Eréndira Paz López
En revista BiCentenario, el ayer y hoy de México, núm. 71.
Durante más de medio siglo se normalizó el abandono paterno del hogar. Madres e hijos fueron las víctimas. Mucho cambió a partir de la entrada del siglo XXI La narrativa se modificó y las mujeres comenzaron a ser escuchadas. Con la protesta en las calles, se aprobó una significativa transformación legal. Aun así, hay una deuda que no prescribe.
El origen de la deuda moral no está en los códigos civiles ni en las reformas recientes; está en la estructura social que México construyó durante más de medio siglo, una estructura que convirtió el abandono paterno en costumbre, la maternidad en obligación y la infancia en daño colateral. No fue un fenómeno aislado ni una anomalía social: fue una pedagogía nacional que cruzó generaciones enteras, moldeando lo que se consideraba normal, tolerable o incluso inevitable.
En los años setenta, cuando la separación entre una pareja se volvía inevitable, no sólo se rompía un proyecto de familia: se quebraba un estatus. La mujer divorciada cargaba la culpa de haber “fracasado” en su deber conyugal, y la madre soltera se convertía en una figura incómoda para la moral pública. No había redes de apoyo ni instituciones sólidas; había silencios, susurros, estigmas y una vigilancia social que observaba más a la mujer que al padre que se marchaba. En esa década, la infancia mexicana aprendió que la ausencia del padre era un secreto que se debía explicar con vergüenza, como si esos niños fueran responsables de justificar el abandono que sufrían.
La década de los ochenta profundizó la desigualdad. La crisis económica obligó a millones de hombres a migrar o desaparecer del mapa familiar, dejando a las mujeres la carga total de la supervivencia cotidiana. Las madres trabajaban en fábricas, comercios, casas ajenas; estiraban el dinero como quien estira el tiempo, intentando que alcanzara para uniformes, cuadernos, medicinas, comida. La maternidad se convirtió en un oficio múltiple: trabajadora, cuidadora, proveedora, contadora, jefa de hogar. El padre ausente no era cuestionado; se asumía que “estaba haciendo su vida” o “no podía dar más”. La infancia crecía en una normalidad distorsionada donde la falta del padre no era vista como una injusticia, sino como una variación aceptada del destino.
En la década de los años 1990, México modernizó sus calles, pero no su conciencia. La televisión era el catecismo doméstico. “Los ricos también lloran”, “Mundo de juguete”, “El derecho de nacer”: todas enseñaban lo mismo. La mujer buena se arrodilla, perdona, llora con decoro. Y si es traicionada, aguanta. “Cuna de lobos” llevó el poder materno al límite de la manipulación, y “El pecado de Oyuki” vistió la humillación con ropajes de amor imposible. El país entero repitió esos guiones. Nadie enseñó a vivir con dignidad, sólo a sufrir con elegancia. La maternidad solitaria seguía siendo un estigma y el padre ausente un sujeto con derecho a equivocarse. La justicia familiar operaba bajo criterios heredados: conciliación antes que protección, duda hacia la mujer, indulgencia hacia el hombre. Los niños crecían entre discursos contradictorios: se decía que “el padre es fundamental”, pero se permitía que ese padre no apareciera ni cumpliera obligaciones básicas.
A inicios de los 2000, cuando el acceso a internet comenzó a expandirse, las mujeres encontraron por primera vez un espacio para decir en público lo que siempre se había dicho en secreto. Foros, chats, blogs y correos electrónicos se convirtieron en puntos de encuentro para quienes cargaban historias casi idénticas: padres que no pagaban, jueces que aplazaban, expedientes perdidos, abogados indiferentes, audiencias reprogramadas una y otra vez. La narrativa cultural comenzó a moverse. La vergüenza dejó de ser un peso individual y se transformó en un fenómeno colectivo: miles de mujeres descubriendo que no estaban solas en un sistema que había sido diseñado para que guardaran silencio.
