{"id":8614,"date":"2018-02-16T14:35:45","date_gmt":"2018-02-16T20:35:45","guid":{"rendered":"http:\/\/revistabicentenario.com.mx\/?p=8614"},"modified":"2024-07-08T14:17:01","modified_gmt":"2024-07-08T20:17:01","slug":"el-juicio-de-amparo-y-la-dignidad-humana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/revistabicentenario.com.mx\/index.php\/archivos\/el-juicio-de-amparo-y-la-dignidad-humana\/","title":{"rendered":"El juicio de amparo y la dignidad humana"},"content":{"rendered":"

Carlos de Jes\u00fas Becerril Hern\u00e1ndez<\/strong>
\nUniversidad Anahuac M\u00e9xico<\/strong><\/p>\n

En revista BiCentenario. El ayer y hoy de M\u00e9xico<\/em>, n\u00fam. 37.<\/span><\/strong><\/h3>\n

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Uno de los legados dejados por Mariano Otero hasta nuestros d\u00edas es este instrumento jur\u00eddico que protege los derechos fundamentales de cualquier ciudadano frente a posibles abusos de una autoridad. Ha sido promovido ante las detenciones arbitrarias o los cobros excesivos de impuestos, por la xenofobia o en defensa de una p\u00e9rdida patrimonial. Lo solicitaron las compa\u00f1\u00edas petroleras para oponerse a la expropiaci\u00f3n llevada a cabo por L\u00e1zaro C\u00e1rdenas y en fechas cercanas quienes han reclamado por el matrimonio igualitario. Es uno de los recursos legales m\u00e1s utilizados y que le dan confianza al poder judicial.<\/span><\/h2>\n

\u00a0<\/span><\/h3>\n

\"Informe<\/a><\/p>\n

E<\/strong>l juicio de amparo contempor\u00e1neo es producto de la modernizaci\u00f3n jur\u00eddica liberal decimon\u00f3nica mexicana. El pol\u00edtico y jurista yucateco Manuel Crescencio Rej\u00f3n (1799-1849) es considerado como su creador, al menos en el \u00e1mbito local, al lograr su inclusi\u00f3n en los art\u00edculos 8, 9 y 62 fracci\u00f3n I de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Yucat\u00e1n de 1841. En 1842, Esteban Valay y otros individuos, presos en la c\u00e1rcel de Campeche por sospecha de complicidad en la desaparici\u00f3n del bergant\u00edn de guerra El Yucateco, invocaron exitosamente los anteriores numerales en contra del debido proceso seguido en su detenci\u00f3n por una autoridad que los reos acusaron de \u201cincompetente\u201d, constituy\u00e9ndose as\u00ed el primer antecedente local del juicio de amparo, conocido como \u201camparo Valayai\u201d.<\/p>\n

Sin embargo, la federalizaci\u00f3n se llev\u00f3 a cabo por conducto del jurista jalisciense Mariano Otero (1817-1850) en el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847 que, adem\u00e1s de restablecer el sistema federal consagrado en la Constituci\u00f3n de 1824, se\u00f1al\u00f3 de manera expresa en su art\u00edculo 25 que los Tribunales de la Federaci\u00f3n estar\u00edan facultados para amparar<\/p>\n

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a cualquier habitante de la Rep\u00fablica en el ejercicio y conservaci\u00f3n de los derechos que le concedan esta Constituci\u00f3n y las leyes constitucionales, contra todo ataque de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ya de la Federaci\u00f3n, ya de los Estados; limit\u00e1ndose dichos tribunales a impartir su protecci\u00f3n en el caso particular sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaraci\u00f3n general respecto a la ley o acto que lo motivare.<\/p>\n<\/blockquote>\n

De hecho, el que la sentencia de amparo s\u00f3lo tenga efectos sobre la persona que lo ha solicitado y llevado a tr\u00e1mite es conocido como principio de relatividad de las sentencias o \u201cf\u00f3rmula Otero\u201d, en honor a su creador Mariano Otero.<\/p>\n

