Los cimientos del voto femenino

Martha Eva Rocha Islas
Dirección de Estudios Históricos, INAH

En revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 22.

Se cumplen seis décadas de la entrada en vigor de la ley que puso en pie de igualdad el derecho a votar de la mujer mexicana. Pero ya en 1915 un grupo de mujeres había colocado el tema en discusión a través de los clubes femeniles y la difusión en la prensa. El Congreso Constituyente de 1916 le dio un eco poderoso, donde si bien no permearon las propuestas por el sufragio femenino, dotó de legitimidad su reclamo democrático.

El debate legislativo sobre el voto femenino en México se dio por primera vez en el Congreso Constituyente de 1916. El país aún no estaba en paz; sin embargo la facción carrancista se vislumbraba como la vencedora. Allí se presentaron tres iniciativas a discusión, resultado de la activa participación que habían llevado a cabo las mujeres como propagandistas en la revolución mexicana y que algunas de ellas iniciaron desde la primera década del siglo XX.

La revolución mexicana involucró a las familias y sus acciones no podrían entenderse si no se mira el entramado de relaciones sociales y de parentesco que las sustentan; las mujeres propagandistas resolvieron la logística organizativa mediante la formación de clubes políticos femeniles, aunque algunas se integraron a los clubes presididos por hombres que operaban en  distintas poblaciones del interior del país.

Los primeros clubes femeniles que se formaron fueron el Josefa Ortiz de Domínguez, en Puebla, en 1909; y el Hijas de Cuauhtémoc, en la ciudad de  México, en junio de 1910. En la segunda etapa revolucionaria encabezada por Venustiano Carranza, bajo la bandera de la legalidad constitucional suscrita en el Plan de Guadalupe, el 26 de marzo de 1913, se llamó una vez más a los mexicanos a sublevarse. Unido a la lucha bélica, el despliegue de las campañas de propaganda por parte de los distintos grupos revolucionarios –constitucionalistas, zapatistas, villistas– era fundamental para lograr el triunfo de sus programas. El compromiso de las mujeres propagandistas en esta etapa adquirió una relevancia inusitada y se fundaron nuevos clubes. Atala Apodaca dirigía el círculo Josefa Ortiz de Domínguez, en Guadalajara, Jalisco; Mercedes Olivera estaba al frente del club del mismo nombre en Juchitán, Oaxaca; el club Plan de Guadalupe fue organizado por Mercedes Rodríguez Malpica, en Veracruz. Hay que mencionar, además, el club Melchor Ocampo en la región de Atlixco, Puebla; la Segunda Junta Revolucionaria Constitucionalista de Puebla-Tlaxcala, el club Mariano Escobedo del cual era vicepresidenta Josefina Lerena; el club Lealtad que presidió María Arias Bernal, y que fundó en el Panteón Francés, el 22 de marzo de  1913, un mes después de ocurridos los asesinatos de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, y el club Democrático Feminista, ambos formados en la ciudad de México.

Los clubes constituyeron un lazo de unión entre los rebeldes en armas y la población civil a la que había que convencer buscando la adhesión de voluntarios que engrosaran las filas constitucionalistas. Las integrantes de los clubes eran también espías, correos, agentes confidenciales, enfermeras, conseguían y transportaban armas y material de guerra así como medicamentos y alimentos a los campamentos bélicos, lo que las hizo padecer cateos, detenciones y encarcelamientos.

 

En los clubes se desarrolló entonces el trabajo de las propagandistas, quienes no solo distribuían materiales impresos en sus recorridos (planes, programas, periódicos, circulares, hojas volantes, decretos), sino que, como voceras, impartían conferencias y hacían arengas políticas a la población civil. Este convencimiento mediante la palabra fue fundamental en una población mayoritariamente rural y analfabeta. El activismo de las mujeres hacía evidente en la práctica lo que en el discurso se les negaba: sus aspiraciones de participar en la vida política del país. 

