Mariana Orozco Ramírez
Data Cívica A.C.
En revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 62.
Organizaciones campesinas e indígenas se han resistido por más de una década al denominado Proyecto Integral Morelos por la posible contaminación de río Cuautla, entren otras razones. El gobierno federal mandó a hacer una consulta a la población que los principales implicados han rechazado. El asesinato de un líder social sin castigo, así como amenazas y estigmatización de los defensores del territorio, obstaculizan una solución consensuada.
“Samir no murió,
el gobierno lo mató”
Consigna en marchas y protestas por el asesinato de Samir Flores
La relación entre el gobierno federal y los movimientos sociales que abiertamente se oponen o pronuncian en contra de algún aspecto del autonombrado proyecto de transformación de la vida pública de México ha sido tensa desde que inició el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. A escasos dos meses de haber iniciado su mandato, Andrés Manuel ya había calificado de “radicales de izquierda” y “conservadores” a campesinos y activistas organizados desde hacía dos sexenios para resistir la puesta en marcha del Proyecto Integral Morelos y defender el territorio, iniciando así una de muchas rupturas entre obradoristas y defensores de derechos humanos. Lo cierto es que al convertirse en gobierno después de las elecciones presidenciales de 2018, y con ello acceder al control de lo que Max Weber llamó el monopolio de la violencia institucionalizada, el obradorismo dejó de ser un movimiento social para encarnar al poder del Estado. Aunque mucho se ha repetido desde Palacio Nacional “no somos iguales” frente a las críticas que se han hecho sobre las similitudes en algunas de las prácticas del gobierno de la cuarta transformación con las de gobiernos del “prian”, el artero asesinato de Samir Flores a escasos dos meses de iniciado su gobierno en el contexto de echar atrás una promesa de campaña –no construir “un basurero tóxico”– puso el dedo en la llaga de la credibilidad de quien, después de contender tres veces en los comicios presidenciales, ganó desde un partido de izquierda.
El día 6 de febrero de 2019, en la conferencia de prensa matutina, el actual presidente dio a conocer que la culminación de la planta termoeléctrica en Huexca se definiría a través de una consulta popular: “si esta planta no la operamos quedan ahí enterrados, echados a perder, se desperdician más de 20 mil millones, dinero del pueblo, y no sólo eso, tendríamos que seguir comprando la energía a las empresas particulares. Pero como es la divisa de este gobierno, no vamos a hacer nada sin consultar: nunca más una imposición”. Además de ofrecer el subsidio al precio de la luz, en la misma conferencia prometió que antes de la consulta se realizaría una certificación internacional de la calidad del agua, a través de un organismo internacional avalado por la ONU, para que se corroborara “la nula” contaminación del río Cuautla, una de las principales preocupaciones, que consideró legítima, de los ya añejos opositores al Proyecto Integral Morelos. También ofreció pactos con los campesinos de la zona para mejorar los canales de riego y otras medidas de tecnificación del riego para la agricultura campesina, como colectores de riego, y la promoción de esquemas de colaboración entre los tres niveles de gobierno y ejidatarios para la recuperación del agua en canales, vasos, ollas y cárcamos. Sin embargo, un día después de anunciar la consulta, en un evento presidencial en Morelos el día 10 de febrero, la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos (APPM) realizó una manifestación en contra de reactivar el Proyecto Integral Morelos, pues lo prometido desde la conferencia matutina no borró su principal preocupación de echarse a andar la termoeléctrica: la contaminación del agua. Posterior a este encuentro, en redes sociales la appm se encargó de comunicar su disgusto por que el presidente los llamara “radicales de izquierda”, argumentando que su movimiento se conformaba por luchadores sociales y difundieron un listado con nombres y reconocimientos a su lucha, entre los que destacaron Teresa Castellanos y Doña Aurora Valdepeña, Premio a la Creatividad de la Mujer en 2018 por la Fundación Cumbre Mundial de las Mujeres, Jaime Domínguez Pérez, Premio Nacional de Derechos Humanos “Sergio Méndez Arceo” en 2016 y Juan Carlos Flores Solís, expreso político y Premio Internacional de Derechos Humanos “Front Line Defenders” en 2015. La appm también recordó que en 2014 “amlo prometió quitar la termoeléctrica, por eso el enojo, porque no cumple con su palabra” y denunció frente a la opinión pública que buscaron al entonces superdelegado de la 4T de Morelos, quien no sólo se negó a entablar una conversación con ellos, sino que dijo a la prensa que carecían de pruebas sobre los daños ambientales asociados a la termoeléctrica. Frente a estos dichos en las redes sociales, otros funcionarios públicos, como Luis Guillermo Pineda Bernal, entonces Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía, expresaron que “el tema de la frenada” a reactivar la planta termoeléctrica de Huexca “es de cuidado” y señalaron que el principal opositor a esa obra es un “empresario disfrazado de activista”, a quien describió como un experto en causar conflictos sociales para luego “arreglarlos” a cambio de lograr beneficios personales.