La primera sentencia de amparo federal dictada por escrito data del 13 de agosto de 1849, emitida por el juez de distrito suplente en San Luis Potos\u00ed e interpuesta por Manuel Ver\u00e1stegui para evitar su destierro de dicho estado. A esta sentencia se le conoce tambi\u00e9n como \u201camparo Ver\u00e1stegui\u201d. Sin embargo, el primer juicio de amparo llevado a buen puerto, sin sentencia escrita de por medio, lo sustanci\u00f3 el editor Vicente G. Torres en 1847, por la aprehensi\u00f3n que en su persona ejecut\u00f3 el general en jefe del Ej\u00e9rcito de Oriente.<\/p>\n

A partir de entonces, y hasta nuestros d\u00edas, los gobernados han recurrido al poder judicial de la federaci\u00f3n en busca del \u201camparo y protecci\u00f3n de la Justicia de la Uni\u00f3n\u201d en contra de toda violaci\u00f3n a sus derechos fundamentales propios de cada \u00e9poca.<\/p>\n

As\u00ed, en el siglo XIX acudieron a \u00e9l diversos sectores sociales: en forma de sociedades agrarias, los extintos pueblos de indios lo interpusieron para evitar la desamortizaci\u00f3n de sus propiedades; ciudadanos de a pie en contra de detenciones arbitrarias hechas sin el debido proceso constitucional; contribuyentes buscando evitar el pago de impuestos desproporcionados e inequitativos, o para oponerse a los procedimientos de cobro; campesinos para evitar la leva, tan com\u00fan debido a los diversos conflictos b\u00e9licos; e, incluso, por parte de rivales pol\u00edticos ca\u00eddos en desgracia, como fue el caso de Dolores Quezada, viuda de Juan Nepomuceno Almonte para evitar la confiscaci\u00f3n de los bienes heredados de su marido que hab\u00eda participado abiertamente como funcionario de primer orden durante el segundo imperio.<\/p>\n

En el siglo XX, fue por medio del juicio de amparo promovido el 25 de agosto de 1917, por Jos\u00e9 Antonio G. Rivera, mediante el cual la Suprema Corte de Justicia (en adelante SCJN) declar\u00f3 que entre la Constituci\u00f3n de 1917 y la de 1857 \u201cno existe ning\u00fan lazo de uni\u00f3n\u201d, estableciendo la primera un nuevo sistema jur\u00eddico todav\u00eda vigente en M\u00e9xico; la xenofobia tambi\u00e9n fue combatida por v\u00eda de amparo, como cuando algunos ciudadanos de origen chino lo interpusieron en contra de la Ley 31 de 1923, expedida por el estado de Sonora, que les prohib\u00eda a los individuos varones de \u201craza china\u201d celebrar matrimonio con mujeres mexicanas; tambi\u00e9n sirvi\u00f3 para acabar con los \u00faltimos resquicios de la legislaci\u00f3n novohispana, como fue el amparo interpuesto por los descendientes del emperador Moctezuma en contra de un decreto del gobierno federal de 6 de enero de 1935 que suspend\u00eda el pago de las pensiones que recib\u00edan desde 1521; tambi\u00e9n fue el juicio de amparo el instrumento del que se sirvi\u00f3 el gobierno de L\u00e1zaro C\u00e1rdenas para concretar la expropiaci\u00f3n petrolera, pues una vez efectuada esta, las compa\u00f1\u00edas afectadas lo interpusieron, tachando de confiscatorio, y por lo tanto prohibido por la Constituci\u00f3n, el decreto del 18 de marzo de 1938. En la sentencia de amparo, la SCJN sostuvo que el decreto en cuesti\u00f3n se hab\u00eda fundado en la \u201cutilidad p\u00fablica\u201d y con indemnizaci\u00f3n de por medio, se trataba precisamente de una expropiaci\u00f3n y no de una confiscaci\u00f3n.<\/p>\n