La prensa fue otro medio de difusión y protesta. Voces femeninas tomaron la pluma como arma de lucha y opinaron, usaron los medios de difusión a su alcance para hacerse oír y expresar sus ideas políticas, y cuando no hubo imprentas, de su puño y letra surgieron proclamas, excitativas, libelos, volantes que sin duda se perdieron en el tiempo, además de que en no pocos casos los firmaron con seudónimo. Una buena parte de los textos de propaganda nos muestra cómo un pequeño grupo de mujeres intentó sensibilizar, convencer y activar la conciencia del pueblo para participar en la lucha por una sociedad más justa. Su contribución respecto a propuestas, acciones y convicción política las coloca en el rango de revolucionarias. 

La derrota del ejército federal y la firma de los Tratados de Teoloyucan, el 15 de agosto de 1914 confrontaron a las facciones beligerantes debido a las diferencias entre los principales caudillos. El desmembramiento del constitucionalismo hizo que las campañas de propaganda cobraran mayor ímpetu entre las facciones beligerantes. La lucha militar y política entablada entre el gobierno emanado de la soberana Convención revolucionaria de Aguascalientes en 1914, sostenida por villistas y zapatistas, y el de Venustiano Carranza y sus seguidores, establecidos en Veracruz desde finales del mismo 1914, presionó al primer jefe a radicalizar su programa social, contenido en el decreto del 12 de diciembre de 1914. En las adiciones y reformas al Plan de Guadalupe se comprometió a expedir y poner en vigor, durante la lucha, todas las leyes, disposiciones y medidas encaminadas a establecer un régimen que garantice la igualdad de los mexicanos […] el pleno goce de sus derechos, y la igualdad ante la ley. 

Activismo 

Las declaraciones de Carranza y la activa participación de las mujeres en la lucha armada las llevó a plantear sus ideas en torno a las condiciones de desigualdad prevalecientes. Entre 1915 y 1919 se empieza a delinear un proyecto feminista constitucionalista inserto en el liberalismo, que una vez más se pronunció por la emancipación de la mujer. Este proyecto trató de llevarse a cabo a través de la organización de clubes feministas en distintos estados del país, así como de la edición de revistas, particularmente La Mujer Moderna, y la celebración de dos congresos feministas en Mérida, Yucatán, en enero y diciembre de 1916. Hermila Galindo Acosta sería una de las más destacadas exponentes del feminismo liberal en el periodo revolucionario. Sus aportaciones tanto en la tribuna como sus escritos en la prensa testimonian dicha contribución. 

Fue el gobernador de Yucatán, Salvador Alvarado, quien delegó en la profesora Consuelo Zavala la organización del Primer Congreso Feminista de la República Mexicana, celebrado en el teatro Peón Contreras de Mérida, con una asistencia aproximada de 600 congresistas. Alvarado entregó a la comisión cuatro preguntas a partir de las cuales se organizarían las discusiones. En realidad, dos eran los temas que más lo preocupaban y buscaban mejorar la condición social de las yucatecas. El primero se refiere al proceso de secularización de la educación femenina para librar a las mujeres del fanatismo religioso, así como el papel que correspondía a la escuela tanto a nivel primario como vocacional en la preparación para la vida intensa del progreso; el segundo, el del voto femenino, defendido por las yucatecas Elvia Carrillo Puerto, Rosa Torre, Francisca Ascanio, Dilia Macías de Trujillo, Piedad Carrillo Gil, Encarnación Rosado y Ana María Espinosa, integrantes de la posición avanzada del Congreso Feminista, quienes no consiguieron que su propuesta prosperara. En la votación, 31 mujeres pidieron el sufragio a escala municipal como un primer paso, aunque sin duda era un grupo minoritario, pues el Congreso en su conjunto no avaló dicha petición. 

En el Segundo Congreso Feminista, Hermila Galindo preparó un trabajo en el que trató, entre otros temas, el voto femenino, desarrollando una puntual argumentación en el sentido de que era de estricta justicia que la mujer tuviera el voto en las elecciones de las autoridades porque, si tenía obligaciones, era razonable que no careciera de derechos: las mujeres necesitan el derecho al voto por las mismas razones que los hombres; es decir, para defender sus intereses particulares, los intereses de sus hijos, los intereses de la Patria y de la humanidad. 

