Diana Guillen Rodríguez
Instituto Mora
En revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 67.
Sin importar el color del partido político, la protección de los derechos de las mujeres no ha sido hasta ahora prioritaria para los gobiernos federales, a pesar de la creación de estructuras y marcos legales que deberían garantizarlos, dice la autora de este ensayo. Las vías institucionales y el activismo feminista deberían mancomunarse.
Casi un cuarto de siglo después de que las mexicanas dejasen de ser convidadas de piedra a la fiesta electoral y depositaran por primera vez su voto en las urnas en 1955 para elegir a los diputados federales de la XLIII Legislatura, el 1º de octubre de 1979 Griselda Álvarez Ponce de León rindió protesta como gobernadora de Colima. Sin regatear ni un gramo de los méritos individuales y de las luchas libradas en colectivo para conseguirlo, el que ello sucediera reflejó decisiones coyunturales tomadas en el seno partidario, por encima de la ruptura del monopolio masculino en la repartición de este tipo de cargos –conviene recordar que en ese entonces la única alternativa para contender con éxito por una gubernatura era que la postulación proviniera del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Tan es así que, a lo largo de los siguientes 25 años, el número de gobernadoras sólo ganó cinco posiciones. Con el paso del tiempo el panorama fue cambiando. En una suerte de juego cabalístico, otro 1º de octubre Claudia Sheinbaum Pardo se convirtió en la primera presidenta de México y en la actualidad, junto a ella, trece mujeres encabezan ejecutivos estatales (Ver recuadro). Si a tal escenario le sumamos que el principio de paridad de género para ocupar cargos de representación y asumir responsabilidades de alta jerarquía en los poderes Legislativo y Judicial parece haber llegado para quedarse, probablemente concluiremos que los espacios conquistados desde las distintas trincheras del feminismo institucional han rendido frutos.
¿Quiere esto decir que añejas prácticas machistas e igualmente longevos atavismos misóginos quedaron erradicados de las esferas pública y privada? De ninguna manera, muy lejos nos encontramos de ello. Atrás de la apertura de espacios institucionales con razón de género, perviven actitudes que día con día refrendan la profunda diferencia entre nacer siendo él o siendo ella. Sin embargo, soy de las que creen que aun reconociendo sus límites, los rasguños sobre un techo de cristal cuya dureza se equipara con la de cualquier diamante de alto kilataje, poco a poco terminarán por horadarlo. Ese es el horizonte que invita a seguir dando la batalla para ampliar los alcances de conquistas que alguna vez estuvieron fuera del mapa de lo posible. Cada cual decidirá si corresponde cantar y gritar en las calles o pelear posiciones estratégicas en círculos formales e informales de poder, finalmente es la combinación de ambas estrategias la que nos ha abierto espacios.
El INMUJERES
Desde la esfera gubernamental, al Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) le correspondería garantizar que la existencia de tales espacios se traduzca en cambios concretos para el accionar social. El decreto mediante el cual nació fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 2001 y, entre otras cosas, en él quedó definido su objetivo general: “Promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación igualitaria en la vida política, cultural, económica y social del país”.
Durante más de dos décadas, este organismo se ha esforzado para cumplir con las tareas que en tal sentido se le asignaron, pero la promoción y el fomento de transformaciones que cuestionan mentalidades y acciones enraizadas en el largo plazo, han sido hasta ahora insuficientes para equilibrar pisos a todas luces disparejos. Las deudas acumuladas contradicen la visión que el INMUJERES ofrece de sí mismo: “Somos la institución reconocida, a nivel nacional e internacional, para asegurar el pleno desarrollo de las mujeres, garantizando el ejercicio y el goce de sus derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los hombres”.
Sería injusto culpar a quienes lo han dirigido y/o a quienes toca hacerlo funcionar por una debilidad que a mi juicio tendría que rastrearse partiendo de su origen. Buena parte de sus (in)capacidades en términos de gestión pública están relacionadas con la compleja realidad que cobijó su creación y con otros factores que escapan a su alcance. La derrota del PRI en las elecciones presidenciales del 2000 se acompañó de aires democratizantes. Junto con la llegada del nuevo milenio, el tema de los derechos que el Estado debería garantizar a la ciudadanía se colocó en primer plano. Uno de los flancos que en tal sentido había que cubrir era el de la posición vulnerable que ocupaban las mujeres en el seno de la sociedad.