Durante las primeras dos d\u00e9cadas del siglo XXI, el juicio de amparo ha tenido una funci\u00f3n de protecci\u00f3n de los derechos humanos fundamentales generalmente reconocidos por los pa\u00edses que aspiran a ser denominados \u201cdemocr\u00e1ticos\u201d. Ah\u00ed radica precisamente la importancia de este instrumento jur\u00eddico cuya federalizaci\u00f3n fue producto de la habilidad pol\u00edtica y s\u00f3lidos conocimientos jur\u00eddicos de Mariano Otero. Los siguientes p\u00e1rrafos se dedicar\u00e1n precisamente a destacar la vigencia del amparo en el siglo XXI, pues a trav\u00e9s de \u00e9l se ha protegido la dignidad humana, derecho humano fundamental que en el sistema jur\u00eddico mexicano es mejor conocido como \u201clibre desarrollo de la personalidad\u201d.<\/p>\n

Matrimonio igualitario<\/h2>\n

Entre los aspectos que comprende el libre desarrollo de la personalidad destacan:<\/p>\n

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el de todo individuo a elegir en forma libre y aut\u00f3noma su proyecto de vida; la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacci\u00f3n ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etc\u00e9tera; y la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y cu\u00e1ntos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia personal; su profesi\u00f3n o actividad laboral, as\u00ed como la libre opci\u00f3n sexual, en tanto todos estos aspectos son parte de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, s\u00f3lo a ella corresponde decidir aut\u00f3nomamente.<\/p>\n<\/blockquote>\n

Con base en esta definici\u00f3n, el 6 de enero de 2009 la SCJN declar\u00f3 que la reasignaci\u00f3n sexual forma parte de los derechos que comprenden al libre desarrollo de la personalidad, libre desarrollo de la personalidad, en tanto es una expresi\u00f3n de la individualidad de la persona.<\/p>\n

No s\u00f3lo eso, mediante sentencia de amparo que, tras diversas reiteraciones, se convirti\u00f3 en jurisprudencia el 19 de junio de 2015 y, por ende, se considera de aplicaci\u00f3n obligatoria a partir del lunes 22 de junio de 2015, la Scjn declar\u00f3 que no existe raz\u00f3n de \u00edndole constitucional para no reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. De hecho, afirma la SCJN:<\/p>\n

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la raz\u00f3n por la cual las parejas del mismo sexo no han gozado de la misma protecci\u00f3n que las parejas heterosexuales no es por descuido del \u00f3rgano legislativo, sino por el legado de severos prejuicios que han existido tradicionalmente en su contra y por la discriminaci\u00f3n hist\u00f3rica.<\/p>\n<\/blockquote>\n

El tema pas\u00f3 a ser completamente jur\u00eddico cuando se estableci\u00f3 que m\u00e1s all\u00e1 de los beneficios tradicionales que adquieren las parejas que acceden a la instituci\u00f3n jur\u00eddica del matrimonio, existen muchos otros de car\u00e1cter econ\u00f3mico y social, entre los que destacan: 1. Beneficios fiscales; 2. Beneficios de solidaridad; 3. Beneficios por causa de muerte de uno de los c\u00f3nyuges; 4. Beneficios de propiedad; 5. Beneficios en la toma subrogada de decisiones m\u00e9dicas, y 6. Beneficios migratorios para los c\u00f3nyuges extranjeros.<\/p>\n

Negar los beneficios, tangibles e intangibles, que las parejas del mismo sexo adquirir\u00edan por medio del matrimonio, era convertirlos en \u201cciudadanos de segunda clase\u201d, lo cual la SCJN no compart\u00eda ni quer\u00eda hacer. \u00bfCu\u00e1l fue la respuesta ante la exigencia de un sector de la sociedad que ped\u00eda una figura an\u00e1loga al matrimonio, pero con nombre distinto, para las personas del mismo sexo? La Corte fue todav\u00eda m\u00e1s contundente, estableciendo en la jurisprudencia en comento que dicha alternativa era inherentemente discriminatoria<\/em> porque constituye un r\u00e9gimen de \u201cseparados pero iguales\u201d. Por lo tanto, la exclusi\u00f3n de las parejas del mismo sexo de la instituci\u00f3n matrimonial perpet\u00faa la noci\u00f3n de que las parejas del mismo sexo son menos merecedoras de reconocimiento que las heterosexuales, ofendiendo con ello su dignidad como personas e integridad.<\/p>\n

