Tejiendo la Independencia. El proyecto trigarante de 1821

Revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 53.

Eduardo A. Orozco Piñón
Facultad de Filosofía y Letras – UNAM

La promulgación del acuerdo independentista del 24 de febrero de 1821 tiene detrás una estrategia encabezada por Agustín de Iturbide, quien tres meses antes fuera enviado por el virrey a Acapulco a pacificar la zona. Iturbide buscó apoyos militares en las provincias del centro del país para luego ocupar la capital, y aunque sólo obtuvo la adhesión de Vicente Guerrero, echó a andar su proyecto político de un imperio mexicano libre e independiente.

Solemne y pacífica entrada del ejército de las tres garantías en la capital de México, el día 27 de septiembre del memorable año de 1821, óleo sobre tela, ca. 1822, Museo Nacional de Historia. Secretaría de Cultura-INAH-MEX. Reproducción autorizada por el INAH.

El periodo de consumación de la independencia es uno de los más incomprendidos de la historia nacional. Los actores de este proceso, así como sus motivaciones y objetivos, se nos presentan turbios, comparados con los personajes que iniciaron la gesta libertadora. Incluso, los orígenes de esta rebelión son prácticamente desconocidos por haber sido tergiversados al abordarse con prejuicios alejados de la comprensión histórica. Muchas veces a la trigarancia se la ha calificado, sin miramientos, de conservadora, reaccionaria y contrarrevolucionaria; por ello, conviene repensar, a 200 años de distancia, la coyuntura de 1821. Con ese objetivo, las siguientes líneas pretenden ofrecer un panorama general de la compleja, pero fascinante, época en que surgieron el Plan de Iguala y el ejército de las tres garantías, para así entender que el proyecto de independencia se concibió como respuesta a un mundo atlántico interconectado. De igual manera, se busca mostrar el impacto del proyecto político del movimiento trigarante en la vida nacional, pues fue un parteaguas en la manera de hacer política durante el siglo xix.

España en ambos hemisferios

A partir de 1820, el mundo hispánico se vio sacudido en su centro por un vértigo revolucionario. El 1 de enero de aquel año en la localidad de Cabezas de San Juan, Sevilla, los comandantes Rafael de Riego y Antonio Quiroga se pronunciaron en contra del absolutismo de Fernando VII y a favor de la restauración del régimen constitucional suprimido desde 1814. La rebelión se expandió gracias al apoyo de otras provincias españolas, alcanzando su objetivo en sólo tres meses: las Cortes volvieron a sesionar en Madrid. El nuevo gobierno constitucional tuvo que hacer frente a las guerras de emancipación que consumían al continente americano. Fue por ello que enfocó sus labores en ofrecer una legislación supuestamente acorde con las demandas americanas para, por la vía pacífica y legal, acabar con las guerras civiles.

            Sin embargo, la radicalidad de las nuevas leyes provocó agitación y descontento entre la población de Nueva España, donde los decretos que suprimieron algunos privilegios eclesiásticos fueron mal recibidos e interpretados como un atentado en contra de la “santa religión”. Además, otras leyes encaminadas a establecer una sociedad más igualitaria, como la abolición de los fueros militares o el fin de la exención de impuestos, encontraron la resistencia de las corporaciones afectadas. Ante el desalentador panorama, las Cortes convocaron a diputados americanos para discutir los problemas que aquejaban a sus respectivas regiones. Con entusiasmo se eligió a los representantes del “nuevo mundo”, pero la algarabía se desvaneció durante las sesiones legislativas, al hacerse patente que los prejuicios de tres siglos de dominio colonial impedirían a los americanos contar siquiera con una representación proporcional a la europea. Manuel Gómez Pedraza, uno de los diputados electos, expresó desde Madrid que “los liberales de la península lo eran para sí, y no para los americanos”. Ante la inutilidad de las Cortes, este diputado dejó de asistir a las sesiones.

            De todo esto se desprende que, para mediados de 1820, las autoridades y los sectores acaudalados de Nueva España recelaban del gobierno constitucional, cuyo proyecto era el de una profunda reforma política. El descontento provocó, supuestamente, la mítica “conspiración de La Profesa”, donde se habría planeado la independencia para mantener los privilegios previos al gobierno de las Cortes; sin embargo, dentro de la muy abundante documentación de la época no existe indicio alguno que confirme o niegue tajantemente la existencia de dicha conspiración, de lo cual se desprenden dos posibilidades: o nunca existieron dichas reuniones, o por ser exitosas no dejaron ningún rastro. Aunque es cierto que estos sectores, en su mayoría europeos, no gustaron del sistema liberal de la península porque debilitó el poder que obtuvieron en los años del absolutismo, al presentarse la oportunidad apoyaron la separación de ambos reinos. De lo que sí queda constancia es que durante 1820 todos los sectores sociales hablaban de la independencia. La idea ya no sonaba tan descabellada como en la década anterior. Incluso entre la cúpula militar del virreinato –que había combatido durante diez años a las muy diversas insurgencias– se aceptaba que el debate sobre la “cuestión americana” ya no giraba en torno a si se debía o no ser independiente, sino sobre la manera de cómo realizar dicho proyecto. Conforme terminaba el año 1820, quedó claro que las soluciones a los problemas americanos, como la todavía latente guerra civil, no podían llegar de afuera, pues la metrópoli al otro lado del océano poco entendía del “sentir nacional”.

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