La agenda por adoptar formó parte del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006 y su joya de la corona fue el nacimiento del INMUJERES. Sin embargo, tras bambalinas había una contradicción de origen: las apuestas por la equidad de género entraban en conflicto con la manera de ver el mundo que hilvanaba a amplios sectores de la población mexicana. Es sintomático que quien desde la presidencia encabezó la creación del Instituto –Vicente Fox Quezada– escenificara el poco afortunado episodio en el que bromeó sobre el papel de la mujer como “la lavadora de dos patas” con la que contaba la mayoría del país y que posteriormente el punto de acuerdo para exigirle una disculpa pública presentado al pleno de la Cámara de Diputados por la Comisión de Equidad y Género, no fuera apoyado por unanimidad (297 votos a favor, 7 en contra y 15 abstenciones).
Más allá de las figuras que protagonizaron lo sucedido, los entretelones del acto nos hablan de una sociedad en las que los valores machistas seguían reproduciéndose y su normalización dejaba huella en el plano coloquial. El desliz presidencial y el posicionamiento de un sector del poder legislativo son inadmisibles, pero a la vez es fácil explicarlos si reconocemos que esa forma poco amable –por decirlo suavemente– de interpretar la posición que ocupan las mujeres en el entramado social, no era ajena a lo que, sin tapujos, algunas veces o en modalidad vergonzante otras tantas, pensaban –y me temo, siguen pensando– muchos ciudadanos de a pie.
A ello habría que agregar que la modernización institucional proderechos que enmarcó la creación del INMUJERES, fue impulsada por el Partido Acción Nacional (PAN) para cumplir con los compromisos adquiridos durante la contienda electoral, proceso al que se presentó como un proyecto que modificaría de raíz las bases sobre las que se habían erigido los 70 años de hegemonía priista. Asegurar el triunfo en las urnas pasaba por la necesidad de expandir su base social, lo que significó hacer concesiones que bordaban en la frontera de lo (no) negociable, entre ellas, la que implicó cuestionar los modelos tradicionales de familia y el acento depositado en las mujeres como reproductoras de los órdenes biológico y social.
A diferencia de lo sucedido en la ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal, donde el feminismo institucional había impulsado políticas afirmativas en alianza con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), los puentes entre los movimientos feministas y el pan eran más bien nulos. El panorama resultaba pues poco halagüeño y más bien existían elementos para pronosticar una tormenta perfecta: se había decretado la creación de un espacio institucional cuya pertinencia nadie se atrevía a cuestionar por la legitimidad de las demandas que buscaba atender, pero los consensos necesarios para que tanto en las esferas estatal como societal se empujara su fortalecimiento, estaban lejos de haberse construido.
En términos de diseño también se delineaban baches de carácter legal y administrativo, así como de operación política, que constreñían los alcances del INMUJERES para garantizar el ejercicio femenino de derechos y libertades. Al ser un organismo público descentralizado, le correspondía apoyar las tareas del Poder Ejecutivo federal, por lo que debía coordinar y concertar políticas con las entidades de la república, sin estar formalmente facultado para ejercer algún tipo de autoridad sobre ellas, situación sobre todo limitante cuando sus estrategias para impulsar la equidad de género no eran compartidas en el plano estatal.
Hacia el final del sexenio foxista 30 entidades contaban con Institutos, al tiempo que en Querétaro y Veracruz había un Consejo y un Programa. Sin duda el haber creado estos espacios representaba un paso hacia adelante, pero en su contra jugaban la heterogeneidad de las figuras jurídicas que cobijaban su actuación y los también diversos rangos de autonomía con los que contaban, así como sus incipientes márgenes de legitimidad ante sociedad y gobierno. Tampoco ayudaba la carencia de experiencia en la materia ni la escasez de los recursos de los que disponían.