La defensa del territorio
A los defensores del territorio se sumaron habitantes agraviados por la imposición del Proyecto Integral Morelos quienes protestaron juntos en la visita del presidente por la decisión de realizar una consulta sobre sus territorios. El encuentro llegó a tal punto de rispidez con las comunidades opositoras que algunos compararon el hecho con la ruptura entre Zapata y Madero hace más de 100 años. De hecho, finalizado el acto, Jorge Zapata (descendiente de Emiliano) dijo en entrevista: “Esto apenas empieza. Hasta que no nos compruebe que va a aumentar el agua y no va a haber contaminación hasta entonces vamos a permitir esa termoeléctrica, hasta antes no. Escuché el discurso del presidente cargado con los dados a la termoeléctrica. Yo estoy en contra de la termoeléctrica”. Por su parte, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala desplegó un comunicado reconociéndose como “aquellos que ha dicho en sus discursos […] “que fueron reprimidos”, “encarcelados” y torturados. […] Somos aquellos pueblos que tienen una herida abierta que aún sangra y que corre peligro de ser hemorragia”. Señalaron que el doctor Alejandro Elizalde, operador de la termoeléctrica, “se siente con el valor de estar echando balazos en el centro de la comunidad” y que ha “amenazado a nuestras compañeras Teresa Castellanos y su familia si siguen en contra de la termoeléctrica”, para después dirigirse al presidente: “usted fue a Huexca ayer y no la escuchó, la ofendió. Ahora les (nos) dice ‘conservadores’, ‘radicales’. Informan también que ‘se buscó interlocución con el superdelegado Hugo Erick Flores, [del Partido Encuentro Social (PES)], que nada más se burla de nosotros haciendo señas de que nos callemos’”. En el comunicado se incluye que el tema del agua sólo es parte de la lucha, pero no es el único problema ambiental que les preocupa. Indica que el presidente ha omitido hablar del peligro que supone la cercanía de la termoeléctrica y los ductos de gas con el volcán Popocatépetl, otro de los principales riesgos del proyecto. Así lo confirmó la vulcanóloga Ana Lilian del Pozzo, coautora del mapa de riesgos del volcán y presidenta del Comité Asesor del Parque Nacional Izta-Popo desde el cual se asegura que la zona resultó muy afectada por los sismos de septiembre de 2017. Entre líneas, el comunicado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala deja ver que campesinos, activistas y habitantes que lo suscriben saben que también está en peligro la posibilidad de incidir en el proyecto de desarrollo en sus propios territorios, mismos que podrían quedar inservibles debido al deterioro ambiental, o bien, de los que podrían ser desplazados por un cambio en los patrones económicos de la zona de convertirse en un polo industrial urbanizado.
Las consultas a modo
Con respecto de la consulta propuesta por el presidente, al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala, le pareció “una burla” el plazo de dos semanas, desde que se anunció la consulta hasta la fecha estipulada, para informar a todo el estado de Morelos, 24 municipios de Puebla y Tlaxcala el conocimiento que sobre el Proyecto Integral Morelos que desde el 2011 comenzaron a acumular, pues saben que informar requiere tiempo, planeación, organización, comisiones, recursos para propaganda, medios de transporte, entre otras actividades de gestión. En ese tenor, Juan Carlos Flores, quien estuvo preso nueve meses en 2015 por oponerse al gasoducto en Puebla explicó que en esas condiciones “la consulta es exprés, inequitativa con los afectados en sus territorios” ya que “poblaciones como Cuernavaca van a terminar decidiendo por Huexca”.
