María Gabriela Aguirre Cristiani
UAM-Xochimilco
En revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 43.
Los primeros pasos para sellar la paz en el conflicto religioso mexicano iniciado en 1926 fueron difíciles y complejos. Tanto el asesinato del presidente electo Álvaro Obregón como la presencia de varios negociadores por parte de la Iglesia fueron factores que poco ayudaron a una resolución rápida que diera paso a los acuerdos de 1929.
Para la relación Estado-Iglesia en México, 1929 se convirtió en un año crucial. Pasaban casi tres años de que el conflicto cristero había estallado y no se vislumbraba una ruta de conciliación. En algunos sectores de la Iglesia se pensaba en la posibilidad de un acuerdo que facilitara el retorno de la jerarquía en el exilio y la vuelta al culto público suspendido desde 1926. No obstante, otros actores, más radicales, insistían en la lucha armada como la única solución por la que los católicos podían optar si querían alcanzar la libertad religiosa. El panorama no se vislumbraba fácil y existía la percepción de que los altos mandos de la Iglesia estaban perdiendo el control de su feligresía y de la situación. La dispersión y división del clero, muchos de ellos en el destierro, y su actividad clandestina fueron factores que favorecieron un entorno de confusión y complejidad.
Por otra parte, el asesinato del entonces candidato electo Álvaro Obregón, quien sería presidente por segunda ocasión, ocurrido el 17 de julio de 1928, fue un punto de inflexión importante que contribuyó a enrarecer el ambiente político del momento y creó condiciones complicadas que imposibilitaron cualquier intento de acuerdo entre la Iglesia y el Estado. El hecho de que el autor material del magnicidio hubiera sido un fanático religioso, José de León Toral, puso sobre la mesa que el conflicto religioso estaba lejos de resolverse. Este suceso reforzó la postura de un pequeño grupo de la Iglesia que veía con preocupación el desarrollo de los acontecimientos, asumiendo una postura marcadamente pacifista pues consideraba que el precio de seguir en la lucha armada podía ser muy costoso para los católicos y, en especial, para la jerarquía ya que se estaban generando escenarios que rebasaban a la autoridad eclesiástica en términos de pérdida de control de sus feligreses. Al mismo tiempo se pensaba que los alcances logrados a través de las armas eran efímeros y de corto alcance. En opinión de este grupo, nada podía esperarse de la guerra.
Junto con lo anterior, habría que agregar que la Constitución de 1917 desconocía la personalidad jurídica de “las iglesias” y ello significaba que no podía haber un delegado apostólico o ningún otro representante autorizado a través del cual la institución religiosa pudiese tratar con las autoridades civiles. En los hechos no hubo un interlocutor, sino varios que intentaron iniciar el camino para dar solución al conflicto. En este contexto, la Iglesia mostró su pluralidad pues aparecieron múltiples y diversos actores que buscaron liderar el conflicto desde distintos espacios. La intención fue, como se ha mencionado, encontrar un camino hacia la conciliación.
La presencia de diversos protagonistas no sólo se dio por parte de la Iglesia, también surgieron voces que tomaron el liderazgo en el conflicto provenientes de Estados Unidos y el Vaticano. De manera que el proceso de búsqueda de negociación con el gobierno mexicano se complicó, aunque la intención de los diversos actores era otra.
La vía pacífica
Desde principios de 1928 se buscó destrabar el desencuentro; aparecieron personajes muy diversos, cuyo punto de convergencia fue privilegiar el acuerdo con el gobierno de Calles.
Un primer bloque lo constituyó un binomio de la jerarquía mexicana formado por el obispo Pascual Díaz Barreto y el arzobispo Leopoldo Ruiz y Flores, quienes claramente se manifestaron por estar en contra de la lucha armada.
Pascual Díaz, entonces obispo de Tabasco, fue el secretario del comité episcopal, órgano formado a raíz del estallido la guerra cristera. Exiliado en Nueva York, se mantuvo ligado al clero católico de Estados Unidos. Después de un viaje a Roma con el carácter de informante, fue nombrado “intermediario oficial” entre el episcopado mexicano y la Santa Sede a través de la Delegación Apostólica en Washington, rol que le permitió estar cerca del delegado en Estados Unidos, Pietro Fumasoni Biondi. Su participación fue duramente criticada por los miembros de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, quienes vieron en él un obstáculo a la continuidad de su lucha.
