El asistencialismo del segundo imperio para las viudas mexicanas

Ángela León Garduño
Instituto Mora

En revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 41.

Una mujer de familia rica que perdía a su marido joven a mediados del siglo XIX era seguro que pudiera sobrevivir. Pero para la mayoría de las mujeres pobres implicaba profundizar sus carencias. La búsqueda de apoyos de estas viudas desamparadas encontró en el régimen de Maximiliano algunos paliativos.

Los Mexicanos Pintados por sí mismos pp.226

En plena influencia de los Chicago Boys, la dictadura militar de Augusto Pinochet impuso al pueblo chileno en 1980 el Sistema Individual de Retiro. Este modelo, aún vigente, sustituyó al Estado como administrador de los ahorros de millones de personas, a través de instancias privadas llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Si bien se argumentó que la contribución de los trabajadores al Estado sería más eficiente al sustituir su papel por las AFP, siendo que estas captarían un porcentaje del salario de forma individual y aumentarían su rendimiento a partir de la inversión, el paso del tiempo demostró la incompatibilidad entre la forma operativa de las empresas y el manejo de los fondos de ahorro para el retiro.

En México, donde dicho sistema se estableció hacia 1990 con el nombre de Afores (Administradoras de Fondos para el Retiro), sus resultados siguen siendo tema de confrontación. Sin embargo, el problema se replica, aunque con diferencias, en países europeos como España, donde recientemente se realizó una gran manifestación para denunciar los intentos del gobierno de privatizar las pensiones y recortar su financiamiento público. Así, desde hace más de diez años, organismos internacionales como la cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) han alertado sobre lo que consideran un problema mundial para los trabajadores y las finanzas públicas. Advierten que la capacidad financiera de los Estados para subsidiar el sistema de seguridad social está siendo rebasada. Pero también señalan que el monto que los ciudadanos reciben por su jubilación, viudez o incapacidad, mediante entidades privadas, se ha vuelto insuficiente para cubrir necesidades básicas.

Aunque no pueden hacerse comparaciones con el sistema de ayuda social del siglo XIX, es interesante constatar que se trata de una problemática histórica que pocos a lo largo de los siglos, la idea de una supuesta incapacidad del género femenino para valerse por sí mismo fundamentó el dictamen de normas cuyo contenido buscaba limitar sus derechos y controlar su comportamiento. Así, durante el periodo colonial y la primera mitad del siglo XIX, las mujeres generalmente mantuvieron una relación de subordinación cimentada en una base legal y de tradición. Por ello, se administraban sus propiedades, se les prohibía adoptar conductas “indecentes” y se obstaculizaban sus posibilidades para ocupar cargos de gobierno.

A pesar de su situación, la mayoría de las mujeres se enfrentó a circunstancias que las dirigieron hacia otras opciones de vida, como la incorporación al mundo del trabajo y la administración de pequeños y grandes negocios. Además, el grado de dominación que se ejercía sobre ellas era determinado por su estado civil y condición socio económica, por lo cual las solteras, casadas y viudas recibían un trato distinto.

En el contexto colonial y durante el siglo XIX, las viudas fueron quienes aparentemente gozaron de mayor autonomía al quedar al margen de la autoridad patriarcal y ganar honorabilidad, pero, con excepción de quienes vivían de sus herencias o la ayuda de un pariente rico, las mujeres solas debían enfrentarse a constantes adversidades. Muchas veces ello significó buscar asilo en casas de recogimiento, depender de sus hijos o familiares, trabajar toda una vida como empleadas domésticas, costureras, lavanderas o cocineras y, en casos desesperados, ejercer la prostitución. En este contexto, recibir una pensión constituía un golpe de suerte para aliviar ciertas necesidades, pero en ese tiempo, como ahora, esta clase de transferencias económicas se limitaban a atender grupos muy específicos de la sociedad, desprotegiendo a la mayoría de quienes laboraban en sectores informales.

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