Lo anterior inclu\u00eda tambi\u00e9n la adopci\u00f3n de menores de edad por parte de matrimonios entre personas del mismo sexo. De esta forma, el poder judicial de la federaci\u00f3n, por medio del juicio de amparo, se constituy\u00f3 en un garante de los derechos humanos de todos los mexicanos, sin importar si pertenec\u00edan a una mayor\u00eda o minor\u00eda pol\u00edtica o social.<\/p>\n

Dicho criterio jurisprudencial, de aplicaci\u00f3n general, dio una salida jur\u00eddica a la pol\u00e9mica social, pero lejos est\u00e1 de haber arreglado el problema en general. Lo anterior debido a que, una de las caracter\u00edsticas del juicio de amparo es que no tiene efectos generales, es decir, s\u00f3lo es aplicable a los quejosos que interponen el juicio y son beneficiados por la sentencia de amparo. En todos los dem\u00e1s casos, se sigue aplicado la legislaci\u00f3n vigente por muy inconstitucional que haya sido declarada en una sentencia de amparo. Esto ha sido objeto de controversia en los \u00faltimos meses, sobre todo desde la propuesta presidencial de reforma que abogaba por introducir en la Constituci\u00f3n el derecho al matrimonio libre entre personas, sin distinci\u00f3n de g\u00e9nero, mayores de edad. En tanto, la soluci\u00f3n, inequitativa, pero al menos viable, es acudir al registro civil, pedir matrimonio y en caso de que sea negado por tratarse de personas del mismo g\u00e9nero, acudir a un juzgado federal en busca de un amparo civil, una vez con la sentencia que concede el amparo, se regresa al registro civil original y la autoridad debe realizar el matrimonio so riesgo de sanciones administrativas y penales.<\/p>\n

Sin embargo, desde las sentencias de amparo y la jurisprudencia, la SCJN tambi\u00e9n ha declarado que la definici\u00f3n legal de matrimonio que contenga la procreaci\u00f3n como finalidad de este, vulnera los principios de igualdad y no discriminaci\u00f3n; que las normas civiles que definen a la instituci\u00f3n del matrimonio como la que se celebra entre un solo hombre y una sola mujer, contienen una distinci\u00f3n con base en una categor\u00eda sospechosa; que las normas civiles que impiden el matrimonio entre personas del mismo sexo, provocan una doble discriminaci\u00f3n, al privar a las parejas homosexuales de los beneficios materiales y expresivos que se obtienen con dicha instituci\u00f3n, y que los matrimonios entre personas del mismo sexo tienen derecho a ser considerados para realizar la adopci\u00f3n en igualdad de condiciones que los matrimonios entre personas heterosexuales.<\/p>\n

Ahora bien, en un mundo globalizado, en donde las redes sociales hacen que el intercambio de informaci\u00f3n se realice de manera casi inmediata, \u00bfC\u00f3mo proteger los derechos b\u00e1sicos que constituyen la dignidad humana? Fue tambi\u00e9n por medio de sentencia de amparo, de diciembre de 2009, donde la SCJN declar\u00f3 que entre los derechos personal\u00edsimos \u201cse encuentran necesariamente comprendidos el derecho a la intimidad y a la propia imagen, as\u00ed como a la identidad personal y sexual\u201d. No importa que en ciertos espacios sociales no haya quedado del todo claro que cualquier ser humano tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad, sino que el Estado mexicano protege \u201cla decisi\u00f3n sobre la publicidad o informaci\u00f3n de datos relativos a su persona, familia, pensamientos o sentimientos\u201d. Lo anterior equivale a se\u00f1alar que el derecho a la propia imagen nos permite compartir o no cierta informaci\u00f3n con terceros que consideramos de car\u00e1cter personal.<\/p>\n

Aunado a lo anterior, el 22 de octubre de 2014 la SCJN declar\u00f3 que el divorcio sin expresi\u00f3n de causa constituye tambi\u00e9n una forma de expresar el libre desarrollo de la personalidad. Es decir, la voluntad de uno de los c\u00f3nyuges de no seguir vinculado con el otro no debe estar supeditada a explicaci\u00f3n alguna, la mera manifestaci\u00f3n de voluntad de no querer continuar con el matrimonio es suficiente para su disoluci\u00f3n.<\/p>\n