En esta misma línea de acción encontramos a monseñor Leopoldo Ruiz y Flores, arzobispo de Michoacán y presidente del mencionado comité episcopal, exiliado en San Antonio, Texas. En opinión de este prelado, la mejor vía para resolver la cuestión religiosa era la de llegar a un acuerdo con la Santa Sede a través del nombramiento de representantes oficiales, es decir, nombrar a un delegado apostólico con toda la autoridad de Roma. Su postura dejaba ver que era muy necesario un mando del Vaticano que tuviese facultades para imponer una norma de pensamiento y acción tanto a los obispos mexicanos como a los fieles, ante la división que existía en el seno de la jerarquía. Consideraba, asimismo, que la lucha armada no llegaría a nada bueno, muy por el contrario, provocaría más división y violencia.
En paralelo, un segundo bloque lo formó, un comité de tres personalidades: el embajador de Estados Unidos en México, Dwight Morrow, quien sugirió diferentes propuestas para un arreglo; el padre paulista John Burke y el delegado apostólico en Estados Unidos, monseñor Fumasoni Biondi.
Dwight Morrow, embajador estadounidense en México desde finales de 1927, creía que el futuro de la paz entre México y Estados Unidos, dependía de la paz entre la Iglesia y el Estado mexicano. Un país en guerra no favorecía a los estadounidenses, quienes necesitaban proteger sus intereses petroleros, entre otros. Sugirió que el padre paulista John Burke fuese el interlocutor de la Iglesia para llegar a los acuerdos. Adoptó una postura conciliadora con el gobierno callista contraria a la de su antecesor James R. Sheffield; llegó a considerar que un encuentro entre Burke y Calles sería un buen comienzo hacia la solución de la crisis entre la Iglesia y el Estado. Actuó como un interlocutor entre el gobierno mexicano y el clero estadounidense, con el objetivo en lograr un entendimiento que, desde su punto de vista, beneficiaría a todos.
El padre John Burke era el secretario general de la National Catholic Welfare Conference, organismo creado desde 1919 para unir al clero católico estadounidense en un frente común para temas de importancia como educación, trabajo, acción social, legislación, organizaciones laicas, prensa y publicidad. Se consideró que era el indicado para ser el interlocutor católico con el gobierno callista ya que representaba la confianza del Vaticano y del clero de Estados Unidos. De hecho, Burke se reunió con Morrow y le hizo ver que la única solución estaba en que Calles reconociera las principales preocupaciones del Vaticano: el reconocimiento del gobierno mexicano a la Santa Sede, la designación de un delegado apostólico para México y el regreso de la jerarquía mexicana en el exilio. Eran propuestas indispensables para la Iglesia, pero poco aceptables para el gobierno. Gracias a la intervención de Morrow, el padre Burke logró reunirse con el presidente Calles el 4 de abril de 1928 en la fortaleza de San Juan de Ulúa en Veracruz. El resultado fue un diseño de acuerdo en el que el gobierno mexicano respetaría la libertad de culto y aceptaría la llegada de un delegado apostólico que acatase la Constitución. Fue un primer acercamiento, en el que la cautela y la prudencia prevalecieron en ambas partes.
Una segunda reunión tuvo lugar, poco después, en el castillo de Chapultepec el 17 de mayo de 1928. También asistió el arzobispo Ruiz y Flores, quien intentó exigir la devolución de las propiedades de la Iglesia, pero la petición fue tajantemente negada por el presidente Calles al dejar en claro que ello significaba violar la Constitución. El arzobispo terminó conformándose con lo pactado por el padre Burke y Calles en la primera entrevista.
Así las cosas, el asunto se trabó cuando el delegado apostólico de Estados Unidos Fumasoni Biondi decidió que este acuerdo tenía que ser aprobado por el Vaticano, postura que generó incertidumbre y confusión pues, se pensaba, el padre Burke contaba con el beneplácito de la Santa Sede y el hecho de tener que esperar para recibir el aval del papa no ayudó a destrabar el conflicto. Dar largas a la negociación sólo mostraba que no había unidad de criterios en la postura que Roma debía adoptar. Se decidió tomar las cosas con calma.
Fumasoni Biondi tuvo una postura poco clara. Por un lado, mostró interés en dar una salida al conflicto defendiendo la participación y acción del clero mexicano como un requisito para la solución del mismo, manteniendo cercanía con Pascual Díaz. Pero, por otro, tomó una posición más dura para negociar con el gobierno callista planteando que además de lo acordado por Burke debía exigirse la devolución de las casas de la Iglesia y la amnistía total a los obispos exiliados. Ello evidentemente implicaba alargar la vía negociadora y dejaba en entredicho los logros del embajador Morrow y el padre Burke. Por si esto no fuera poco, cuestionó la participación del embajador de Estados Unidos en México por considerarlo como un interlocutor no válido para el Vaticano.