Al enumerar los avances alcanzados durante su gestión, la funcionaria que presidió el Instituto durante su primer quinquenio de vida ––Patricia Espinoza Torres– aclaró que la tarea que se le había encomendado era un “proceso complejo y de largo aliento que no concluye en seis años”. Reconoció también la enorme dificultad de “romper con paradigmas culturales y sociales arraigados y extendidos en toda la sociedad”, pero expresó su confianza en que al amparo de la recién aprobada Ley general para la igualdad entre hombres y mujeres, de 2006, la institucionalidad, los programas y las acciones en curso serían favorecidas y ampliadas durante la siguiente administración.
El hecho es que tales transformaciones difícilmente iban a darse por decreto, de allí que ni esa, ni la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia aprobada algunos meses más tarde –2007– o la tipificación del feminicidio como un delito incorporado al Código Penal Federal –2012–, hayan logrado erradicar las situaciones de vulnerabilidad endémica a las que cotidianamente estamos sometidas las mujeres.
Quizá la evidencia más clara de ello sea la violencia física como instrumento para subyugarnos. Es una realidad que llevada al extremo sigue costando vidas y, por contraste, hace parecer peccata minuta otro tipo de inequidades contra las que igualmente hay que alzar la voz. Desde el núcleo familiar hasta los entornos educativo y laboral, pasando por las actividades sociales y políticas, se reproducen patrones de discriminación, de desigualdad de oportunidades, de cortapisas al ejercicio pleno de derechos y a la participación igualitaria en cada una de las arenas de convivencia social.
Puestas a elegir, seguramente nos inclinaremos por erradicar los crímenes con razón de género, así como las violencias física y mental que los alimentan, pero la verdad es que todas las manifestaciones de trato diferenciado ¿por que constriñen nuestro pleno desarrollo deberían desaparecer. Que a partir de 2001 se asumiera la responsabilidad institucional de trabajar en esa dirección significó, a pesar de los diversos asegunes aquí planteados, la apertura de un espacio valioso. Potenciarlo desde la esfera social implica reconocer esto último y exigir que las transformaciones que allí tendrían que detonarse lleguen a buen puerto.
Implica también revisar el diseño de sus funciones y objetivos en relación con las atribuciones y recursos de que dispone. ¿Habrá voluntad política para hacerlo? Sólo el tiempo lo dirá. En algún momento se pensó que con el triunfo del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en las elecciones del 2018 y el giro a la izquierda que ello significó, la balanza se alinearía en favor de las causas feministas. No ha sido así y la continuidad con cambio que el mismo proyecto ofrece de cara al futuro, genera dudas sobre dónde se colocarán los acentos de las permanencias y mudanzas por venir.
Otro sexenio
Por primera vez en la historia una mujer dirige las riendas de la nación, pero eso no significa que, más allá del plano discursivo, en automático la equidad de género se convierta en algo prioritario para las acciones de gobierno. De ser el caso, tampoco hay claridad sobre el sentido en el que va a entenderse. Por lo pronto, la estafeta que Claudia Sheinbaum recibió trae como herencia el distanciamiento presidencial con buena parte de los movimientos feministas.
Bajo la égida morenista las demandas para ampliar derechos, incluidos los relacionados con la perspectiva de género, fueron recurrentemente desestimadas al considerarlas un espejo de humo construido por el neoliberalismo. Además, se tomaron decisiones de política pública que poco abonaron para construir puentes que acortaran dicha distancia, empezando por la insistencia en no separar la violencia en contra de las mujeres de la que afecta a toda la población y optando por retirar el apoyo tanto a los refugios para atender a sus víctimas, como a guarderías y estancias infantiles que, particularmente en entornos marcados por la necesidad económica, facilitaban la incorporación de las madres trabajadoras al mundo laboral.
