Los arreglos de 1929 en el conflicto Estado-Iglesia

María Gabriela Aguirre Cristiani
UAM-Xochimilco

En revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 43.

Los primeros pasos para sellar la paz en el conflicto religioso mexicano iniciado en 1926 fueron difíciles y complejos. Tanto el asesinato del presidente electo Álvaro Obregón como la presencia de varios negociadores por parte de la Iglesia fueron factores que poco ayudaron a una resolución rápida que diera paso a los acuerdos de 1929.

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El obispo Pascual Díaz y otros jerarcas eclesiásticos durante una ceremonia religiosa, ca. 1926, inv. 5165. SINAFO, Secretaría de Cultura-INAH-MÉX. Reproducción autorizada por el INAH.

Para la relación Estado-Iglesia en México, 1929 se convirtió en un año crucial. Pasaban casi tres años de que el conflicto cristero había estallado y no se vislumbraba una ruta de conciliación. En algunos sectores de la Iglesia se pensaba en la posibilidad de un acuerdo que facilitara el retorno de la jerarquía en el exilio y la vuelta al culto público suspendido desde 1926. No obstante, otros actores, más radicales, insistían en la lucha armada como la única solución por la que los católicos podían optar si querían alcanzar la libertad religiosa. El panorama no se vislumbraba fácil y existía la percepción de que los altos mandos de la Iglesia estaban perdiendo el control de su feligresía y de la situación. La dispersión y división del clero, muchos de ellos en el destierro, y su actividad clandestina fueron factores que favorecieron un entorno de confusión y complejidad.

Por otra parte, el asesinato del entonces candidato electo Álvaro Obregón, quien sería presidente por segunda ocasión, ocurrido el 17 de julio de 1928, fue un punto de inflexión importante que contribuyó a enrarecer el ambiente político del momento y creó condiciones complicadas que imposibilitaron cualquier intento de acuerdo entre la Iglesia y el Estado. El hecho de que el autor material del magnicidio hubiera sido un fanático religioso, José de León Toral, puso sobre la mesa que el conflicto religioso estaba lejos de resolverse. Este suceso reforzó la postura de un  pequeño grupo de la Iglesia que veía con preocupación el desarrollo de los acontecimientos, asumiendo una postura marcadamente pacifista pues consideraba que el precio de seguir en la  lucha armada podía ser muy costoso para los católicos y, en especial, para la jerarquía ya que se  estaban generando escenarios que rebasaban a la autoridad eclesiástica en términos de pérdida  de control de sus feligreses. Al mismo tiempo se pensaba que los alcances logrados a través de  las armas eran efímeros y de corto alcance. En opinión de este grupo, nada podía esperarse de la guerra.

Junto con lo anterior, habría que agregar que la Constitución de 1917 desconocía la personalidad jurídica de “las iglesias” y ello significaba que no podía haber un delegado apostólico o ningún otro representante autorizado a través del cual la institución religiosa pudiese tratar con las autoridades civiles. En los hechos no hubo un interlocutor, sino varios que intentaron iniciar el camino para dar solución al conflicto. En este contexto, la Iglesia mostró su pluralidad pues aparecieron múltiples y diversos actores que buscaron liderar el conflicto desde distintos espacios. La intención fue, como se ha mencionado, encontrar un camino hacia la conciliación.

La presencia de diversos protagonistas no sólo se dio por parte de la Iglesia, también surgieron voces que tomaron el liderazgo en el conflicto provenientes de Estados Unidos y el Vaticano. De manera que el proceso de búsqueda de negociación con el gobierno mexicano se complicó, aunque la intención de los diversos actores era otra.

La vía pacífica

Desde principios de 1928 se buscó destrabar el desencuentro; aparecieron personajes muy diversos, cuyo punto de convergencia fue privilegiar el acuerdo con el gobierno de Calles.

Un primer bloque lo constituyó un binomio de la jerarquía mexicana formado por el obispo Pascual Díaz Barreto y el arzobispo Leopoldo Ruiz y Flores, quienes claramente se manifestaron por estar en contra de la lucha armada.

Pascual Díaz, entonces obispo de Tabasco, fue el secretario del comité episcopal, órgano formado a raíz del estallido la guerra cristera. Exiliado en Nueva York, se mantuvo ligado al clero católico de Estados Unidos. Después de un viaje a Roma con el carácter de informante, fue nombrado “intermediario oficial” entre el episcopado mexicano y la Santa Sede a través de la Delegación Apostólica en Washington, rol que le permitió estar cerca del delegado en Estados Unidos, Pietro Fumasoni Biondi. Su participación fue duramente criticada por los miembros de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, quienes vieron en él un obstáculo a la continuidad de su lucha.

En esta misma línea de acción encontramos a monseñor Leopoldo Ruiz y Flores, arzobispo de Michoacán y presidente del mencionado comité episcopal, exiliado en San Antonio, Texas. En opinión de este prelado, la mejor vía para resolver la cuestión religiosa era la de llegar a un acuerdo con la Santa Sede a través del nombramiento de representantes oficiales, es decir, nombrar a un delegado apostólico con toda la autoridad de Roma. Su postura dejaba ver que era muy necesario un mando del Vaticano que tuviese facultades para imponer una norma de pensamiento y acción tanto a los obispos mexicanos como a los fieles, ante la división que existía en el seno de la jerarquía. Consideraba, asimismo, que la lucha armada no llegaría a nada bueno, muy por el contrario, provocaría más división y violencia.

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