Esa revolución íntima –primero silenciosa, después pública– permitió que las madres comenzaran a nombrar las violencias invisibles. El abandono económico dejó de ser un “problema entre adultos” para convertirse en un daño estructural hacia la infancia. La ausencia dejó de romantizarse como consecuencia del desamor y empezó a entenderse como una responsabilidad incumplida. El país todavía no estaba listo para escuchar del todo, pero las mujeres ya habían comenzado a hablar en un lenguaje distinto: un lenguaje donde exigir derechos no era rencor, donde pedir justicia no era drama y donde la maternidad dejaba de ser sacrificio obligatorio.
Llegaron también los primeros estudios académicos que cuestionaban la visión tradicional. Investigadoras, abogadas, psicólogas y periodistas comenzaron a documentar que la deuda alimentaria no era un caso aislado, sino un fenómeno estructural que formaba parte de la desigualdad de género. Las cifras comenzaron a hablar: millones de niños creciendo sin pensión, miles de expedientes congelados en juzgados familiares, cientos de mujeres sosteniendo solas hogares enteros mientras la ley seguía tratando el abandono como un conflicto secundario.
Sin embargo, aun con datos, análisis y testimonios, el sistema judicial permanecía anclado en prácticas de otra época. La conciliación continuaba privilegiando acuerdos mínimos, la palabra de la madre era puesta en duda sistemáticamente y la infancia seguía siendo tratada como una extensión del conflicto conyugal, no como un sujeto de derechos. Era un país donde la justicia familiar parecía diseñada para mantener a las mujeres en espera y a los hombres en posibilidad de evadir.
Esta herencia –cultural, económica, judicial y emocional– siguió acumulándose como sedimento. Y aunque nuevas generaciones crecieron con discursos diferentes, la estructura permaneció. Medio siglo después, esa deuda no ha prescrito: está en los expedientes que duermen en los juzgados, en los depósitos simbólicos que no alcanzan para una consulta médica, en las abuelas que vuelven a criar, en los niños que aprenden demasiado pronto a no pedir lo que necesitan. La deuda no es del pasado: sigue respirando en el presente.
El despertar: ley, luchas, mítines, avances
El despertar no comenzó en los congresos ni en los tribunales: comenzó en la vida cotidiana, en las conversaciones íntimas, en las mujeres que ya no podían sostener solas el silencio que heredaron de sus madres y abuelas. Lo que durante décadas había sido un estigma personal empezó a revelarse como un patrón colectivo: millones de mujeres con historias casi idénticas, viviendo en distintos estados, edades y contextos, pero atravesadas por la misma raíz del abandono normalizado.
A inicios de los 2000, internet abrió una grieta en la pedagogía del silencio que gobernó al país desde los años setenta. Por primera vez, miles de mujeres comenzaron a compartir su experiencia sin miedo al juicio vecinal o a la vergüenza impuesta. En foros, blogs, correos electrónicos y, después, en redes como Facebook y Twitter, aparecieron los relatos que la televisión había romantizado por décadas: padres que no pagaban, jueces indiferentes, expedientes congelados, licencias renovadas sin verificación, pensiones simbólicas que no alcanzaban ni para un par de consultas médicas.
Esa grieta se convirtió en fisura.
Y la fisura en un movimiento.
Las mujeres se descubrieron entre sí: no estaban fallando, estaban siendo falladas. Allí comenzó el cambio moral que ningún gobierno había logrado impulsar: la vergüenza dejó de ser de ellas y empezó a recaer donde siempre debió estar. El padre ausente dejó de ser visto como víctima del sistema o como “pobre hombre en conflicto”; empezó a nombrarse como lo que era: una persona que incumplía obligaciones vitales con sus hijos.