Consumo l\u00fadico de la marihuana<\/h2>\n

Herramienta de usos m\u00faltiples, el juicio de amparo tambi\u00e9n puede ser utilizado para combatir restricciones \u201cinjustificadas\u201d. El caso del consumo individual de la marihuana constituye un ejemplo de lo anterior. En el amparo en revisi\u00f3n 23\/2014, los quejosos Josefina Rica\u00f1o Bandala, Armando Santacruz Gonz\u00e1lez, Jos\u00e9 Pablo Girault Ruiz, Juan Francisco Torres Landa Ruffo y la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante A.C., argumentaron que los art\u00edculos 235, \u00faltimo p\u00e1rrafo, 237, 245, fracci\u00f3n i, 247, \u00faltimo p\u00e1rrafo, y 248 de la Ley General de Salud, que tienen que ver con la producci\u00f3n, uso y autoconsumo del estupefaciente \u201ccannabis\u201d y el psicotr\u00f3pico \u201cTHC\u201d, en conjunto conocidos como \u201cmarihuana\u201d, establecen una pol\u00edtica prohibicionista que limita indebida e injustificadamente los derechos fundamentales a la identidad personal, propia imagen, libre desarrollo de la personalidad y autodeterminaci\u00f3n, todos en relaci\u00f3n con el principio de dignidad humana. A decir de los quejosos, la prohibici\u00f3n del consumo de marihuana implica la supresi\u00f3n de conductas que confieren al individuo una diferencia espec\u00edfica de acuerdo a su singularidad, restricci\u00f3n que no se encuentra justificada ya que la imposici\u00f3n de un est\u00e1ndar \u00fanico de vida saludable no es admisible en un Estado liberal que basa su existencia en el reconocimiento de la singularidad e independencia humana.<\/p>\n

De hecho, los quejosos y, durante la discusi\u00f3n del caso, la propia SCJN, recurrieron a expertos que se\u00f1alaron que no existen pruebas que demuestren que el consumo personal de la marihuana constituya un da\u00f1o irreversible en la salud de los consumidores, por lo que la prohibici\u00f3n est\u00e1 basada en \u201cvaloraciones morales y no en estudios cient\u00edficos, revelando que el Estado no ha actuado con neutralidad \u00e9tica\u201d. El asunto fue resuelto a favor de los quejosos y no sent\u00f3 jurisprudencia. \u00danicamente los beneficiarios de este amparo pueden obtener marihuana para su consumo l\u00fadico personal.<\/p>\n

Derechos Humanos<\/h2>\n

Concebido como un instrumento del liberalismo jur\u00eddico decimon\u00f3nico para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos mexicanos, el juicio de amparo ha representado un recurso al que han recurrido diversos sectores sociales para obtener una aplicaci\u00f3n de la norma acorde con los principios contenidos en la Constituci\u00f3n. En diversos momentos, el amparo ha representado el medio de control constitucional por excelencia dentro de la estructura jur\u00eddica mexicana, abarcando temas tan diversos como la materia civil, penal, administrativa y laboral. Sin embargo, la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 le dio un \u201csegundo aire\u201d, convirti\u00e9ndolo en uno de los recursos m\u00e1s socorridos, contribuyendo as\u00ed a hacer del poder judicial uno de los m\u00e1s confiables, seg\u00fan diversos par\u00e1metros de medici\u00f3n.<\/p>\n

El camino por recorrer para hacer de la ley un instrumento realmente operativo es largo, pero en estos primeros 100 a\u00f1os de la promulgaci\u00f3n y puesta en vigor de la Constituci\u00f3n de 1917, es posible afirmar que, con sus matices, sigue cumpliendo con su funci\u00f3n de c\u00f3digo pol\u00edtico que contiene las decisiones fundamentales que en ese aspecto garantiza el Estado mexicano y que el juicio de amparo, a 170 a\u00f1os de su federalizaci\u00f3n por conducto de Mariano Otero, sigue siendo el principal instrumento operativo para llevarlas a la pr\u00e1ctica.<\/p>\n

Para saber m\u00e1s<\/h3>\n