Los argumentos de Hermila no eran válidos en un mundo que estaba regido por los hombres, quienes históricamente poseían la autoridad. Proponer la inclusión de las mujeres en la vida política del país como ciudadanas plenas significaba no sólo un desafío, sino atentar contra el orden social establecido. Que Hermila enmarcara su petición en el contexto mundial, atendiendo a los acuerdos del décimo Congreso Internacional de Mujeres –en todos los países se otorgue a las mujeres el derecho de sufragio y de elegibilidad–, mostraba que era una mujer informada y sus propuestas estaban debidamente sustentadas. Veía en la revolución constitucionalista la posibilidad de lograr medidas reivindicativas en beneficio de las mujeres, y contar con el apoyo de algunos correligionarios como Salvador Alvarado, José D. Ramírez Garrido, Félix F. Palavicini y Venustiano Carranza, la alentó en su proyecto feminista. 

Las discusiones del segundo congreso, en relación con el tema del sufragio, concluyeron que la mujer podía votar, pero aún no ser votada. Al respecto, Porfiria Ávila, integrante de la comisión, señaló que a pesar de que su propuesta fue derrotada, se había caminado un buen trecho con respecto al primer congreso, cuando el asunto del voto provocó gran escándalo: no importa que no se le conceda el derecho de ser votada, seré perseverante, dijo. Así, los congresos feministas de 1916 fueron el foro que un grupo de profesoras tuvo para debatir ideas y propuestas. Aunque se asumieron feministas, la manera como lo entendían reveló posturas encontradas. Las moderadas apoyaban la dignificación de su papel de esposas y madres y buscaban ampliar los horizontes de participación en el espacio público mediante una mayor preparación intelectual: la educación como camino para lograr la emancipación. Las radicales exigían derechos políticos iguales a los hombres. Ambos congresos establecieron el diálogo de las mujeres con el Estado, buscando que sus demandas fueran tomadas en cuenta y se tradujesen en acciones concretas. 

Debate constituyente 

Al finalizar el segundo congreso, a partir del 1 de diciembre de 1916, el Congreso Constituyente inició trabajos en el teatro Iturbide de Querétaro para redactar la nueva Constitución del país, que sería promulgada el 5 de febrero de 1917. Se discutieron temas del interés de las mujeres como la educación, los derechos laborales y el sufragio femenino. En relación con el último se presentaron tres iniciativas: dos a favor, la de Hermila Galindo y la del general S. González Torres, y una en contra suscrita por Inés Malváez. La comisión la integraron Francisco J. Múgica, Enrique Colunga, Luis G. Monzón, Enrique Recio y Alberto Román. La iniciativa que presentó Hermila Galindo el 8 de diciembre de 1916 sintetiza sus ideas en torno a los derechos políticos de las mujeres, que había venido sosteniendo a través de escritos y en conferencias dictadas en distintos foros tanto nacionales como internacionales. Sobre el sufragio expresaba que no existía una razón fundamental para que la mujer no participara en la política de su país, cuando la igualdad completa ante la ley era un principio general de justicia. Al referirse a los argumentos de los opositores al voto, respecto a que las mujeres no tomaban las armas para defender a la patria, señalaba que había sido evidente la participación militar de las mujeres en la revolución constitucionalista y destacaba su activismo en tareas de propaganda. Sostuvo que la revolución de las ideas antecede y corre paralela a la lucha armada, y en esta las mujeres también expusieron su vida. Otro argumento de los adversarios se refería al papel del clero en el manejo de las conciencias femeninas, puesto que las mujeres eran fácilmente sugestionables y sus directores espirituales les indicarían por quién votar, ocasionando un retroceso en la lucha democrática. Señaló que las feministas habían luchado por que las mujeres tuvieran la misma ilustración que los hombres y el medio para adquirirla era ejercitando sus derechos ciudadanos. 

La propuesta de Hermila se centraba en el voto restringido, con el argumento de que no era lo mismo que lo ejercieran las mujeres ignorantes que las ilustradas. Sustentaba tal planteamiento en lo expresado por John Stuart Mill en el sentido de que sería perjudicial más que benéfico para una nación declarar derechos políticos por igual a la ignorancia que a la ilustración. Expresaba que el sufragio (activo y pasivo) lo debían ejercer las mujeres en forma gradual, empezando con las elecciones municipales. Al mismo tiempo reiteró que sería una grave anomalía que el constituyente dejara a la mujer en el mismo grado de infelicidad en el que se encontraba hasta entonces respecto a sus derechos políticos. Esperaba que la Asamblea decretara favorablemente el asunto del voto femenino (artículo 34° constitucional), pues lo consideraba de estricta justicia dado el activismo desplegado por las mujeres en la gran revolución social, a pesar de los riesgos implícitos. 