Por lo que al INMUJERES se refiere, un botón de muestra de su nivel de importancia para el Ejecutivo federal fue el tiempo que transcurrió antes de nombrar a una nueva titular del organismo. Es cierto que el retraso no fue del todo atribuible al presidente, el quid del embrollo hay que buscarlo una vez más en los cabos sueltos, en este caso quizá sea mejor hablar de apretados nudos, de un diseño institucional planeado para que la mayoría de la Junta de Gobierno del Instituto quedara en manos de quienes representaban a la sociedad civil.
La idea era generar un contrapeso que restara fuerza a la representación gubernamental, de allí que las dos administraciones panistas –2000 a 2006 y 2006 a 2012–y la priista –2012 a 2018– tuvieran que cabildear las candidaturas que presentaron a la Junta. Dado que una de las atribuciones de esta última es proponer las ternas con base en las cuales se elige a la persona que encabezará el Instituto, al inicio del sexenio morenista –2018 a 2024– se ejerció la cuota de poder de allí emana: la representación de la sociedad civil se abstuvo de ratificar la propuesta que presentó al pleno la Secretaría de Gobernación, y, en medio de dimes y diretes por parte de distintas vertientes del feminismo institucional, el INMUJERES permaneció acéfalo más de un año.
En suma, sin importar el color del partido que hubiese triunfado en las urnas, la protección de los derechos de las mujeres no ha sido hasta ahora prioritaria a pesar de haberse creado estructuras y marcos legales que deberían garantizarlos. Existen razones para reclamar a los distintos órganos de gobierno y a los sistemas judiciales por la pervivencia de inequidades con razón de género, o, dicho en otras palabras, por la incapacidad estatal para frenar los abusos que tal disparidad conlleva.
¿Vale entonces la pena romper una lanza por institucionalizar políticas que combatan esta situación? Como suele suceder con dilemas cuya salida tienden a pensarse en blanco o negro, las respuestas apuntan en direcciones encontradas, de hecho, los debates al respecto han proliferado en América Latina desde la década de los años 90 del siglo pasado. Por mi parte, me sumo a las voces que apuestan por la conquista de espacios en todos los nichos posibles, incluidas las esferas de decisión pública.
¿Con ello basta? Reitero lo expresado al inicio, de ninguna manera, pero tampoco es desdeñable que a diferencia del pasado ahora el Estado oficialice su obligación de garantizar nuestros derechos, ni que las puertas de acceso a cargos con potencial para impulsar transformaciones se hayan ido abriendo de manera paulatina. A diferencia de quienes consideran que la vía institucional se contrapone a otro tipo de activismos feministas, a mi juicio la combinación de ambas formas de empujar cambios potencia las alternativas de eventualmente conseguirlos. En el entendido que aún falta un buen tramo por andar, que así sea.
Recuadro Mujeres al frente de gubernaturas 2025
|
Teresa Jiménez |
Aguascalientes |
|
Marina del Pilar Ávila |
Baja California |
| Delfina Gómez |
Estado de México |
|
Layda Sansores |
Campeche |
| Indira Vizcaíno |
Colima |
| María Eugenia Campos |
Chihuahua |
|
Evelyn Salgado |
Guerrero |
| Lorena Cuéllar |
Tlaxcala |
|
Mara Lezama |
Quintana Roo |
| Clara Brugada* |
Ciudad de México |
|
Libia García |
Guanajuato |
| Margarita González |
Morelos |
|
Rocío Nahle |
Veracruz |
*Por tratarse de la capital del país, en lugar de gubernatura es jefatura de gobierno
PARA SABER MÁS
Cerva Cerna, Daniela, “La protesta feminista en México. La misoginia en el discurso institucional y en las redes sociodigitales”, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 2020, en https://goo.su/oMeU9
Freidenberg, Flavia (ed.), La Representación Política de las Mujeres en México, México, Instituto Nacional Electoral/Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2017.
Guillén, Diana, “¿Democratizar la democracia por la vía institucional? La creación del Inmujeres y la persistencia de violencias de género en México”, Expectativas democráticas e instituciones en disputa, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2022, pp. 133-156.
Tarrés, María Luisa, “Nuevos nudos y desafíos en las prácticas feministas: los Institutos de las Mujeres en México”, Enfoques, 2006, en https://goo.su/YrtYKsS