Entre el comunicado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala y el asesinato de Samir Flores, integrante del frente, afuera de su domicilio, según testigos, a manos de un sicario que le disparó directo a la cabeza, pasaron escasas dos semanas. Como lo documentó la prensa, el asesinato de Samir Flores, y el de tantos otros defensores del territorio, se explicó a bote pronto, como el resultado de rencillas locales entre grupos criminales sin que se integrara de forma adecuada una carpeta de investigación. La poca atención que se le dio desde el gobierno federal y estatal a este homicidio doloso despertó el enojo del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua, quienes, en los días de la consulta, impidieron que las mesas de votación se instalaran en Amilcingo, Huexca, Temoac, Jantetelco y Yecapixtla –justo los territorios más afectados por la termoeléctrica– cumpliéndose lo dicho por Juan Carlos Flores: la gente de Cuernavaca y otros municipios no indígenas terminaría por decidir el futuro de sus territorios a cambio de un subsidio en el precio de la luz.
El 25 de febrero, la entonces subsecretaria de Desarrollo Democrático y Participación Social de Gobernación, Diana Álvarez Maury, anunció en La Mañanera que, a pesar de las protestas de los opositores, que por cierto no fueron pocas y en su mayoría estuvieron motivadas por el asesinato de Samir Flores, el ejercicio participativo había sido “un éxito” ya que la mayoría de la población había podido salir a expresar su voluntad libremente. Lo cierto es que, fiel al espíritu de las votaciones que a lo largo de la historia ha organizado la Secretaría de Gobernación, brilló la opacidad en la metodología para seleccionar las mesas instaladas para la consulta, lo cual no es menor dado el contexto ya que es prioritario que la población que vive cerca de la termoeléctrica y del gasoducto esté de acuerdo con el proyecto; y tampoco se dio a conocer la metodología que se usó para el conteo de los resultados pues no se supo más allá de que estuvo a cargo de la estructura de la Secretaría de Bienestar que, a su vez, se apoyó en el trabajo gratuito de las y los servidores de la nación, en ese entonces los operadores políticos que acompañaron a Andrés Manuel durante su campaña para hacer el Censo del Bienestar ligado a la dotación de programas sociales. Los servidores de la nación, identificables por su chaleco beige, estuvieron haciendo trabajo de volanteo previo a la consulta en aquellos municipios donde se instalaron las mesas para el Ejercicio Participativo. En los volantes se hacía mención del subsidio al precio de la luz ligado a dar el visto bueno a la termoeléctrica. Tampoco existen registros públicos de la cantidad de mesas que se logró instalar ni se presentaron porcentajes de ciudadanos que participaron con respecto al padrón electoral o la población total, lo cual habría permitido ponderar si la consulta tuvo un carácter vinculante o no. Lo que sí es posible afirmar es que el Ejercicio Participativo no fue una “consulta indígena” y que tampoco cumplió con los estándares esperados de un país que ha firmado y ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Convenio 169
Dado que el sexenio obradorista se ha caracterizado por la puesta en marcha de megaproyectos de desarrollo en territorios donde habitan pueblos originarios, como el Proyecto Integral Morelos, el Convenio 169 de la OIT sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas cobra especial relevancia. Dicho convenio es un tratado internacional adoptado en el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo el 27 de junio de 1989 en Ginebra, Suiza. México lo ratificó un año después (5 de septiembre de 1990) y entró en vigor el 5 de septiembre de 1991. El referente normativo en México para la consulta de los pueblos indígenas es el Artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Apartado B, fracción IX: Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen. Por otra parte, se encuentra la Ley Federal de Consulta Popular publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo de 2014, la cual emana del Artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Fracción VIII. La razón de ser del Convenio 169 se funda principalmente en el respeto y reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas que pueden resumirse en tres principios: 1) el respeto a las culturas y las formas de vida de los pueblos indígenas; 2) el reconocimiento de sus derechos sobre las tierras y los recursos naturales, esto se refiere al lugar donde habitan y que gozan de un hábitat y ecosistema que los pueblos indígenas protegen y defienden porque es parte de su comunidad, de su desarrollo económico y social, y de donde adquieren un sentido de pertenencia e identidad nacional a través de su cultura, usos y costumbres e idiosincrasia, derechos que no deben ser vulnerados ya que se pone en riesgo su sobrevivencia o su coexistencia; y 3) el reconocimiento de su derecho a decidir sus prioridades en lo que atañe a su proceso de desarrollo. Por lo tanto, el Convenio 169 tiene como objetivo abatir las condiciones y comportamientos que han lacerado a los pueblos indígenas a través de la discriminación, la marginación, la pobreza y las condiciones de explotación en el trabajo. El Convenio 169 tiene como antecedente el Convenio 107 sobre poblaciones indígenas y tribales (26 de junio de 1957, Ginebra), que fue la primera iniciativa para tratar los asuntos indígenas desde un marco legal internacional y fue adoptado por la OIT a pedido de las Naciones Unidas (lo firmaron 27 países). Sin embargo, el mismo tenía un enfoque integracionista, mismo que Naciones Unidas se cuestionó. Así, en 1986 se sostuvo que el enfoque integracionista del Convenio estaba obsoleto y que su aplicación era prejudicial para el desarrollo. Dado que la piedra angular del Convenio 169 es reconocer a los pueblos y sus territorios, poner en marcha la consulta y sus principios fundamentales como el consentimiento, el de ser libre y de ser informada es de vital importancia para diferenciarse del enfoque previo que implicaba integrar a los pueblos indígenas al desarrollo nacional. Por eso la consulta es la base para aplicar el conjunto más amplio de derechos consagrados en el Convenio 169, que son indispensables para mantener y preservar la gobernanza democrática y del desarrollo incluyente.