Dos meses después de la segunda entrevista Burke- Calles, se dio el asesinato del presidente electo Álvaro Obregón, y con ello se colapsaron los esfuerzos por llegar a un arreglo. Desde su llegada al poder, el presidente Calles había mostrado intolerancia hacia la Iglesia, que evidenciaría en la conocida Ley Calles. Si bien entró en conversaciones con el embajador Morrow, quien logró flexibilizar su postura hacia un posible acuerdo con la Iglesia, no logró concretar nada, pues la muerte de Obregón cerró el proceso de negociación. Finalmente terminó su periodo presidencial y lo sustituyó Emilio Portes Gil.
Ya entrado el año de 1929 se conformó un tercer bloque integrado por el padre Edmund A. Walsh y Miguel Cruchaga, antiguo embajador chileno en Estados Unidos, quien hizo las primeras propuestas al Vaticano para un acuerdo viable. Walsh fue entonces comisionado para viajar a México a revisar la situación y, de ser posible, bajar el tono de las posturas extremas de ambos bandos. Después de una corta y discreta visita a la ciudad de México, en una de las más delicadas misiones de su carrera diplomática, el jesuita estadunidense logró, hasta donde se sabe, destrabar el conflicto religioso convirtiéndose en un interlocutor de gran importancia.
Walsh era el fundador de la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown y se había destacado por la amplia trayectoria diplomática que venía ejerciendo desde tiempo atrás. Recientemente había estado en la Rusia de Lenin, en representación del papa, atendiendo un problema de hambruna en la región e intentando rescatar lo que quedaba de la Iglesia católica en ese país. Ahora se le presentaba un nuevo reto. Se involucró en el conflicto mexicano de manera emergente, al parecer a sugerencia de Cruchaga. Debía informar al Vaticano por encima de Morrow y Burke, quienes para entonces ya habían perdido esperanzas en el asunto, entre otras razones porque el gobierno mexicano contaba con un nuevo representante, el presidente interino Emilio Portes Gil.
Walsh viajó a México a finales de abril de 1929 de manera sigilosa. No tuvo facultades de negociación sino más bien fue un informante confiable del papa. Ello generó confusión al embajador de Estados Unidos pues aparecía otro interlocutor más en escena y, a su vez, la presencia del sacerdote paulista Burke se percibía debilitada.
Finalmente, el diagnóstico del padre Walsh confirmó y respaldó la importancia de trabajar sobre la línea de conciliación con el gobierno mexicano pues en un balance general se visualizaba que la negociación era la mejor opción, a pesar de que los objetivos iniciales por los que se inició la guerra cristera no se consiguieran, esto es, la derogación de los artículos constitucionales en materia religiosa. La postura de Walsh se enfocaba en privilegiar el acuerdo, aunque estuviera sustentado en un escueto convenio en el que sólo se permitiría el regreso de los prelados a sus diócesis y la apertura del culto. Nada más.
El padre Walsh elaboró un proyecto que lo dio a conocer a la Santa Sede través del ex embajador chileno. Los puntos principales, fueron los siguientes:
Los alcances de los acuerdos se limitarían a sólo establecer un modus vivendi indispensable para “salvar la fe” del pueblo mexicano, amenazado por falta de culto y la propaganda hostil.
Restablecida la Iglesia, tendría que trabajar por los medios legales para obtener mejores condiciones. Es decir, se partía de donde se inició el conflicto.
Se insistía en que el proyecto no era la solución completa, sino una iniciación tolerable.
Aceptado este modus vivendi el gobierno debería garantizar los derechos pedidos en forma legal para la modificación de otros artículos constitucionales.
Esta escueta propuesta de Walsh era un reflejo de que se debía aceptar un mínimo indispensable para luego buscar los mecanismos necesarios para conseguir mejores condiciones. Walsh mandaba el mensaje que urgía una negociación que pusiera fin a la guerra cristera sin importar el costo que ello implicara. Interpretando al jesuita, convenía más un “mal arreglo” que una supuesta victoria pírrica.
En estas circunstancias, la Santa Sede dejó claro que solamente monseñor Ruiz y Flores era su representante. Para reforzar este papel se consideró necesario otorgarle el nombramiento de delegado apostólico (18 mayo 1929), con el fin de ser el centro de unidad de la acción de la Iglesia, tanto al interior de la misma, como en el trato con el gobierno. Este nombramiento fue muy importante ante la diversidad de interlocutores que aparecieron en los distintos frentes y sirvió de epílogo al conflicto religioso.
