayores discusiones, no podía ser distinto pues más del 80% de los diputados eran priistas y por más que desde afuera pequeños sectores de la opinión pública continuaran presionando. Fue formalizada el 30 de diciembre de 1977 mediante la modificación de 17 artículos constitucionales y una nueva ley electoral compleja que definía derechos, obligaciones y procedimientos. La LFOPPE constó de cinco títulos, 250 artículos y tres transitorios.
Al final de 1977 y principios de 1978 había un sentimiento de victoria pírrica. Una suerte de sabor agridulce ante los pocos alcances de la famosa reforma política. La alianza para la producción caminaba con paso firme tras el aumento paulatino de los precios del petróleo y con ello el ánimo de los capitalistas mexicanos. Ese clima compaginaba muy bien con un nuevo éxito de José María Napoleón. Su canción “Hombre” alcanzó los últimos meses de 1977 el primer lugar de popularidad.
Hombre de fachada triste. Dale al tiempo buena cara […] Hombre de mediana estampa. Dale vida a tu esperanza. No es mejor el que va aprisa. Para caminar distancias […] Si has de tener una rosa. Tienes que mirar la espina. Si no sabes del dolor. No sabrás de la alegría.
Pros y contras
Las consecuencias de la reforma fueron diversas. Por lo pronto, en 1978, los partidos políticos entregaron la documentación exigida en la ley para formalizar su registro como partidos políticos nacionales y, un año más tarde, se conformó la Cámara de Diputados más plural en décadas. Hay que decir que en términos reales, la reforma política no significó un cambio radical en la toma de decisiones, ni siquiera en el Congreso se observó una diferencia significativa pues de 400 diputados, el PRI obtuvo 296, el PAN 43, el PCM 18, el PARM 12, el PPS 11, el PDM 10 y el PST 10.
Para algunos, en 1977 ocurrió la primera gran reforma que daría paso a un alud de aperturas democráticas en nuestro país. Sentó las bases de la transición a la democracia que se consolidaría en 1997 con la “reforma definitiva”. Para otros, fue un movimiento quirúrgico para evitar el descarrilamiento del Estado. Hay quien sostiene que fue una reforma exclusivamente electoral que encauzó a todos dentro de los márgenes oficiales y restringió la posibilidad de otras formas de organización política no electorales, de modo que sus limitantes obligaron a la izquierda a dirigir la totalidad de sus esfuerzos a los asuntos electorales y fundirse en un solo partido ante la amenaza de perder el registro. Lo cierto es que se trató de una reforma de suma relevancia para los actores políticos de su tiempo pues, aunque con limitaciones, permitió canalizar la lucha política a una arena más o menos pacífica como la del sufragio, no obstante la permanencia de los enormes problemas sociales y económicos. La democracia electoral se ha perfeccionado en sus términos legales aunque prevalezcan las denuncias de fraude, inequidad y trampas. La historiografía de la reforma política de 1977 y la transición consecuente conceden que, si habremos de tener la rosa, tenemos que mirar sus espinas, ¿Cierto?
PARA SABER MÁS
- Becerra, Ricardo, Pedro Salazar y José Woldenberg, La mecánica del cambio político en México. Elecciones, partidos y reformas. México, Cal y Arena, 2000.
- Chávez, Óscar, Parodias políticas Vol. 3 1977, México, Universal Music. 2001, https://goo.gl/ZVQeQ3
- Ogarrio Badillo, Gustavo. Breve historia de la transición y el olvido. Una lectura de la democratización en América Latina. México, Ediciones Eón/ Unam-Cialc, 2012
- Villegas M., Francisco Gil y Rogelio Hernández Rodríguez (comps.), Los legisladores ante las reformas políticas en México, México, El Colegio de México, 2001.