Por su parte, Inés Malváez envió una carta al constituyente manifestándose en contra del otorgamiento del sufragio femenino. Sus argumentos señalaban, primero, la falta de educación de las mujeres en los asuntos electorales y el peligro que significaba, dada la mentalidad religiosa de la mayoría, que el clero las manipulara al emitir su voto, lo que pondría en peligro la soberanía de la patria, los principios constitucionales y la misma revolución. Aunque sostenía que las mujeres debían tener los mismos derechos que los hombres, pensaba que no era conveniente otorgarles el voto, decía. Sin embargo, en tanto ciudadanas, las mujeres deberían expresar libremente sus ideas y opiniones políticas, derecho ganado por ellas en la lucha por darle a la patria una verdadera libertad. 

La iniciativa de Galindo para conseguir el voto en estricta justicia no prosperó. La comisión argumentó en contra la falta de preparación política de la mayoría, ya que sólo algunas mujeres excepcionales tenían las condiciones necesarias para ejercer ese derecho político, así que la conclusión fue que no debía concedérseles el voto como género. Insistió en señalar que la actividad de la mujer no había salido del círculo del hogar ni sus intereses estaban desvinculados de los varones de la familia y no sentían la necesidad de participar en los asuntos públicos como, en ese sentido, lo demostraba la falta de un movimiento colectivo. Agregaba que, por otra parte, los derechos políticos no se fundaban en la naturaleza del ser humano, sino en las funciones reguladoras que el Estado debía ejercer para que se mantuviera la coexistencia de los derechos naturales de todos. Los argumentos sostenidos por la teoría organicista, desde principios de siglo, daban sustento científico a la persistente desigualdad. El dictamen del artículo 34° se aprobó sin discusión alguna por el Congreso Constituyente el 26 de enero de 1917 y el texto que quedó fue prácticamente el mismo que el de la Constitución de 1857. Son ciudadanos de la República todos los que, teniendo la calidad de mexicanos reúnan, además, los siguientes requisitos: I. Haber cumplido 18 años siendo casados o si no lo son 21 años y II. Tener un modo honesto de vivir. El artículo 35° se refería a las prerrogativas del ciudadano, pero las mujeres no fueron reconocidas. 

Legitimación 

Las propuestas de Hermila y del grupo de colaboradoras no prosperaron en ese momento, pero sus escritos contribuyeron a legitimar la voz de las mujeres, sentando un precedente en las luchas posteriores, hasta transformar su palabra en autoridad pública. La negación del sufragio basada en el argumento de la incapacidad de las mujeres para el ejercicio ciudadano, no era válida. En un acto de desafío a la ley, Hermila Galindo aceptó la candidatura para diputada por el 5º distrito de la ciudad de México en 1917. Aun cuando resultó derrotada, su participación intentó hacer pública la exigencia del sufragio. 

Al final de la década revolucionaria tampoco prosperaron peticiones innovadoras como la escuela racionalista, la coeducación, la educación sexual, y una moral social igualitaria, demandas sostenidas por una minoría de mujeres de vanguardia que expresaron lo que pensaban del papel social que aspiraban a tener en la sociedad. La modificación del artículo 34° constitucional se conseguiría en el ámbito federal en el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, y fue publicada en el Diario Oficial el 17 de octubre de 1953, haciendo realidad para las mujeres la ciudadanía plena. 

PARA SABER MÁS.

• Rocha, Martha, Ana Lau Jaiven, Enriqueta Tuñón Pablos, “La mujer en la Revolución”, México, Proceso Bi-Centenario, núm. 3, junio de 2009. 

• Valles Ruiz, Rosa María, Sol de libertad. Hermila Galindo: Feminista, constitucionalista y primera censora legislativa en México, Durango, Instituto de Cultura del Estado de Durango, 2010. 

• Cruz, Ana, Las sufragistas, México, documental, 2012, 77 minutos. 

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