El despertar tomó fuerza en la década de 2010. Las redes sociales no sólo conectaron historias: las amplificaron. Los primeros tendederos aparecieron en Oaxaca y ciudad de México, seguidos por Puebla, Jalisco, Veracruz, Chihuahua, Sinaloa. Fotografías, nombres, sentencias impresas, testimonios, copias de recibos, carpetas completas colgadas en plazas públicas. Lo que durante medio siglo había sido una experiencia privada y vergonzante se convirtió en un acto público de dignidad.
Los tendederos no surgieron de campañas gubernamentales ni de protocolos institucionales: fueron la respuesta desesperada –y al mismo tiempo profundamente política– de miles de madres que ya no podían esperar a que el Estado actuara. Frente a los tendederos, el país tuvo que reconocer lo que durante décadas negó: la deuda alimentaria no es un conflicto familiar, es una violencia estructural.
Los mítines se multiplicaron. Marchas frente a los congresos locales, protestas en fiscalías, plantones en los poderes judiciales. La lucha dejó de centrarse en la reconciliación con el padre y se enfocó en la protección de la infancia. Las mujeres no pedían venganza: pedían que la vida de sus hijos dejara de depender del humor, la voluntad o la desaparición del adulto responsable.
Ese despertar colectivo sentó las bases para lo que vendría después: una arquitectura legal que no nació de la generosidad del Estado, sino del cansancio organizado de las madres. Las instituciones no encabezaron la transformación; fueron arrastradas por ella.
De esa presión, de esos tendederos, de esos mítines, de ese cansancio con nombre y apellido, nació el terreno político y social que permitió la creación de la Ley Sabina. La Ley Sabina no nació en un escritorio legislativo ni en una oficina gubernamental: nació de la calle, del cansancio acumulado, de los tendederos que las madres levantaron con sus propias manos y de la urgencia de hijos que crecían en medio de expedientes inmóviles. Es una ley hija de la dignidad social, no de la voluntad del Estado.
El detonante fue claro: una madre, Diana Luz Vázquez Ruiz, en Oaxaca, decidió que el silencio ya no era opción. Su hija Sabina –una niña cuyo nombre hoy simboliza a millones– se convirtió en el punto de quiebre de una historia nacional. Desde ahí surgió un movimiento que no pidió permiso para existir: tomó plazas, legislaturas, tribunales, redes sociales y discursos públicos. Lo que comenzó con un tendedero se transformó en un mapa nacional de resistencia.
Los congresos respondieron tarde y a regañadientes, pero finalmente respondieron. Entre 2021 y 2024 se aprobaron más de cuarenta reformas: cambios a códigos civiles, ajustes a códigos penales, modificaciones a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, creación de padrones estatales y, sobre todo, el paso que marcaría un antes y un después: el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (rnoa), aprobado por el Senado en marzo de 2023 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de ese mismo año.
Ese registro fue presentado como un golpe contra el abandono impune. En teoría, concentraría la información de las personas deudoras alimentarias e impediría que tramitaran pasaporte, licencias de conducir, créditos bancarios, cargos públicos, o incluso nuevas uniones civiles sin acreditar que estaban al corriente con sus hijos. Era, sobre el papel, la reforma más contundente en materia de protección a la infancia en décadas.
Pero México es un país donde las leyes avanzan más rápido que su implementación. La norma nació; la estructura para ejecutarla, no. Mientras el gobierno federal presumía un “avance histórico”, los estados mostraban una realidad desigual: algunas entidades comenzaron a emitir certificados de no deudor en línea, otras apenas abrían mesas de trabajo para “analizar cómo conectarse”, y varias reconocieron abiertamente que no tenían ni personal, ni sistemas, ni presupuesto para operar el registro.
La Ley Sabina funciona donde hay voluntad política y recursos; donde no, es un cascarón solemne. Y, sin embargo, aunque incompleta, abrió algo que México nunca había tenido: un lenguaje común para nombrar a los deudores alimentarios y un mecanismo legal para exhibirlos más allá de los tendederos ciudadanos. Dio nombres, criterios, procedimientos, definiciones. Introdujo en la esfera pública la idea de que la violencia económica también es violencia y de que la paternidad no puede ser sólo un discurso emocional, sino una obligación verificable.
