Ayotzinapa. Un caso simbólico, no aislado.

Jacques Coste Cacho
Facultad de Estudios Globales, Universidad Anáhuac México

En revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 36.

En un país donde las investigaciones de las procuradurías de justicia son deficientes, la tortura es parte de los procesos de búsqueda de información y donde reina la impunidad porque la mayoría de los crímenes se quedan sin sancionar, la desaparición forzada de 43 estudiantes en septiembre de 2014 ha sido un reflejo más de las permanentes violaciones a derechos humanos que aún y con una reforma legal promulgada en 2011 para erradicarlas, no se aplica.

CIDH Visita a Ayotzinapa (640x427)

2011 fue un año paradigmático en la conforma­ción del orden jurídico mexicano, al promul­garse una reforma legal basada en el respeto y la protección de los derechos humanos. Sin embargo, en la noche del 26 al 27 de septiem­bre de 2014 ocurrirían una serie de sucesos que han puesto en relieve la falla en la aplicación de dicha reforma legal.

En esa noche fueron desaparecidos 43 es­tudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Esto ocurrió en Igua­la, Guerrero, donde los estudiantes de dicha institución salieron a realizar actividades de boteo y de toma de autobuses con el fin de recaudar fondos para diversas actividades re­lacionadas con manifestaciones encaminadas a conmemorar la masacre de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968.

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Según la Procuraduría General de la Re­pública (PGR), en ese entonces encabezada por Jesús Murillo Karam, los normalistas fueron capturados y entregados por policías muni­cipales de Iguala y de Cocula a miembros del cártel Guerreros Unidos y estos dieron muerte e incineraron los cuerpos de los estudiantes en el basurero de Cocula, reduciéndolos a cenizas y por ende haciendo prácticamente imposible el reconocimiento de sus restos por medio de pruebas de ADN. Así, la Procuraduría dio carpetazo a este caso, ya que estableció esta hipótesis, basada en una investigación pobre, como “verdad histórica”, lo cual dejó insatis­fechos a los padres y familiares de los norma­listas (que también son víctimas, por ser un caso de desaparición forzada) e inconforme a la sociedad civil.

Es por esto que el Grupo Interdiscipli­nario de Expertos Independientes (GIEI) fue nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar los hechos acaecidos en Iguala y para elaborar recomendaciones al Estado mexicano respecto a la investigación del caso. El mandato del GIEI en México terminó en 2016 y su investigación desmintió la “verdad histórica”, aunque coinci­dió en cuanto a la participación en los hechos de policías municipales y de Guerreros Unidos. Además, reveló que hubo diversas irregulari­dades en la investigación realizada por la PGR, por ejemplo: tardanza inexplicable en las ta­reas indagatorias, manipulación de evidencias, testimonios obtenidos por medio de tortura y que no se llevaron a cabo peritajes que confir­maran las declaraciones de los testigos inte­rrogados. Cabe subrayar que la investigación del GIEI fue obstaculizada repetidamente por las autoridades mexicanas, tanto municipales, como estatales, e incluso federales.

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El GIEI también aportó elementos impor­tantes a la investigación del caso. Quizá lo más relevante fue que los expertos de la CIDH con­firmaran que policías estatales y federales, así como miembros del ejército estaban al tanto de lo que sucedía en Iguala esa noche y no hicieron nada para evitarlo; además de que, según el GIEI, los militares presentes en la zona pudieron haber participado directamente en la persecución y detención de los normalistas que iban a bordo de los autobuses. Es decir, el ejército mexicano desempeñó un papel clave en el Caso Ayotzinapa, ya que participó en los hechos, ya sea por acción o por aquiescen­cia: si fuera por acción, los militares habrían apoyado a los policías municipales de Iguala y de Cocula para detener a los normalistas; si fuera por aquiescencia, los miembros del ejército habrían estado enterados de la situa­ción y no habrían hecho nada para proteger las vidas de los estudiantes.

Si bien los expertos llegaron a hipótesis posibles de lo que ocurrió en Iguala, ninguna de ellas tiene evidencia suficiente para com­probarse o descartarse por completo. Así, dos años y medio después de los sucesos, aún no se sabe qué fue lo que ocurrió con los 43, ni dónde están los cuerpos de los normalistas, además de que las víctimas (los familiares de los estudiantes) no han recibido una repara­ción integral por parte del Estado mexicano.

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