El siguiente cuadro explica las características de las consultas vinculantes respecto a lo que dicta el Convenio 169 de la OIT.
| CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTA VINCULANTE | |
| Con consentimiento previo | A través de asambleas comunitarias, en las que se dé a conocer de forma directa y mediante votaciones a mano alzada y con la participación de la mayoría de la comunidad haciéndose saber los proyectos a llevarse a cabo en su territorio. |
| Debe ser libre | No debe existir la intervención de algún agente externo, ya sea de tipo civil, militar, público o privado en la toma de decisiones sobre si se llevará o no a cabo dicho programa o proyecto. |
| Debe ser informada | Se debe garantizar el hacer de conocimiento a la población toda la información con detalle sobre los programas o proyectos a desear implementarse, así como los inconvenientes o afectaciones que pudieran surgir en la implementación de estos. |
El Convenio 169 no es un instrumento ajeno para los defensores del territorio que pertenecen a los pueblos originarios, incluso ha sido utilizado por ellos en otras ocasiones buscando protegerse frente a proyectos de desarrollo que les afectan. Es por ello que en el marco del Proyecto Integral Morelos no sólo se frenó la obra mediante un plantón que impidió terminar la construcción del último tramo en los sexenios previos, también denunciaron las irregularidades del proceso de consulta encabezado por Hugo Erick Flores.
La manera en que se llevó a cabo el Ejercicio Participativo permite sostener que se trató de una consulta a modo, en la que faltó transparencia, y que se realizó en un contexto de hostilidad y estigmatización a los defensores del territorio, como en el caso de Samir Flores, a quien, según los medios locales, junto a su cadáver se dejó una nota que lo relacionaba con el Comando Tlahuica, un grupo de la delincuencia organizada que opera en Morelos. Así, desde que inició el sexenio, López Obrador, y el oficialismo obradorista que le hace eco, con frecuencia ha buscado generar una imagen negativa de los opositores a los megaproyectos, a quienes califica de “conservadores” y a quienes, desde la conferencia Mañanera pregunta “dónde estaban cuando…”, al parecer, desconociendo la historia de resistencia de los pueblos originarios contra el gran capital en el territorio mexicano, así como también la de otros activistas preocupados por el medio ambiente. Lo cierto es que en los primeros tres años de su mandato han sido asesinados en México 58 defensores del medio ambiente y el territorio, 41% integrantes de poblaciones indígenas. Se ha documentado que la mayoría de estos homicidios, y otro tipo de violencias, como amenazas, intimidación, criminalización y desaparición, han quedado impunes, lo que responde a un clima de violencia estructural asociada a los proyectos de desarrollo.
PARA SABER MÁS
- Cruz rueda, Elisa “Mecanismos de consulta a los pueblos indígenas en el marco del Convenio 169 de la oit: el caso mexicano” en Revista Pueblos y Fronteras Digital, 2008, en https://cutt.ly/fwnIM82h
- Consulta Ciudadana sobre termoeléctrica Huexca en Yecapixtla, Morelos. Conferencia del presidente amlo, disponible en https://cutt.ly/QwnI1zTz
- Global Witness, “Siempre en pie. Personas defensoras de la tierra y el medioambiente al frente de la crisis climática”, septiembre de 2023, en https://cutt.ly/jwnI1JgY
- Luna-Nemecio, José Manuel, “El Proyecto Integral Morelos y la devastación del territorio”, Nexos, 9 de agosto de 2021, en https://cutt.ly/lwnI17Ek