Esa ley, nacida desde abajo, también enfrentó resistencias. Hubo congresos que intentaron diluirla, funcionarios que la minimizaron, grupos que la acusaron de “criminalizar a los padres”. Se habló de “exageración”, de “conflictos de pareja”, de “alienación parental”. Se intentó convertir un derecho de la infancia en un debate ideológico para evadir lo esencial: el Estado mexicano había fallado durante medio siglo en garantizar el sustento básico de millones de menores.
Aun así, las madres no retrocedieron. Las colectivas no retrocedieron. Los tendederos siguieron expuestos. Los mítines frente a los poderes judiciales continuaron. El registro nacional avanzó, aunque a cuentagotas. Los padrones estatales crecieron, aunque sin uniformidad. Las reformas se multiplicaron, aunque sin personal que las operara.
La contradicción quedó expuesta: la Ley Sabina está haciendo su trabajo; los gobiernos estatales, a ritmos desiguales, todavía no.
Y esa distancia entre la letra firmada y la vida cotidiana se ve con toda claridad en un caso particular: Sinaloa.
Sinaloa se resiste a cumplir
Sinaloa constituye un caso ilustrativo para examinar la distancia persistente entre la legislación y su ejecución en materia de obligaciones alimentarias. Aunque la entidad ha incorporado en su marco jurídico los lineamientos derivados de la Ley Sabina, su aplicación efectiva sigue siendo limitada debido a la ausencia de estructuras operativas y de financiamiento público.
En 2024, una investigación periodística local indicó que siete de cada diez hombres demandados no cumplen con la pensión alimentaria, cifra que confirma una tendencia sostenida durante décadas. Un año después, se verificó que el padrón estatal de deudores previsto por la ley no cuenta con plataforma técnica, personal especializado ni asignación presupuestal, situación que se repite en los ejercicios fiscales de 2024, 2025 y en el anteproyecto de 2026. La norma se encuentra promulgada, pero carece de los instrumentos mínimos para su funcionamiento.
Este rezago no responde únicamente a cuestiones administrativas. Forma parte de una trayectoria institucional donde el incumplimiento de obligaciones alimentarias ha sido tratado como un asunto privado, con escasa incorporación de criterios modernos de protección a la infancia. La consolidación del registro implicaría revisar expedientes antiguos, actualizar prácticas judiciales y asumir responsabilidades administrativas que no siempre encuentran respaldo político.
Mientras tanto, la falta de interoperabilidad entre sistemas impide una verificación eficaz. Los deudores mantienen sin restricciones el ejercicio de sus derechos civiles, y los mecanismos oficiales previstos por la legislación permanecen en etapa incipiente. Frente a esta ausencia, prácticas ciudadanas como los tendederos funcionan como registros informales que suplen parcialmente la falta de información pública actualizada.
El caso de Sinaloa muestra que el reto central no consiste en ampliar el marco normativo, sino en garantizar su aplicación mediante infraestructura, presupuesto y coordinación interinstitucional. La Ley Sabina fijó un estándar nacional; su consolidación depende de que las entidades federativas –incluida Sinaloa– transformen ese estándar en políticas públicas sostenibles. Sólo así la protección de la infancia podrá dejar de depender de iniciativas sociales y convertirse en un compromiso institucional verificable.
El país que aplaza la infancia
México ha desarrollado, a lo largo de varias décadas, una tendencia que revela más de lo que aparenta: la capacidad de postergar decisiones esenciales mientras se celebran reformas simbólicas. Aplazar audiencias, retrasar expedientes o diferir presupuestos no responde sólo a inercias burocráticas, sino a estructuras históricas que han condicionado la manera en que el país se relaciona con su propia infancia. La niñez, sin embargo, no ocurre en diferido: transcurre en un presente que no admite espera.
