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Justicia privada

Darío Fritz.

En revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 37.

maria del pilar moreno  juicio

María del Pilar Moreno escoltada por policías durante un juicio, 1922,  inv. 3242. Secretaría de Cultura.INAH-MEX.

Ensimismada y hasta relajada, pensando en lo que fue o lo que puede llegar a ser, desentendida del presente de miradas y ubicada en el centro de atención, cargando un velo luctuoso que quizá asuma la muerte por partida doble, sola como tantas mujeres suelen quedar ante el infortunio o la valentía de sus actos, y por lo mismo incomprendidas, es una adolescente apenas, con 16 años, pero que observada por la multitud de hombres, y unas pocas mujeres, a su espalda, con admiración y temor, atracción y respeto, en la elocuencia del silencio, responde con el garbo de tantas que como ella, en diferentes épocas y lugares, dejan azorada a la audiencia. Mujeres que nunca pasaron desapercibidas ni por el destello de una mirada o la inteligencia de sus reflexiones y proezas. En aquella vista fija en un horizonte indescifrable no hay altivez ni derrota, sino un sano equilibrio de quien se sabe segura y consciente de ser ella misma. Podría levantar la vista y recibir miradas y dedos índices acusadores, sin expresar el menor atisbo de culpa o sumisión. El drama no la absorbe, la seguridad está en sus pies y manos entrelazados. Podría entrar a correr la filmación de una cámara de cine, levantarse y pararse frente al auditorio, que tan solo dejaría escuchar un murmullo, o, en todo caso, se podría esperar una tempestad de aplausos. Hay carácter y madurez en el gesto impasible como en el cuerpo relajado acomodado en la silla de madera. La tenue lejanía del resto en una circunferencia imaginaria de tan solo uno o dos metros le dan un aura de fortaleza y feminidad incuestionable. Se pudo haber sacrificado, pero no fue en vano. Lo que hizo, así lo quiso y decidió. Los instantes de felicidad o de sufrimiento ella los determinó. Creyó en sus fuerzas y no esperó a las frases aprobatorias o negativas de otros. María del Pilar Moreno a sus 14 años había matado de varios disparos al diputado Francisco Tejada Llorca, en venganza porque este asesinó a su padre, Jesus Moreno, también legislador, y el fuero lo protegía de ir a la cárcel. Franca, imperativa, moralista, racional y emotiva, de un amor desgarrador por su padre, puso de relieve la necesidad de la igualdad de género y hasta fue inspiradora de otras historias similares de mujeres. Durante su defensa se ganó el apoyo del público y la prensa, respaldada también en una autobiografía escrita durante el juicio. Un jurado la absolvió en 1924. Y ya luego no se supo más de ella.

El juicio de amparo y la dignidad humana

Carlos de Jesús Becerril Hernández
Universidad Anahuac México

En revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 37.

Uno de los legados dejados por Mariano Otero hasta nuestros días es este instrumento jurídico que protege los derechos fundamentales de cualquier ciudadano frente a posibles abusos de una autoridad. Ha sido promovido ante las detenciones arbitrarias o los cobros excesivos de impuestos, por la xenofobia o en defensa de una pérdida patrimonial. Lo solicitaron las compañías petroleras para oponerse a la expropiación llevada a cabo por Lázaro Cárdenas y en fechas cercanas quienes han reclamado por el matrimonio igualitario. Es uno de los recursos legales más utilizados y que le dan confianza al poder judicial.

 

Informe Anual del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

El juicio de amparo contemporáneo es producto de la modernización jurídica liberal decimonónica mexicana. El político y jurista yucateco Manuel Crescencio Rejón (1799-1849) es considerado como su creador, al menos en el ámbito local, al lograr su inclusión en los artículos 8, 9 y 62 fracción I de la Constitución Política de Yucatán de 1841. En 1842, Esteban Valay y otros individuos, presos en la cárcel de Campeche por sospecha de complicidad en la desaparición del bergantín de guerra El Yucateco, invocaron exitosamente los anteriores numerales en contra del debido proceso seguido en su detención por una autoridad que los reos acusaron de “incompetente”, constituyéndose así el primer antecedente local del juicio de amparo, conocido como “amparo Valayai”.

Sin embargo, la federalización se llevó a cabo por conducto del jurista jalisciense Mariano Otero (1817-1850) en el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847 que, además de restablecer el sistema federal consagrado en la Constitución de 1824, señaló de manera expresa en su artículo 25 que los Tribunales de la Federación estarían facultados para amparar

 

a cualquier habitante de la República en el ejercicio y conservación de los derechos que le concedan esta Constitución y las leyes constitucionales, contra todo ataque de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ya de la Federación, ya de los Estados; limitándose dichos tribunales a impartir su protección en el caso particular sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto a la ley o acto que lo motivare.

De hecho, el que la sentencia de amparo sólo tenga efectos sobre la persona que lo ha solicitado y llevado a trámite es conocido como principio de relatividad de las sentencias o “fórmula Otero”, en honor a su creador Mariano Otero.

La primera sentencia de amparo federal dictada por escrito data del 13 de agosto de 1849, emitida por el juez de distrito suplente en San Luis Potosí e interpuesta por Manuel Verástegui para evitar su destierro de dicho estado. A esta sentencia se le conoce también como “amparo Verástegui”. Sin embargo, el primer juicio de amparo llevado a buen puerto, sin sentencia escrita de por medio, lo sustanció el editor Vicente G. Torres en 1847, por la aprehensión que en su persona ejecutó el general en jefe del Ejército de Oriente.

A partir de entonces, y hasta nuestros días, los gobernados han recurrido al poder judicial de la federación en busca del “amparo y protección de la Justicia de la Unión” en contra de toda violación a sus derechos fundamentales propios de cada época.

Así, en el siglo XIX acudieron a él diversos sectores sociales: en forma de sociedades agrarias, los extintos pueblos de indios lo interpusieron para evitar la desamortización de sus propiedades; ciudadanos de a pie en contra de detenciones arbitrarias hechas sin el debido proceso constitucional; contribuyentes buscando evitar el pago de impuestos desproporcionados e inequitativos, o para oponerse a los procedimientos de cobro; campesinos para evitar la leva, tan común debido a los diversos conflictos bélicos; e, incluso, por parte de rivales políticos caídos en desgracia, como fue el caso de Dolores Quezada, viuda de Juan Nepomuceno Almonte para evitar la confiscación de los bienes heredados de su marido que había participado abiertamente como funcionario de primer orden durante el segundo imperio.

 

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