La solución
El presidente Portes Gil recibió un memorándum en el que los prelados Leopoldo Ruiz y Flores y Pascual Díaz fijaban los puntos básicos sobre los cuales deberían surgir los acuerdos.
De inmediato, el padre Walsh se lo hizo saber al embajador de Estados Unidos, quien le comunicó a los obispos que el presidente las había aceptado tomando inclusive las palabras en el sentido más favorable para ellos. De este modo, Morrow y su grupo prepararon las declaraciones que deberían ser firmadas por las dos partes.
Los acuerdos fueron firmados. El presidente declaraba en ellos haber tenido pláticas con el arzobispo Ruiz y Flores y el obispo Pascual Díaz y que esas pláticas habían tenido lugar como resultado de las declaraciones públicas hechas por el arzobispo Ruiz el día 2 de mayo y de las suyas el día 8. Aprovechaba para decir públicamente que no era el ánimo de la Constitución, ni de las leyes, ni del gobierno de la República destruir la identidad de la Iglesia católica, ni de ninguna otra, ni intervenir en manera alguna sus funciones espirituales.
Refiriéndose a ciertos artículos de la ley que determinaban el registro de los ministros, aclaraba que esto no significaba que el gobierno pudiera registrar a aquellos que no hubieran sido nombrados por el superior jerárquico del credo religioso respectivo o conforme a las reglas del propio credo. Agregaba respecto a la enseñanza religiosa, que la Constitución y leyes vigentes prohibían en manera terminante que se impartiera en las escuelas primarias y superiores, oficiales o particulares, pero que esto no impedía que, en el recinto de la Iglesia, los ministros de cualquier religión impartiesen sus doctrinas a las personas mayores o a los hijos de estas que acudieran a tal objeto. Por último, declaraba que tanto la Constitución como las leyes del país garantizaban a todo habitante el derecho de petición y en esa virtud, los miembros de cualquier iglesia podrían dirigirse a las autoridades correspondientes para la reforma, derogación o expedición de cualquier ley.
Conclusión
Los acuerdos del 21 de junio de 1929 terminaron una etapa y al mismo tiempo comenzaron otra: la del modus vivendi.
Es un hecho que la diversidad de interlocutores que participaron para lograr una vía pacífica a la solución del conflicto religioso mexicano, en ocasiones, más que ayuda, fue un obstáculo. La Santa Sede, de alguna forma, permitió la existencia de varios canales de participación que provocaron que el término del conflicto se hiciera más complejo de lo que hubiera podido ser por una sola vía. Tal vez a ello contribuyó la desunión del episcopado mexicano que tomó distintas posturas, lo cual favoreció la diversidad de enfoques que llegaron al Vaticano sobre el conflicto religioso.
La presencia del padre Walsh en México reveló de alguna forma el recelo del papa hacia las distintas versiones del conflicto. Para el sumo pontífice era importante escuchar otra voz, de alguien que en su opinión merecía toda su confianza. No obstante, el padre Walsh provocó tensión y molestia a algunos interlocutores que pensaban que la solución del conflicto ya estaba empezando a fluir y su presencia constituía otro obstáculo para un acuerdo pacífico.
El hecho de que los participantes, en muchas ocasiones, actuaran de manera sigilosa y confidencial, también generó un ambiente más complicado y difícil de esclarecer, que finalizó con el aparente éxito de la vía pacífica mas no con la solución al conflicto religioso.
PARA SABER MÁS
- Alcalá Alvarado, Alfonso, “Gestación y realización de los “arreglos”, Libro Anual de la Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica, C. La Iglesia en la Revolución Mexicana, 2010, México, Minos iii Milenio Editores, 2011.
- Collado H., María Del Carmen, Dwight W. Morrow. Reencuentro y revolución en las relaciones entre México y Estados Unidos 1927-1930, México, Instituto Mora, Secretaría de Relaciones Exteriores, 2005.
- Gallagher, Louis, S. J. Father Edmund Walsh, S. J., A Biography, Nueva York, Benziger Brothers, 1962. (Walsh papers, University of Georgetown, Archivo Histórico).
- Redinger, Matthew A. “Burke, Lippman, Walsh: diplomacia privada en la crisis entre Iglesia y Estado en México, 1927-1929” en Jean Meyer (compilador), Las naciones frente al conflicto religioso en México, México, TusQuets Editores, Cide, 2010.