La deuda alimentaria no pertenece únicamente al ámbito familiar; forma parte de un fenómeno más amplio que muestra cómo el Estado ha gestionado –o pospuesto– su responsabilidad hacia quienes dependen de otros adultos. Aplazar la infancia equivale, en términos históricos, a aplazar también la posibilidad de un desarrollo social pleno.
La Ley Sabina puso en el centro una verdad largamente ignorada: la fragilidad de un sistema institucional que durante décadas concibió la paternidad como una figura más simbólica que jurídica. También reveló que, ante la ausencia de mecanismos eficaces, fueron las mujeres quienes sostuvieron no sólo la vida doméstica, sino también la memoria, la denuncia y la continuidad de una demanda histórica.
Los tendederos ciudadanos, las carpetas exhibidas en plazas públicas y la movilización social no surgieron como actos de confrontación, sino como mecanismos de registro ante un Estado que avanzaba con lentitud. Esas expresiones hicieron visible un problema que había permanecido fragmentado en expedientes dispersos y que ahora adquiría dimensión pública.
Entre 2021 y 2024, la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y la reforma de diversos ordenamientos delinearon un nuevo marco jurídico. Por primera vez se estableció un lenguaje común para nombrar el abandono económico y un sistema nacional para registrarlo. Sin embargo, toda reforma requiere estructuras que la sostengan: interoperabilidad, personal, presupuesto y coordinación entre órdenes de gobierno. La historia institucional mexicana demuestra que la consolidación de un sistema suele ser más compleja que la promulgación de una ley.
Ese es el desafío actual. La legislación existe; su eficacia dependerá de la capacidad de las entidades federativas para convertirla en mecanismos verificables y permanentes. Las cifras nacionales –y los casos emblemáticos como el de Sinaloa– no señalan culpables individuales, sino una trayectoria institucional marcada por tiempos dispares y prioridades históricamente fragmentadas. La brecha entre norma y práctica no es nueva; lo nuevo es la posibilidad de cerrarla.
La transformación será completa cuando la protección de niñas, niños y adolescentes deje de depender de esfuerzos intermitentes y se convierta en un principio sostenido de Estado. Cuando la infancia sea entendida no como una extensión del litigio familiar, sino como un indicador fundamental de la solidez del pacto social.
La Ley Sabina abrió un camino y lo inscribió en la estructura normativa del país. Las mujeres que durante años sostuvieron esta demanda aportaron un legado cívico que hoy forma parte de la memoria pública. Corresponde a las instituciones convertir esa memoria en políticas duraderas.
México ha avanzado, pero su avance seguirá siendo parcial mientras la infancia continúe sujeta al azar institucional. El reto no es sólo jurídico; es civilizatorio. Implica construir un país donde crecer no sea un acto condicionado por retrasos administrativos, sino un derecho garantizado por la continuidad del Estado.
La deuda moral persiste, pero también persiste algo más significativo: un cambio de conciencia que ya no puede desandarse. En esa conciencia –más que en cualquier decreto– se encuentra la evidencia de que la infancia dejó de ser un tema aplazable.
PARA SABER MÁS
- Beauvoir, Simone de, El segundo sexo, París, Gallimard, 1949.
- Centro de Estudios Constitucionales de la scjn, La evolución de los derechos de niñas y niños a partir de la Constitución de 1917, Ciudad de México, SCJN, 2018.
- Leyva Hernández, Daniela Estefanía y Elsa Leticia Sandoval Guevara, “La garantía alimentaria en visión de derechos humanos en México”, BIOLEX, 2022, en https://cutt.ly/CtEViK6b
- scjn, Criterios sobre alimentos, 2023.
- Vázquez, Diana Luz, Salvavidas para madres autónomas / Lifeline for independent mothers, Ciudad de México, Grijalbo, 2024.